Bloomberg — Los miles de documentos incautados en la casa de Florida del expresidente de EE.UU., Donald Trump, incluían una mezcla de asuntos gubernamentales, empresariales y personales, entre ellos un análisis sobre quién debería obtener un indulto, notas de llamadas marcadas con un sello presidencial, acuerdos de contratación de abogados y contadores, y facturas legales. Esto según registros recién revelados creados por los investigadores federales.
Las listas de los materiales incautados se adjuntaron a un informe del Departamento de Justicia desvelado el 30 de agosto. Un juez había ordenado que los registros se mantuvieran en secreto, pero al parecer se publicaron por error en el expediente judicial. Ya no son visibles públicamente.
Los registros fueron creados por un “equipo de revisión” que dividió el material potencialmente privilegiado en dos categorías. El primer grupo, de 137 páginas, consistía en su mayoría en registros gubernamentales, documentos públicos o comunicaciones de partes externas. Un documento de 39 páginas titulado “Las llamadas del Presidente” presentaba notas manuscritas y el sello presidencial en la esquina superior izquierda.
La segunda lista describía los documentos que el equipo de filtrado creía que debían devolverse a Trump, incluyendo una “carta médica” a un doctor y una amplia gama de materiales que hacían referencia a los numerosos enredos legales de Trump a lo largo de los años.
Trump ha arremetido contra la incautación de los documentos en sus mítines y en sus redes sociales, calificando el registro del FBI de redada ilegal. El martes pidió a la Corte Suprema de EE.UU. que permitiera a un maestro especial revisar 100 documentos con marcas clasificadas que fueron tomados por el FBI.
Un tribunal de apelación había dictaminado que esos documentos no necesitaban ser revisados y que podían ser utilizados por el Departamento de Justicia en una investigación penal sobre si los registros del gobierno o la información clasificada fueron mal manejados.
En su informe del 30 de agosto, que incluía los registros, el Departamento de Justicia explicó al juez cómo el equipo de revisión de privilegios realizó la búsqueda inicial en Mar-a-Lago. El equipo se encargó de señalar los documentos que podrían estar amparados por el privilegio abogado-cliente, por ejemplo, los registros que hacían referencia a los abogados o al trabajo jurídico.
Esos registros se apartaron y se mantuvieron separados de los abogados del Departamento de Justicia y de los agentes del FBI que gestionaban la investigación penal. El equipo de filtrado identificó 520 páginas (de lo que los abogados de Trump han dicho que es una colección de 200.000 páginas incautadas) que justificaban una mirada más cercana, pero más tarde determinó que muy pocas de ellas podrían caer bajo cualquier privilegio legal.
Entre los aparentes registros gubernamentales descritos por el equipo de filtrado había un correo electrónico entre la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional sobre la liberación en 2019 de John Walker Lindh, un estadounidense condenado por apoyar al Talibán.
El registro muestra elementos titulados “Borrador de la iniciativa de inmigración de 2019″, “Para revisión del presidente” y “Acción ejecutiva para frenar la inmigración ilegal”. Había un “análisis interno” y paquetes de materiales relacionados con solicitudes de indultos presidenciales y conmutación de penas. Algunos de los documentos relacionados con la clemencia se refieren a iniciales, mientras que otros se refieren a nombres completos de personas que terminaron recibiendo clemencia de Trump, como el exgobernador de Illinois Rod Blagojevich.
El documento titulado “Las llamadas del presidente” incluía una nota que decía: “Mensaje de Rudy”, pero no estaba claro si era una referencia al aliado de Trump Rudy Giuliani. Había una carta sin firmar de junio de 2017 de uno de los bufetes de abogados de Trump al exconsejero especial Robert Mueller, el contenido de una carpeta marcada como “Cartas NARA” (un acrónimo de la Administración Nacional de Archivos y Registros) y correos electrónicos a una cuenta de la Casa Blanca sobre las acciones legales posteriores a las elecciones.
Entre las 383 páginas que fueron marcadas para ser devueltas al ex presidente había formularios del IRS y otros documentos relacionados con los impuestos, facturas por trabajos legales y contratos de retención de abogados, un acuerdo entre una entidad de golf de Trump y el PGA Tour, un acuerdo que involucra a su grupo de medios de comunicación posterior a la presidencia, una comunicación sobre la renuncia de Trump al Screen Actors Guild, y un acuerdo de no divulgación y un contrato relacionado con el comité de acción política Save America de Trump.
El Departamento de Justicia no logró convencer a un juez de Florida de que el proceso de filtrado significaba que no era necesario que un maestro especial externo revisara los documentos, por lo que las 520 páginas forman ahora parte de la revisión del juez superior de distrito de EE.UU. Raymond Dearie.
El trabajo de Dearie está en marcha, pero el martes se avisó a las partes de que se iba a aplazar la audiencia prevista para el 6 de octubre. El juez no fijó una nueva fecha.
Los abogados de Trump y un portavoz del Departamento de Justicia no devolvieron las solicitudes de comentarios.
El caso es Trump contra EE.UU., 9:22-cv-81294, Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida (West Palm Beach).
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