Santiago — La reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gabriel Boric dio un primer paso en el Congreso esta semana, al ser aprobada en la Comisión de Hacienda la idea de ser legislada por ocho votos a favor frente a cinco en contra. “Lo que estamos tratando de hacer es dar un paso importante en términos de protección social en Chile financiando con recursos permanentes, provenientes de los sectores más ricos de la población. Eso es esta reforma tributaria”, dijo el ministro Mario Marcel, en una conferencia de prensa el lunes, luego de la votación en el Legislativo.
El proyecto, presentado por el Ejecutivo en julio, apenas empieza su tránsito por el Congreso, instancia que será determinante para definir su rumbo. El presidente Boric y su equipo económico aspiran recaudar el equivalente a un 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar casi la mitad del programa gubernamental, una meta “ambiciosa” y al mismo tiempo “factible”, según el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Chile presentado en Santiago.
Jens Arnold, economista de la OCDE para Argentina, Chile y Colombia, habló esta semana con Bloomberg Línea sobre el proyecto impulsado por el Gobierno chileno para modificar el sistema tributario. “La propuesta es razonable y ahora hay que crear un consenso para que se implemente”, dijo.
Esta entrevista, realizada el lunes en Santiago de Chile, fue editada por motivos de claridad y extensión:
Bloomberg Línea: Su último estudio dice que la recaudación del 21% del PIB es insuficiente para hacer mejoras considerables en protección social y servicios públicos en Chile. ¿Cuánto se necesita?
Jens Arnold: Nosotros partimos de la observación de que hay una fuerte demanda social por mejores servicios públicos y nuestro análisis resalta esto, que hay lagunas en términos de protección, que hay posibilidades de mejorar el desempeño y la calidad de los servicios de educación y salud.
Todo esto nos lleva a un cuadro donde aumentar la recaudación es una precondición para lograr mejoras, porque esto costará dinero y ahí vemos que Chile, con un recaudo del 21% del PIB, está por debajo del promedio de la OCDE e inclusive de América Latina.
La propuesta de Gobierno, el borrador que se mandó al Congreso, establece en torno al 3,5 y 4% del PIB. Nos parece razonable.
¿Qué fortalezas están viendo en este proyecto?
El borrador tiene muchos elementos que van en una buena dirección. Se plantea un objetivo de 3,6 puntos del PIB, lo que nos parece ambicioso, pero realista. ¿Cómo se logra? Lo importante es que hay un fuerte rol para la imposición en general de la renta de las personas.
Si se compara con otros países de la OCDE, Chile recauda poco con los impuestos sobre los ingresos de las personas. Eso es una pena, porque este es un punto que permite introducir un fuerte elemento de progresividad al sistema tributario.
En el pasado, Chile ha desaprovechado oportunidades de contar con una fuerte progresividad en su sistema de tributación. De hecho, el impuesto a la renta en las personas el promedio entre las naciones de la OCDE reduce las desigualdades en un 25%, mientras que en Chile solo en 5%. Eso es muy poco y, en parte, se debe a que los ingresos altos se han beneficiado de exenciones de una tributación de los ingresos de capitales relativamente baja, y el borrador ataca un poco estos puntos.
¿Y cuáles son las limitantes?
El desafío será encontrar un consenso político. La propuesta de reforma tributaria es razonable y, ahora, hay que crear un consenso para que se implemente. El contexto macroeconómico internacional puede, en cierto modo, ayudar un poco en ello, porque después de un aumento de la deuda pública de 8% hay una necesidad de fortalecer las cuentas fiscales del país y el mayor recaudo es una manera de hacer eso.
La idea sería que no todo lo recaudado se gaste, sino que una parte también sirva para mejorar y fortalecer las cuentas fiscales. Un cierto ajuste fiscal en este momento es inevitable, visto el fuerte aumento de gasto que tuvo Chile durante la pandemia.
¿Hay muchas similitudes entre las reformas tributarias propuestas por Boric y el presidente colombiano Gustavo Petro?
La similitud está en el objetivo de aumentar la recaudación. Son países con un recaudo relativamente bajo, donde existe una percepción de que hay demasiado detalle tributario que permite reducir la carga tributaria de los hogares más pudientes. Eso es lo similar.
Hay otras naciones de Latinoamérica donde no se ven esos casos: por ejemplo, en Brasil y Argentina existe un recaudo mayor, por encima del promedio regional. No sé si hay sistema que podría explicar eso, pero Chile y Colombia tienen esa característica en común: un recaudo relativamente bajo.
Chile intenta iniciar un nuevo proceso constituyente. Todavía las discusiones son incipientes sobre cómo se llevará a cabo. ¿Cuál es la mirada de la OCDE?
En la OCDE acompañamos las políticas económicas. Hay una parte que es meramente política y donde le incumbe a los votantes chilenos encontrar la mejor manera de hacer que eso funcionar y avanzar hasta los objetivos planteados. El efecto económico de esto es algo que puede generar incertidumbre, eso afecta las variables económica y algo de eso vimos (en el proceso constituyente anterior).
Pero si miramos el cuadro general, lo que me impresiona es que Chile partió con un cierto nivel de descontento que se vio durante el estallido social y todo eso llevó a un proceso democrático para cambiar las instituciones. Lo que más valoramos es que el camino siempre ha sido democrático y bien ordenado.
El proyecto de reforma de pensiones propondrán reemplazar el sistema de retiro programado por rentas vitalicias. ¿Cuál debiera ser la mejor fórmula?
En Chile, el nivel de las pensiones es insuficiente. Este problema afecta sobre todo a estratos de la población que tienen ingresos relativamente bajos.
Es importante resaltar la PGU (Pensión Garantizada Universal), que es en gran parte una solución, mejora el nivel de la tasa de reemplazo de las familias de menores ingresos. Esto es un gran logro, uno sobre el cual tal vez se puede construir y hacer un poco más de eso.
Lo otro es que hay una interacción entre el sistema de protección social y lo que pasa en el mercado laboral. Chile tiene cerca de un tercio de la población en empleo informal. Si bien es más bajo que otros países de América Latina, no deja de ser un tercio de la población sin trabajo de buena calidad. Eso es un problema social y económico, porque se desaprovechan los recursos de una economía.
En general, la manera de financiar la protección social es mediante cargas sociales, contribuciones sobre la nomina de trabajadores formales. Eso aumenta el costo del trabajo formal y, de cierto modo, desincentiva la creación de trabajos formales. En el futuro es importante tener en cuenta esa dimensión de los incentivos y asegurar que cada reforma mejore eso.
Hay varias maneras de llevar a cabo esto, una sería aumentar las contribuciones y que el resultado de eso beneficie proporcionalmente a los hogares de menores ingresos. Otra manera sería pensar en bajar esas contribuciones para ingresos cercanos al salario mínimo, y con eso reducir la fecha de costo entre la creación de un trabajo formal e informal. La PGU es un paso en esa dirección, porque se financia con recursos de tributación general; no viene cargado de la nomina, sino de un conjunto de otros impuestos y financia beneficios sociales.
