LA PAZ — “Cuando tenía 17 años acababa de terminar el colegio y me embaracé, no sabía cómo acceder a métodos anticonceptivos porque en mi familia eran muy estrictos. Tenía mucho miedo a que mi padre me eche de la casa y decidí buscar ayuda para interrumpir el embarazo. Encontré un grupo de mujeres que dan información al respecto y para mí fue un alivio seguir con mi vida. A mis 22 estaba por terminar la Universidad y tenía un trabajo. Ahora ya estoy lista para ser madre”, cuenta Patricia Ll., una activista boliviana que da talleres de educación sexual a niñas y adolescentes en redes sociales como Tiktok.
La historia de vida de Patricia es una de miles en Bolivia, el país con el mayor índice de embarazo adolescente de la región. Pero no todas las niñas acceden al derecho a interrumpir el embarazo, ni tampoco a la educación universitaria, como ella.
“En nuestros países latinos abortar es un derecho de clase alta. Las adolescentes de clase baja cargan con los embarazos sin opción alguna y los médicos del sistema público no les explican su derecho, sino que casi siempre se dedican a re victimizarlas y juzgarlas”, dice Patricia, quien tuvo que pagar 150 dólares a la médica que le practicó la interrupción de su embarazo a pesar de que el sistema público de salud debería practicarlo de forma gratuita.
El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro y en todo el mundo hay acciones para prevenir el embarazo adolescente y no deseado. Este es un tema que preocupa sobre todo a los países de la región ya que América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes de todo el mundo.
Se calcula que el 18% de los nacimientos registrados en países de LatAm corresponden a madres menores de 20 años. El impacto económico y social del embarazo adolescente es muy alto en nuestros países. Sin embargo, no es una arista que suela verse reflejada en medios de comunicación, ni en políticas públicas.
Según un estudio hecho por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) el ingreso medio anual de quienes fueron madres en edad adulta es de $5.189 dólares, mientras que el ingreso de las mujeres que tuvieron hijos en su adolescencia es de $4.015. Es decir, hay una brecha de ingresos del 23%.
“El embarazo en adolescentes impacta en la economía de las mujeres que no pueden acceder al mercado laboral en iguales condiciones y también afecta a la economía del país. Al invertir en políticas integrales para prevenirlo, todos ganamos”, indica la página oficial de Unicef que cada año se suma a las acciones por el llamado 28S (28 de septiembre).
El informe Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo Adolescente para Seis Países en América Latina bajo la Metodología Milena, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) muestra la comparación entre el embarazo de mujeres que se convirtieron madres siendo menores de edad y mujeres que se convirtieron madres en edad adulta y mide el impacto económico en ellas y sus países. Los países estudiados fueron: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.
Los datos revelan que solo en 2018, las mujeres que fueron madres adolescentes perdieron la posibilidad de ganar 1,242 millones de dólares en promedio. Esto monto implica pérdidas en ingresos, empleo y actividad laboral. En total, esto representa, alrededor de 0,35% del PIB de un país latinoamericano.
Otro dato revelador indica que las madres adultas registran tres veces más chances de obtener un título educativo terciario o universitario que las madres tempranas.
“Aunque se advierten diferencias importantes entre los países. Por ejemplo, esa brecha es de solo dos veces en Colombia, donde ambos grupos de mujeres alcanzan altos niveles de titulación superior (29% las madres adultas y 14% las madres tempranas) mientras que la brecha es de más de cuatro veces en Guatemala (9% las madres adultas y 2% las madres tempranas)”, dice el documento.
En América Latina y el Caribe, cada minuto nacen alrededor de cuatro bebés hijos de madres adolescentes. Sólo como ejemplo, veamos las cifras de la Secretaría de Salud de México: del total de nacimientos registrados en 2018, el 18.5% fueron de madres de entre 10 y 19 años.
Antes se pensaba que el embarazo adolescente era un problema de salud pública pero se debe entender que tiene un fuerte impacto en la economía. “Este costo se desagrega en dos partes: el primero es el costo promedio para la sociedad, equivalente a $187 millones de dólares, relacionados con el costo de oportunidad en la actividad productiva: inactividad laboral, desempleo y brecha de ingresos entre mujeres que tuvieron su hijo o hija en la adolescencia y las que fueron madres en la edad adulta”, explica el informe de UNFPA.
Por otro lado hay un costo de unos “$83 millones de dólares que se debe al costo sanitario para el Estado debido a los gastos de atención en salud por embarazo, parto y posparto en la adolescencia y la pérdida social o productiva por la mortalidad materna en adolescentes”.
Según este estudio, países como Ecuador dejan de percibir $9,6 millones de dólares por año en ingresos fiscales.
¿Por qué Bolivia tiene los índices más altos de la región?
Según datos del Ministerio de Salud boliviano, de enero a septiembre de 2021, se registraron 29.764 embarazos en niñas y adolescentes. Esto quiere decir que hubo más de 110 embarazos por día.
Según el informe del UNFPA, los embarazos no intencionales y en edad temprana tienen como causas la falta de información, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El documento recomienda al Estado boliviano poner más recursos y esfuerzos en educación sexual integral en las escuelas y luchar contra la violencia sexual y la coerción reproductiva, la actitud prejuiciosa en los servicios de salud, la pobreza y la desigualdad de género.
Según UNFPA, en Bolivia, “un embarazo a temprana edad pone en riesgo la salud de la adolescente, la continuidad de sus estudios y el desarrollo pleno de sus proyectos de vida. Se trata de una maternidad solitaria y bajo presiones y estigmas que suelen reproducir círculos de pobreza”.
El Estado de la Población Mundial 2022 publicado por UNFPA, indica que casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, son no intencionales.
En Bolivia, el 50.5%, son embarazos no intencionales. Esto según la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016, que revela que “más de la mitad de las mujeres bolivianas que fueron consultadas no había decidido ser madre cuando quedó embarazada, sino que quería ejercer su maternidad más tarde (28,9%), o ya no quería tener más hijos o solo no quería ser madre (21,6%)”. Esta situación empeora cuando se trata de la población rural que tiene más problemas para acceder a sus derechos reproductivos.
