Arequipa — Algo que ha afectado al sector minero peruano con mayor fuerza en el último año ha sido la mayor cantidad de conflictos sociales, que llevaron a varias operaciones mineras a paralizar sus actividades a lo largo de este 2022. Según el último reporte de Defensoría del Pueblo, al mes de agosto el país andino registra 209 conflictos sociales, de los cuales 89 corresponden a la actividad de minería.
Durante la convención Perumin 35, Bloomberg Línea conversó con Víctor Gobitz, CEO de Antamina y miembro del comité organizador de Perumin, sobre los retos que la situación social plantea y cómo afecta la inestabilidad política al sector empresarial.
Perumin se da en un escenario complejo donde las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el sector privado no son las mejores. ¿Esperan que el evento sirva como un punto de encuentro entre gobierno y el sector minero para resolver las actuales problemáticas, como los conflictos sociales?
Sí, este es el espacio en el que esperamos encontrarnos, debatir y consensuar. Eso es importante porque la industria minera es una que por sus características tiene inversiones de largo plazo y a veces las autoridades miran la coyuntura, pero eso nos puede llevar a tomar decisiones erradas. Si vemos los últimos conflictos sociales, se han dado en regiones muy remotas, muy aisladas y con territorios de muy baja densidad poblacional; pero además son territorios con muy baja productividad, porque el clima y acceso a tecnología complica la situación. Esa población erróneamente piensa que la llegada de la inversión minera es una oportunidad de generar un ‘peaje’, un derecho de cobrar dinero para resolver carencias, pero no es la manera de relacionarse. Nosotros, siendo conscientes que es una inversión de largo plazo, queremos tratar de consensuar cuál es el potencial de ese territorio y vía el pago de impuestos financiar y lograr solventar el cierre de brechas de ese territorio. Incorporar esos territorios a los mercados va a ser el mejor legado, porque el día que no haya inversión minera se tendrán otras actividades productivas y ya no dependerá de la minería. Si caemos en el juego de pagar un peaje, ese peaje estará solo mientras haya actividad minera.
Pero se tienen que generar esas actividades productivas, y eso depende también del sector público. ¿Cómo sumar sinergias?
Requerimos que eso sea parte del debate. Más que una oficina de resolución de conflictos sociales, tiene que haber una oficina de desarrollo territorial para que ese sea el punto de partida. El dinero es el medio que va a financiar el desarrollo del territorio, no es el fin. Si fuera el fin, estas negociaciones que estamos teniendo y estos conflictos sociales serían transaccionales.
¿Ve intenciones desde este gobierno de concretar que esas actividades productivas se sumen en las zonas donde ahora predomina la minería, y donde se depende de los ingresos por esta actividad?
Sí, lo entienden y lo hemos conversado. Entiendo muchas veces que gane la coyuntura y la presión del día a día, y se requiere a veces ser conscientes de que para conseguir resultados de largo plazo en el corto plazo no se debe ceder.
Pero se viene descuidando estos territorios desde hace tiempo.
Así es, no es este gobierno solamente. El rol del Estado es también educar a toda la población, porque si se va a ceder a la presión del corto plazo se escapa todo de las manos.
¿Ve realmente posible que no se ceda ante esas presiones de corto plazo?
Yo creo que sí. No podemos aceptar la violencia, la extorsión o cierre de carreteras y de bienes públicos como una medida de presión para sentarse a negociar. Lo que uno de manera preventiva debería tener es un espacio de diálogo para tratar de consensuar cuál es el potencial del territorio, que es diverso. Dependiendo de qué tan cerca estás de una población urbana o no, vas a tener un potencial distinto. Ese debate debería empezar temprano. Esa es la fórmula preventiva. De esa manera se puede priorizar con lo que sabes que tienes que desarrollar, y una vez se priorice sin duda la industria minera va a financiar los territorios por el pago de impuestos y transferencias del canon minero.
Nos gustaría conocer su opinión sobre el contexto político en el último año. Desde cambios ministeriales que ya suman más de 70 a lo largo del gobierno del presidente Castillo, hasta una serie de investigaciones que se suman contra el mandatario peruano y su entorno cercano. ¿Qué tanto impacta esto en el clima de negocios para el sector empresarial y en particular el sector minero?
No voy a referirme a las investigaciones del presidente, pero lo que es cierto es que hemos tenido cinco ministros de Energía y Minas. Necesitamos autoridades que permanezcan, que puedan tener el tiempo suficiente para desarrollar las políticas y articular entre todos los ministerios. Si no se tiene eso, tenemos un problema. Eso es lo que podría comentar. No es la mejor manera de desarrollar el país, con cambios permanentes.
¿Está más desordenado el Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem)?
Diría que en el tercer a cuarto nivel del Minem hay funcionarios que tienen muchos años y por lo tanto yo no he visto un deterioro del servicio o calidad técnica de los profesionales. Lo que tenemos que tratar, más que eso, es que todo el Estado -no solo Minem- esté articulado. La minería depende también de los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Agrario, de Ambiente, entre otros sectores. Necesitamos permanencia en esos sectores y coherencia también. En el tema laboral no hay coherencia.
¿Las recientes modificaciones laborales en la tercerización y negociación colectiva ya están afectando al sector?
El sector minero tiene algunos procesos tercerizados pero muy especializados. Se puede acreditar fácilmente que son empresas especializadas y que además son de multiclientes. No es un proceso disfrazado de ‘manpower’. El contratista provee de personal, sí, pero además de equipo y de conocimiento. Lo que ha pasado con ese cambio normativo es la falta de diálogo. A pesar de que hay un espacio de diálogo, han hecho un cambio sin usarlo. Eso es un poco el ejemplo de la falta de coherencia que hay. El Perú tiene un serio problema por consecuencia de la pandemia en el empleo y la forma de remediarlo es promoviendo la inversión. Si cambias las reglas de juego en lo laboral, estás impactando transversalmente a todo el sector económico, no solo a la minería.
