Bloomberg — Donald Trump ha pedido la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso de incautación de documentos del gobierno en su residencia de Mar-a-Lago, pidiéndole a los magistrados que permitan que un tercero neutral designado por la corte examine un centenar de documentos clasificados.
La maniobra agudiza una situación que de por sí era un escenario inédito, ya que el DOJ (por sus siglas en inglés) está investigando si el expresidente o sus colaboradores se apropiaron ilícitamente de archivos gubernamentales confidenciales cuando él dejó la presidencia y obstaculizaron los múltiples esfuerzos que se hicieron para recuperarlos.
Una corte federal de apelaciones frenó parcialmente en el mes de septiembre una orden dictada por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, que designó a un tercero neutral para examinar unos 11.000 documentos obtenidos en durante el allanamiento en agosto.
El expresidente Trump alegó que “cualquier obstáculo a la evaluación integral y transparente de los documentos confiscados en el allanamiento extraordinario de la residencia de un presidente socava la fe pública en nuestro ordenamiento jurídico”, en una solicitud interpuesta ante el juez Clarence Thomas, designado para ocuparse de los temas de emergencia del estado de Florida.
En su orden del 21 de septiembre, el panel de tres jueces dijo que “no puede discernir por qué el demandante tendría un interés individual o necesitaría cualquiera de los cien documentos con marcas de clasificación”. El panel estuvo compuesto por dos jueces designados por Trump y uno por el expresidente Barack Obama.
Los abogados de Trump repitieron las afirmaciones que hicieron en los tribunales inferiores de que Trump, como presidente en funciones, tenía amplia autoridad para desclasificar documentos. De nuevo se abstuvieron de declarar abiertamente que eso fue lo que sucedió con los documentos de Mar-a-Lago.
La corte de apelaciones rechazó las sugerencias de que Trump había desclasificado los documentos.
“El argumento de la desclasificación es una pista falsa porque desclasificar un documento oficial no cambiaría su contenido ni lo haría personal”, dijo el panel. “Entonces, incluso si asumiéramos que el demandante desclasificó algunos o todos los documentos, eso no explicaría por qué tiene un interés personal en ellos”.
La jueza Cannon había impedido que los investigadores federales usaran los documentos con marcas clasificadas en la investigación criminal mientras el tercero neutral hacía su revisión. El Departamento de Justicia también impugnó esa orden judicial y la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU. se puso del lado del gobierno, permitiéndoles reanudar el uso de esos documentos. Los abogados de Trump dejaron en claro que no impugnarían esa parte de la decisión de la corte de apelaciones.
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