Montevideo — El exfiscal de Corte uruguayo y exjuez de Crimen Organizado, Jorge Díaz, dijo este jueves durante un coloquio en Montevideo que a Uruguay lo separa “un océano” de los estándares anticorrupción sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Si comparamos la enorme diferencia entre los estándares de la OCDE y la normativa anticorrupción uruguaya, nos vamos a encontrar que hay algo así como un océano. Por lo tanto, Uruguay está muy pero muy lejos de los estándares internacionales en materia anticorrupción. Es un dato de la realidad”, dijo Díaz durante un evento organizado por Brum-Costa Abogados, un estudio local de referencia en prevención de lavado.
“No quiero hacer ningún tipo de crítica política, pero han pasado varios gobiernos y nadie se ha preocupado por ajustar esa normativa”, añadió. La exposición de Díaz estuvo basada en cómo prevenir el fraude interno en empresas y organizaciones, aunque antes de profundizar en ese asunto habló sobre la situación general de Uruguay.
Díaz estuvo durante nueve años al frente de la Fiscalía General de la Nación en Uruguay, puesto que dejó el año pasado para trabajar en la actividad privada, cuando se incorporó al estudio Brum-Costa. Antes había estado al frente de juzgados de Crimen Organizado y en materia penal, entre otros.
En el evento también estuvo el presidente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak. El funcionario, un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que queda “mucho trabajo por delante para estar relativamente bien posicionados” para la próxima ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). La ronda comenzará en 2024, pero todavía no hay fecha para la de Uruguay.
El supervisor de fiscalización de Senaclaft, Gustavo Misa, dijo a su turno que existen “determinadas debilidades” que son “bastante preocupantes”. “Hemos encontrado que muy pocos de los sujetos obligados del sector no financiero realizan el análisis de riesgo del cliente y de la operación. Ese dato no es menor”, afirmó. También dijo que es común no realizar las búsquedas en listas o fuentes abiertas sobre los antecedentes de una persona, como marca la normativa.
El avance del crimen organizado en Brasil y Argentina
En tanto, el asesor externo de la secretaria uruguaya antilavado, Alejandro Motesdeoca, señaló que la expansión del crimen organizado en Brasil y en Argentina encendía luces de alerta adicionales en Uruguay, por la potencialidad del desarrollo de redes de negocios ilícitos cada vez más al sur.
“Nuestro entorno va a ser peor todavía. La situación de la criminalidad organizada en Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil... A ver, la triple frontera está bajando por la hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, y está bajando por la frontera seca. Con todos los problemas: delincuencia organizada, narcotráfico, incluso cometiendo delitos. Entonces ese problema está”, afirmó.
El experto también señaló que Gafi requiere aspectos “que no se pueden cumplir” y eso representa un “gran desafío” para los países. “Estamos entre la espada y la pared ante la seria dificultad de cumplir, y por otro lado el riesgo de entrar en la lista porque no se cumplen”, dijo.
Como consignó El País, durante una comparecencia ante el Parlamento en junio, Montesdeoca había señalado que Uruguay tuvo un cumplimiento “moderado” de los aspectos evaluados por Gafilat en la última ronda, con lo que evitó ingresar a una “lista gris”. Sin embargo, indicó el experto, todavía queda camino por recorrer.
Debate por la LUC: “El sector no financiero está desmovilizado”
El exsecretario nacional antilvado durante el gobierno del Frente Amplio, Daniel Espinosa, dijo que Uruguay debe avanzar en detectar “casos proactivos”, más allá de alertas que surjan en el exterior.
Espinosa fue crítico con cambios que introdujo el gobierno de Luis Lacalle Pou a través de la Ley de Urgente Consideración. Por un lado, cuestionó la habilitación a sujetos no financieros para aplicar la debida diligencia simplificada cuando la operación se realice usando medios electrónicos como transferencias bancarias, siempre que no se presenten factores de alto riesgo. Por otro lado, apuntó a que se amplió hasta unos US$100.000 el pago en efectivo de todo negocio u operación.
“Lo que noto es que el sector no financiero está desmovilizado. Y que el tema del lavado no tiene la importancia que debería tener para estos sectores si queremos tener un sistema equilibrado, donde no solo trabaje el sistema financiero”, sostuvo el extitular antilavado.
Misa, actual supervisor de fiscalización de Senaclaft y que compartió panel con Espinosa, defendió las modificaciones y dijo que todavía no pasó un tiempo prudencial para saber si el impacto del cambio fue significativo en el sistema de detección de casos. El funcionario dijo que hay una presunción de riesgo bajo cuando el dinero parte de fuentes bancarizadas.
