Bogotá — Colombia se focalizó más en rescatar a las grandes compañías que en impulsar programas sociales para su gente durante la crisis del coronavirus, lo que se evidencia en la proporción de recursos que asignó el Gobierno para cada una de las necesidades, de acuerdo a un informe de la Coalición de Transparencia Financiera (FTC).
El informe de esta red de oenegés da cuenta de los desequilibrios en la asignación de ayudas durante la crisis del coronavirus en los países en desarrollo, entre los cuales se cuenta Colombia, en donde la pandemia deja hasta ahora un saldo de más de 142.000 muertos.
FTC tiene en cuenta cuatro categorías respecto a la composición del financiamiento para la recuperación de los países emergentes frente a la crisis del Covid-19, cuyos primeros casos se conocieron a finales de 2019 en un mercado de la ciudad china de Wuhan.
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Las categorías que se tuvieron en cuenta fueron el gasto público en protección social, los fondos que benefician a las grandes corporaciones, los destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y los enfocados en el sector informal.
El reporte da cuenta de que los 21 países en desarrollo incluidos en este informe destinaron US$370.000 millones en fondos dirigidos a las grandes empresas o casi el 40% de los recursos asignados para el rescate.
Esta cifra contrasta con los recursos asignados por los países del G20 de ingresos altos, que de acuerdo a los cálculos de FTC destinaron solo el 28,4% de las ayudas para respaldar a las grandes corporaciones.
“A menudo, los préstamos concedidos a las empresas no se revelan en términos de beneficiarios, lo que sugiere que la cantidad gastada en las grandes compañías es mayor que nuestras propias estimaciones”, señaló FTC.
Los mayores apoyos a las grandes corporaciones entre los países en desarrollo se otorgaron en Zambia (95,48% de las ayudas) y en Uganda (86,99%).
De los países sudamericanos incluidos en el informe de la Coalición de Transparencia Financiera (FTC), Colombia fue el que más ingresos otorgó para el salvamento de empresas (49,68%), seguido por Ecuador (39,18%), Argentina (35,58%), Brasil (35,04%) y Chile (28,08%).
De la totalidad de la ayuda, calculada durante la crisis en unos US$15.500 millones en Colombia, un 9,03% se destinó a protección social; un 26,45% a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y un 14,84% al sector informal.
Y en Centroamérica se tiene que las mayores ayudas a empresas se dieron en Nicaragua (86,54%), El Salvador (18,13%), Honduras (4,92) y Guatemala (2,72).
Durante la pandemia, la Administración de Iván Duque puso en marcha varias ayudas a las empresas como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), equivalente a $350.000 por empleado para el pago de nóminas de empresas afectadas por el Covid-19.
“En el caso de Colombia también se produjo una gran expansión de los préstamos puestos a disposición de las mipymes”, destacó FTC al referirse a la transferencias que se hicieron al Fondo Nacional de Garantías (FNG) para dicho fin.
Y aunque no llegó a concretarse, otras iniciativas como la de salvar a la aerolínea Avianca con un préstamo de hasta US$370 millones generó polémica en el país, puesto que la hermana del entonces presidente, María Paula Duque, ejercía en ese entonces como vicepresidenta de Relaciones Estratégicas de esa compañía.
Del lado de las personas, la iniciativa bandera durante la pandemia fue el Programa Ingreso Solidario, un apoyo económico para los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no son beneficiarios de otros subsidios estatales.
Teniendo en cuenta estos resultados globales, desde Coalición de Transparencia Financiera exhortan a los países para que se “corrija el camino de la recuperación hacia uno favorable a las personas”, al mismo tiempo que hizo un llamado a la solidaridad internacional para aliviar la carga de la deuda a través de la reestructuración de la misma para los países que lo requieren.
“Pedimos que se apliquen sin demora los impuestos extraordinarios sobre el exceso de beneficios de las empresas y los impuestos sobre el patrimonio de los más ricos, y que se distribuyan los ingresos de estos impuestos entre los más afectados por las crisis, especialmente las mujeres y las personas marginadas, para que puedan recuperarse de la crisis, que para ellos, es más larga y profunda. A largo plazo, esto debería conducir a reformas fiscales progresivas, que se destinen a reconstruir los servicios públicos y el contrato social más amplio dentro de los países para alcanzar al menos el objetivo del 10% del PIB”, remata el informe.
