Bogotá — Desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ya se contabiliza la entrega de 7.500 hectáreas de predios rurales para apoyar la reforma agraria que lidera el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Agricultura y que, como ha dicho la jefe de esta cartera, Cecilia López, inicia con la titulación de 681.372 hectáreas de tierra que beneficiarán a campesinos, indígenas y afrodescendientes.
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“Hemos iniciado varias mesas de trabajo con entidades de la Nación que nos permitan lograr el propósito de entrega de predios, particularmente, con la Agencia Nacional de Tierras, con quienes ya estamos avanzando en una agenda para entregar 7.500 hectáreas de predios rurales en la vía de aportar, desde nuestra entidad, a los propósitos de la reforma rural del Gobierno Nacional”, dijo Daniel Rojas, presidente de esta Sociedad, en entrevista con Bloomberg Línea.
Para ello se trabaja en la consolidación y actualización del inventario que tiene hoy la entidad, por lo que se han adelantado reuniones con la Fiscalía General de la Nación, específicamente con la delegatura contra las finanzas criminales, porque lo que se busca es que haya una interoperabilidad entre los registros de ambas entidades.
También en ese objetivo Rojas comentó que la SAE “tiene 12.900 hectáreas sobre las cuales habrá un desistimiento por parte de la Agencia Nacional de Tierras porque todavía hay aspectos de viabilidad técnica que están en curso, y puede ser más expedito que nosotros hagamos esos exámenes sobre usos del suelo; también estamos trabajando con la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria). Una vez tengamos caracterizadas estas tierras, procederemos a hacer esas entregas”.
A lo que agregó que se está trabajando con la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) en dos proyectos productivos, uno en Palmira y otro en Fusagasugá. Aquí el objetivo es empezar a entregar predios en octubre. No obstante, el presidente de la SAE resaltó que la entidad que dirige no está llamada a hacer la reforma rural porque no es su misionalidad y que lo que representan es una cuota inicial en ese propósito.
Para llevar a cabo esos procesos de entrega se está trabajando igualmente con el SENA y con Finagro para brindar asistencia técnica y apoyo crediticio y lograr así misiones económicas que promuevan la asociatividad campesina, juvenil y de mujeres. “Y que los proyectos productivos que allí emerjan puedan no solo tener sostenibilidad en el tiempo, sino que garanticen que la SAE, en su misión de generar sus propios ingresos, tenga liquidez”.
En su opinión, la Sociedad que encontró estaba enfocada en la generación de utilidades y de valor y, aunque eso no va a cambiar, sí se priorizará la búsqueda de utilidad social. “Tenemos toda la disponibilidad de articularnos en proyectos productivos porque esa es la especial característica que tienen los activos que administramos. Alianzas público-populares con un carácter productivo”.
¿Se entregarán bienes extintos o en proceso de extinción?
Aunque inicialmente los bienes y predios que se entregarán son los extintos, es decir los que ya culminaron su etapa judicial y quedaron en manos del Estado, el objetivo de la SAE es disponer también de los bienes que continúan en ese proceso de extinción de dominio. “Hoy en día existen mecanismos para poder disponer de los bienes que están en proceso, vamos a utilizar todas esas medidas que la Ley y el marco jurídico colombiano establecen”.
Entre los extintos, que solo representan el 13% del inventario total de la entidad, está la llamada ‘joya de la corona’: Drogas La Rebaja, que después de 20 años tuvo sentencia favorable para el Estado y que es uno de los casos exitosos de administración: pasó de 400 establecimientos de comercio a inaugurar el número 1.000 recientemente.
Al preguntarle a Rojas qué se hará con esta sociedad, indicó que “creamos una mesa técnica para no solo tener la radiografía puntual de esa firma, de lo que significa para la SAE, para los propósitos del Gobierno y para los trabajadores, sino para revisar todas las posibilidades de administración y concurrencia para acoplarse al objetivo de la Presidencia de la República”.
En cuanto a la problemática de la ocupación irregular, dijo que tienen la particularidad de poder fungir como policía administrativa, “la instrucción del Ejecutivo es que el Estado pueda tener un espejo a nivel nacional de lo que en Bogotá llamamos gestores de convivencia, para que sea el diálogo la primera medida que tengamos de cara a ese tratamiento con los ocupantes irregulares”.
Y para el caso de los predios rurales, explicó que habría que verificar si esos ocupantes son sujetos de derecho de reforma agraria porque, de ser así, deberían ser los primeros en adquirir esa potestad de producción.
