Ciudad de Panamá — Panamá propuso a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llevar a cabo una iniciativa global para resolver el alto costo de los medicamentos a nivel mundial y que se establezca un organismo internacional que exija responsabilidad a los que causan daños al planeta y al medio ambiente.
Ambas propuestas fueron expuestas por el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, durante su intervención en el septuagésimo séptimo periodo ordinario de sesiones de la ONU, que se celebra en Nueva York, Estados Unidos.
Carrizo Jaén explicó que la industria farmacéutica, desde la producción, abastecimiento y distribución debe ser aliada de la salud, porque un medicamento accesible es la diferencia entre la vida y la muerte.
“Vemos con preocupación que millones de personas no pueden acceder a las medicinas. La situación se ha convertido en un acto mercantil y mezquino, los oligopolios obtienen ganancias desmesuradas por las medicinas que distribuyen y venden a los Estados y a los particulares”, indicó.
En Panamá el precio de los medicamentos alcanza precios exorbitantes si se compara con los países vecinos, situación que ha sido el detonante de protestas que han obligado al gobierno a implementar fórmulas para evitar un caos social.
Una de ellas ha sido la de aplicar un 30% de descuento a 170 medicamentos de una lista de emergencia, además de mantener un descuento de 20% a los jubilados.
La medida causó fricciones con las pequeñas farmacias, cuyos dueños alegan que la misma atenta contra la libre empresa y amenaza con hacerlas desaparecer.
Durante su discurso en la ONU, el vicepresidente panameño manifestó que el actual sistema de distribución de medicamentos “avergüenza a la humanidad, el acceso a las medicinas debe ser valorado como un derecho humano y no como una mercancía cara y de lujo”.
“Panamá propone ante esta Asamblea General, la adopción de una iniciativa global que resuelva el precio desmesurado y la falta de acceso a los medicamentos para los ciudadanos del mundo”, señaló.
En otro aspecto, Carrizo Jaén criticó los daños causados a los recursos naturales y el ambiente por las emisiones de gas, la deforestación y la contaminación de los océanos e hizo una propuesta concreta: “ha llegado el momento de que el mundo disponga de una instancia internacional que exija responsabilidad a todos aquellos que causan daños al planeta”.
En su opinión, debe transformarse el modelo de desarrollo procurando ecosistemas sanos y sostenibles. Mencionó que Panamá es uno de los tres países declarados carbono negativo: 35% del territorio nacional y 30.5% de los mares están declarados como áreas naturales protegidas.
Además, dijo que “somos el octavo país del mundo en generación de energía limpia”.
Agregó que los panameños tienen vocación para la protección de los recursos naturales, por el valor de la posición geográfica y el rol que juega el Canal de Panamá en la economía mundial.
No obstante, las palabras de Carrizo contradicen la política ambiental de Panamá, donde se ha establecido la minería metálica como uno de los pilares de la economía, pese a que en las propuestas ciudadanas del llamado Diálogo del Bicentenario se solicitó una moratoria a esta actividad.
Entre otras contradicciones, Carrizo indicó que “para superar la crisis sanitaria global y avanzar en la realidad de la transición hacia la post pandemia” se deben propiciar soluciones creativas “e incentivar la ciencia como un aliado fundamental ante los desafíos de la humanidad”.
Sin embargo, en Panamá la semana pasada el Ministerio de Economía y Finanzas recortó el presupuesto a la educación y a la investigación cuando aconsejó para la vigencia fiscal 2023 de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) un monto $46.6 millones, cantidad menor a la solicitada por la entidad dedicada a la investigación científica panameña, de $52.2 millones.
Durante su discurso, el vicepresidente Carrizo Jaén también habló de temas como la estrategia de Panamá para enfrentar la crisis mundial generada por la pandemia del Covid-19, el plan estratégico nacional para luchar contra la desigualdad y la pobreza, la política de diálogo impulsada para superar la reciente crisis social sin víctimas que lamentar y la migración.
