Bogotá — El operador de 45 zonas francas en Colombia hizo un nuevo llamado urgente al Gobierno y al Congreso para que revisen el articulado de ponencia de la reforma tributaria al considerar que se pretende imponer cuotas exportadoras que están fuera de la posibilidades.
“Están por fuera de las posibilidades reales de la industria colombiana en el corto plazo y muy por encima de los parámetros y estándares de la economía mundial”, alertó la Zona Franca de Bogotá.
El operador señaló que si bien se han mantenido diálogos con el Gobierno, “el texto radicado no refleja el sentir de las conversaciones”.
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Por lo anterior, señaló que en las zonas francas que opera hay más de 43.000 empleos amenazados y un tejido empresarial conformado por más de 400 pymes que estarían en riesgo.
“No existe ningún antecedente, en ningún renglón de la economía diferente al minero-energético, con un indicador de exportación que haya llegado al 60% o 80% del total de las ventas y tenga crecimientos exponenciales anuales de 10 puntos porcentuales”, señaló.
El texto de la reforma tributaria señala que la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20%.
El umbral no podrá ser superior al 40% de los ingresos netos totales para el año gravable 2024, 30% para el año gravable 2025 y 20% a partir del año gravable 2026.
“En caso de que superen dicho umbral por 3 años consecutivos, perderían su calificación como tal y por lo tanto los beneficios de zona franca. Para las zonas francas costa afuera y sus usuarios operadores la tarifa se mantendría en 20%, sin sujetarse a los umbrales mencionados”, explica la firma de auditoría EY.
Desde la Zona Franca de Bogotá solicitaron al Congreso “modificar lo relacionado con la imposición de umbrales para ventas nacionales”.
Asimismo, piden revisar la extinción del régimen aduanero de las zonas francas “por no alcanzar las metas exorbitantes planteadas que son contraproducentes para alcanzar dicho objetivo”.
Con este panorama, los pedidos del sector se centran en garantizar la seguridad jurídica de los actuales inversionistas y la continuidad de las zonas francas con infraestructura social que, por su naturaleza, “no tienen vocación exportadora directa y que necesitan del instrumento para ser viables, tales como las zonas francas de la salud, los puertos, las termoeléctricas, las refinerías, los data center y los usuarios de logística”.
Y como ha sido su insistencia demandan también que “se eliminen los umbrales y se extienda la transitoriedad y apliquen criterios de progresividad con períodos mucho más amplios y razonables, acorde con la exigencia que ahora se plantea de conquistar una mayor participación de mercados internacionales”.
