Santa Cruz — El Decreto Supremo 4794, aprobado por el gobierno boliviano establece que las industrias que generan energía eléctrica para consumo propio con gas natural deberán hacer un uso eficiente del gas (es decir dejar de usarlo para producir su propia energía eléctrica) e integrarse al Sistema de Interconectado Nacional (SIN) en un plazo no mayor a un año.
Recordemos que los precios del gas en el mercado interno boliviano son tan bajos que muchos empresarios optaron por invertir en sus propias plantas generadoras de energía con base en el gas natural. Según la medida lanzada por el presidente Luis Arce, los volúmenes de gas que dejen de utilizar los consumidores industriales serán comercializados por YPFB en el mercado que genere mejores ingresos.
“YPFB necesita recursos, está quedándose sin recursos. El gas que se vende a los empresarios para generación eléctrica en el mercado interno se vende entre 1 y 2 dólares el millón de BTU cuando puede exportarlo a 20. Esa es la razón principal de este cambio de regulación”, explica el analista Álvaro Ríos, experto en hidrocarburos.
Por su parte, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismos de Santa Cruz (Cainco) advierte esta medida tendrá un impacto directo en el precio de los productos que afectará al consumidor final sobre todo en las industrias que producen lácteos y alimentos.
Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de Cainco, dijo que la interconexión al sistema nacional de ENDE significa un incremento del 60% de costos para las industrias lo cual pone al empresariado en aprietos.
Otro tema que preocupa al gerente de Cainco es que con esta subida de costos de producción para la industria nacional se hace más grande la brecha con lo que cuestan los productos de contrabando que se venden en el mercado informal que en su mayoría son traídos ilegalmente de Argentina y Brasil.
El experto en gas Álvaro Ríos dice efectivamente esta transición “va ocasionar un duro golpe sobre todo a los empresarios que han hecho la inversión en los últimos dos o tres años y sus equipos de generación de energía ni siquiera han cubierto la inversión”.
Ríos explicó que esta situación era de conocimiento del sector privado y que deben estar atentos porque se vendrán nuevas medidas ya que el sector de hidrocarburos boliviano podría deteriorarse aún más.
“Propongo a través de su medio que el sector productivo clame al gobierno un nuevo sistema impositivo, un nuevo marco fiscal y pida que YPFB haga exploración. Caso contrario la factura seguirá llegando más alta. Y los que tienen que pagarla son los empresarios”, dijo Ríos en exclusiva para Bloomberg Línea.
El experto ha estado en mesas de debate con los sectores empresariales y productivos explicando que el país necesita tener un nuevo modelo. “Somos 4 expertos que repetimos lo mismo y no somos escuchados. Parece que el sector empresarial no entiende que la exploración de gas declinó y que el Estado no podrá importar todo y encima mantener los subsidios. Que pidan exploración es una solución estructural. Pedir que no corten el gas es una solución poco realista y con mirada al corto plazo. Parece que piensan que los recursos hidrocarburíferos son infinitos”, explicó.
Al Estado boliviano le urge iniciar nuevos negocios
Jorge Akamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, dice que la deducción principal después de esta medida es que hay problemas con la generación de gas. “Queda claro que hay una decadencia en el sector hidrocarburos y esta medida lo pone al desnudo. No se han descubierto nuevas reservas de gas. La subida de precios internacionales no fue aprovechada por el gobierno boliviano porque no podíamos producir más gas debido a que no hubieron medidas acertadas en la administración de YPFB”.
Según el experto en macroeconomía, el bien que mantuvo a los bolivianos por la última década se acabó y al Estado le ha costado comenzar nuevos negocios. “Hasta ahora no se logra el despegue del litio y lo mismo con otros proyectos. Desde 2018 veníamos diciendo que se debía encontrar el sustituto del gas y no teníamos otro producto que genere esos 2000 o 2500 millones de dólares que necesita el país para subsistir”, explica.
Para Akamine urge cambiar las reglas del juego en el sector hidrocarburos y tener un marco legal que garantice una justicia limpia que de confianza a la inversión extranjera para venir al país. “Aunque parezcan temas separados, la reforma judicial tiene un fuerte efecto en la economía y hasta ahora el gobierno no se da cuenta. Nos hace falta cambiarle la cara al país y esto va tomar muchos años”, concluyó.