¿Diría que con eso el gobierno está desincentivando la inversión privada?
No diría eso. Pero sí revela que es un gobierno que aún está aprendiendo en el camino y no terminamos de tener una versión de gabinete coherente, que sea una suerte de orquesta.
¿Piensa que se podría dar esa coherencia?
Esperamos que sí. El mandato que se tiene es que el gobierno esté cinco años, logre el cierre de brechas y reduzca la pobreza. Eso se logra con inversión, no hay otra manera.
¿Habría posibilidades de que retornen al Consejo Nacional de Trabajo?
Diría que sí, porque la única solución a las diferencias es el diálogo. Claramente lo que se tiene que hacer es parar, corregir lo errado y volver a retomar el diálogo.
¿Espera que el ministro de Economía interceda como había mencionado anteriormente, respecto a la revisión de estas normas laborales y su impacto?
Sí. Hoy tiene una presentación y justamente esperamos eso, que el ministro de Economía sea el gran articulador junto con el primer ministro para que haya coherencia entre todos los planes y con todas las diferentes carteras en el país.
La caída del precio de materias primas como el cobre está generando preocupación a países que están entre los principales productores, como Perú. Si bien la demanda hacia mediano y largo plazo está asegurada, ¿cómo ve el impacto en el corto plazo? ¿Puede desincentivar el inicio de proyectos?
La decisión de inversión no se basa en el precio del día, sino en la lectura del precio en el largo plazo. Lo que se requiere para incentivar la inversión es cómo logramos coincidir todos, sin perder el estándar, de que a través de la inversión minera vamos a desarrollar el territorio para evitar los conflictos sociales y cómo hacemos los procesos más eficientes. Son dos variables que hacen que todo se vuelva más lento. El precio del corto plazo no influye en la toma de decisiones, pero sí influye en la recaudación del país. Pienso, sin embargo, que tenemos suficientes reservas para sopesar ese valle.
¿Se podría generar un entorno que obligue a aplazar algunos proyectos mineros, ante la desaceleración global, como ha pasado por Newmont?
Diría que cada caso es distinto. En el caso de Newmont el proyecto per se llevó a esa decisión, pero no se puede generalizar. Hay particularidades de ese proyecto que hace que no se desarrolle como se esperaba.
La ministra Herrera dio a entender que el contexto internacional sí dificulta el desarrollo de proyectos mineros como se quisiera. ¿No coincide con esa visión?
La situación global ha traído dos aspectos. Lo primero es que tenemos una volatilidad del mercado, sobre todo de un commodity clave que es el petróleo, que está al alza. Eso genera que vivamos una inflación. Todos los insumos que consume la minería tienen un costo más elevado. Eso impacta. Por otro lado, en el corto plazo hay una demanda de metales que ha bajado porque China está en un proceso de reestructuración. Esos factores de menos ingresos y más costos hace que la industria tenga menor rentabilidad y menor recaudación para el Estado. Pero nuevamente, si uno ve la perspectiva en el largo plazo y el portafolio, el gran cambio que se está generando en la matriz energética y dónde está el cobre, el Perú tiene una posición súper privilegiada. Deberíamos estar preparándonos para esas inversiones, sacándolas adelante.
Es decir, sí se pueden atraer esas inversiones desde ahora.
Sí, así es. Decir que la situación externa es complicada... es complicada para todos, pero si uno mira sin pasiones y es consciente de que el mundo va a cambiar la matriz, es evidente que el cobre va a ser muy demandado.
¿Aún esperan recibir los permisos para ampliar la vida de Antamina hacia inicios del 2023?
Lo que se busca es ampliar la vida de la mina del año 2028 al 2036, sin cambiar ni ampliar la producción. En la misma huella operativa actual. Eso debería simplificar los permisos, y a eso apostamos. Es una inversión de US$1.600 millones y podría empezar tan pronto como otorguen los permisos, pero aún no tenemos novedades de plazos. Ya terminamos el proceso de participación ciudadana y ahora entra a la fase en la cual el proyecto es revisado por varias agencias: Senace, Serfor, Ministerio de Desarrollo Agrario, Autoridad Nacional del Agua (ANA)... ahí el proyecto es visto desde diferentes ópticas. Debería haber un solo ente articulador para que ese proceso sea más rápido, porque recibes recomendaciones de distintas entidades que en esencia son el mismo tema. Ahí se pierden eficiencias. Es un mismo Estado que está mirando lo mismo y hace tres preguntas sobre lo mismo.
Se habían anunciado modificaciones para simplificar trámites, al igual que iniciativas que permitan resolver conflictos sociales de manera más rápida. ¿Han visto novedades sobre esto?
Se habló que en la ANA, entidad clave del Ministerio de Desarrollo Agrario, faltaban cuadros técnicos, e iban a asignar recursos para que esa área se fortalezca y no sea un cuello de botella. Pero no (hay novedades).
¿Qué mensaje esperaría usted que deje Perumin cuando finalice?
Hay varios. El primero es que la industria minera es global y competimos para atraer capitales con otras jurisdicciones. Lo segundo es que el potencial de Perú está intacto. Uno ve acá en Perumin que hay un ecosistema, no son solo empresas mineras. Ese potencial que tiene el Perú de atraer empresas globales, con un portafolio de más de US$50 mil millones de proyectos mineros, tenemos que promoverlo. No porque queramos promover una empresa minera o la industria, sino porque a través de esa inversión vamos a desarrollar el territorio.
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