Ciudad de Panamá — Este miércoles culminaron en Panamá los alegatos de los abogados defensores en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht, la juez Baloisa Marquínez se acogió al término de la ley para dictar sentencia y determinar quienes van a juicio y a quienes se sobreseen.
La juez Marquínez tiene un término de 30 días para dar a conocer su decisión respecto a esta investigación. Un elemento que llamó la atención durante esta etapa, esta semana, fue que la defensa del expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez (2014-2019) negó que él fuera “Cachaza”, seudónimo mediante el cual el sistema Drousys de sobornos de Odebrecht presuntamente lo identificaba.
Además, la defensa del exmandatario Varela mencionó una posible inmunidad porque es diputado del Parlamento Centroamericano, no obstante no consta su juramentación en este organismo regional.
De acuerdo con el Ministerio Público, dentro de la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht, con su compleja estructura, utilizó la banca nacional y extranjera transfiriendo dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares por un monto superior a los $100 millones, que impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en el país.
Para ello, siempre de acuerdo al ente judicial, los imputados utilizaron sociedades anónimas panameñas y extranjeras, testaferros o interpuestas personas, seguros, contratos ficticios, y financiamiento de campañas políticas.
A lo largo de la investigación el Ministerio Público señaló que ha recuperado en dinero decomisado a favor del Estado panameño $49,523,898.51 de los cuales $37,809,358.07 corresponden a los adelantos realizados por la empresa Odebrecht en concepto de los $220,000,000.00 de los cuales fue sancionada mediante acuerdo, y además se cuenta con $36,644,571.25 entre bienes y dineros aprehendidos correspondientes a otros imputados.
En la vista fiscal de este polémico caso se pidió llamamiento a juicio para 50 personas naturales y una persona jurídica, así como el sobreseimiento para 29 individuos, investigados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Se detalla que de las 50 personas naturales a las que se le solicitó el llamamiento a juicio por blanqueo de capitales hay tres exservidores públicos a los que además del delito contra el orden económico se les pidió llamamiento a juicio por el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos.
El Ministerio Público añadió que durante el curso de la investigación se celebraron ocho acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.
Durante la primera semana de la cita judicial se pidió enjuiciar por el supuesto delito de blanqueo de capitales a los expresidentes Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) y Juan Carlos Varela Rodríguez (2014- 2019), al igual que a los hijos del primero, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos.
El pasado viernes, que continúo con los alegatos de los abogados defensores, el fiscal Mahdmad Daud Hasan no dudó en señalar que el país ha sido testigo de los alegatos del Ministerio Público “y estamos absolutamente seguros que es un expediente fortalecido, completo y la prueba está evidente, están todos los elementos para que se llame a juicio a todas estas personas y que luego en la fase correspondiente en la audiencia ordinaria podemos debatir la responsabilidad penal”.
“El Ministerio Público está seguro del trabajo profesional que hizo el equipo de la Fiscalía Anticorrupción y la vinculación está clara y el hecho punible está acreditado. Además, se espera que se haga justicia y que a estas personas el derecho penal lo sancione por el atraco a los fondos del Estado y como todo delito merece una sanción ejemplar”, afirmó Daud.
En la investigación de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá, cuyo juicio se espera finalice este 30 de septiembre, se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, según el Ministerio Público.
ACTUALIZACIÓN: Esta nota fue actualizada en los primeros tres párrafos, el 28 de septiembre de 2022.
