Ciudad de México — En Ayotzinapa se sigue buscando la verdad. Se cumplen ocho años de la noche trágica en Iguala, como se le conoce en México a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal ’Raúl Isidro Burgos‘, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, una ciudad de Guerrero.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se convirtió en un hecho que cimbró a México y trascendió fronteras por el insólito número de personas desaparecidas en un solo evento, evidenció la crisis de desapariciones en el país y por la presunta colusión de gobiernos de diferentes niveles, policías, militares y crimen organizado.
Los padres y madres de los 43 normalistas y la comunidad estudiantil de Ayotzinapa no han cesado en su reclamo de justicia, pero en este octavo aniversario de la desaparición ha cobrado mayor fuerza una consigna para llegar a la verdad: investigar al Ejército y su posible participación en los hechos de Iguala.
Sin embargo, la demanda de indagar a los militares se avivó en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a cobijar al Ejército y darle más atribuciones para tomar el control de la seguridad pública, una función del Gobierno que debe estar a cargo de mandos civiles, de acuerdo con la Constitución.
Septiembre, mes patrio, ha sido uno ajetreado. En el Congreso las fuerzas políticas miden los frentes a reformas relacionadas con los planes de AMLO -como se le conoce al presidente- para empoderar al Ejército, y por la realización de una jornada de movilizaciones en Guerrero y Ciudad de México de los padres y madres de los 43 y de los estudiantes de Ayotzinapa para reclamar justicia.
El 9 de septiembre de 2022 el Pleno del Senado aprobó la reforma del presidente para que el Ejército mexicano tome el control de la Guardia Nacional, a pesar de que constitucionalmente este cuerpo tiene mando civil. Los partidos de oposición en el Congreso amagaron con acudir a la Suprema Corte para impugnar la reforma por inconstitucional.
Otra reforma que se dirime en el Senado es la relacionada con la permanencia del Ejército en las calles en tareas de seguridad pública hasta 2028, en lugar de 2024 como es el plazo vigente. Sin embargo, la Cámara alta suspendió el 21 de septiembre la discusión porque no se alcanzó la mayoría de los votos para que se aprobara la reforma constitucional.
Un día después, el 22 de septiembre, AMLO anticipó en su conferencia matutina que, si esta reforma no pasa en el Senado, esperará un tiempo y la volverá a presentar. “Mientras yo esté de presidente voy a seguir insistiendo”.
De la jornada de protestas por Ayotzinapa, que comenzó el 12 de septiembre, una movilización resultó inédita, se trató del mitin del 23 de septiembre en el Campo Militar No. 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado al poniente de Ciudad de México.
Los estudiantes llegaron en autobuses al lugar, sostuvieron por minutos carteles con la leyenda “Fue el Ejército” y después encararon a los militares con petardos y piedras; los uniformados dispersaron a los manifestantes con chorros de agua y replegaron a los jóvenes normalistas.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, demandó a las autoridades que se investigue a la élite del Ejército y al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, por posible encubrimiento.
Ese mismo día del mitin en el Campo Militar, Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, ofreció una conferencia de prensa en Palacio Nacional para decirle a los padres de familia y estudiantes que tuvieran confianza de que la investigación irá al fondo y se abrirá todo el espectro de información para llegar a la verdad.
El 18 de agosto de 2022, Encinas presentó el que quizá es el informe más amplio del caso Ayotzinapa en lo que va del sexenio de AMLO, a partir del cual se confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado donde participaron autoridades federales, estatales y local.
El informe, además, desechó la versión del exprocurador con Peña Nieto, Jesús Murillo, conocida como la “verdad histórica”, que consistía en que los jóvenes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula después de que la policía local los entregara al crimen.
Alejandro Encinas reveló en la conferencia que había un soldado infiltrado entre los estudiantes, por lo que el Ejército pudo haber actuado y evitado su desaparición. Esta conclusión del informe no hizo más que reafirmar los reclamos de las madres y padres de familia respecto de abrir líneas de investigación específicas sobre la participación del Ejército en la noche trágica de Iguala.
Además, el informe señala que el 30 de septiembre de 2014, casi una semana después de los hechos trágicos, la Sedena registró una denuncia anónima en la que se daban pistas del paradero de estudiantes de la Normal. A esto es a lo que los padres de los padres de los 43 llaman “omisiones del Ejército”.
El informe mostró que la Comisión de la Verdad tuvo acceso a mensajes de texto vía WhatsApp, a partir de los cuales se pudieron reconstruir conversaciones de los involucrados en la desaparición. “El análisis de los mensajes recibidos abre nuevas líneas de investigación, facilita el rompimiento del pacto de silencio y permite rectificar la corresponsabilidad de diversos actores participantes”.
El documento que difundió a la opinión pública la Comisión está testado, por lo que no es posible leer las conversaciones de mensajería instantánea sobre dos momentos clave de la noche de Iguala: las órdenes de ejecución de los estudiantes y la desaparición de los estudiantes.
La periodista Peniley Ramírez escribió el sábado 24 de septiembre su columna ‘Linotipia’ en el periódico Reforma en la que revela las conversaciones de WhatsApp sin testar, lo que permitió conocer una cronología de esos dos momentos clave de la noche de Iguala y a algunos de los actores directamente involucrados en la desaparición.
La periodista reveló que una fuente le filtró el documento sin testar y la decisión editorial que se tomó fue la de publicar un texto que ayude a saber la verdad sobre los hechos de la noche de Iguala y que se motive la apertura de nuevas líneas de investigación del caso y sobre el encubrimiento.
En los últimos días los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos han cuestionado a la Fiscalía General de la República sobre las órdenes de aprehensión que anunció el 18 de agosto, unos minutos después de que Encinas presentó el informe.
El Centro Prodh manifestó en un comunicado del sábado 24 de septiembre su preocupación sobre la forma inusual en que la Fiscalía solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión en contra de posibles responsables de la desaparición.
Ayotzinapa es una herida abierta para los padres y madres de los 43 jóvenes y este lunes 26 de septiembre realizarán, como cada mes desde hace ocho años, una marcha que partirá de la columna del Ángel de la Independencia al zócalo capitalino. Se espera una gran afluencia en solidaridad con las familias con la participación de más de 50 organizaciones de diversos orígenes.