Una junta monetaria por el BCV: El proyecto de Hanke y Jacques de Larosière para Venezuela

Es una propuesta que prepara uno de los partidos políticos de mayor tradición en Venezuela, acompañado por los expertos economistas

Carlos Becerra/Bloomberg
21 de septiembre, 2022 | 12:45 PM

Caracas — Cerrar el Banco Central de Venezuela e instalar una junta monetaria en el país resulta parte de una propuesta ambiciosa, impulsada por una teoría del economista Steve Hanke y el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Jacques de Larosière, para la recuperación de la economía venezolana.

Inspirado en el análisis de ambos expertos, y luego asesorado para lograr desarrollar el proyecto en el país, Roberto Enríquez, actual presidente de COPEI, uno de los partidos de oposición con mayor trayectoria en Venezuela, planea cumplir con la medida, una vez que se efectúe un cambio político en el país.

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Aunque sin oficializar aún una candidatura primaria, Enríquez evalúa la propuesta de Hanke, que acompaña de Larosière, previo a las elecciones primarias que prepara la oposición venezolana, para acordar un candidato único que hará frente al chavismo en las presidenciales previstas para 2024.

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Para Enríquez, en la máxima entidad financiera del país, se instaló un “mecanismo perverso de impresión de billetes, sin respaldo, que termina destruyendo el poder adquisitivo del venezolano”. Por ello, considera atacar la irregularidad que ha desembocado en un galopante proceso inflacionario, con la implementación de un sistema cambiario basado en la convertibilidad total de una moneda local en una moneda reserva.

“Recientemente, Roberto Enríquez desempolvó el plan #CurrencyBoard que desarrollé para #Venezuela en 1995, cuando era asesor del presidente Caldera. Una caja de conversión resolvería los problemas económicos de Venezuela. Aplastaría la inflación y proporcionaría estabilidad a la economía de Venezuela”, comentó Hanke en su cuenta oficial Twitter, luego de explicar ampliamente su planteamiento en un artículo publicado en El Nacional.

Junto a Jacques de Larosière, el profesor de la Universidad John Hopkins, en Baltimore, hace referencia a los problemas monetarios que ha enfrentado la nación suramericana, que pese a haber alcanzado leves niveles de recuperación desde finales de 2021, saliendo del ciclo hiperinflacionario, la estabilidad den el tipo de cambio durante el último año ha sufrido un par de intensas variaciones, como consecuencia de retrocesos en la política de intervención cambiaria que implementa el BCV y que ha sido calificada por especialistas de artificial e insuficiente.

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“Una junta monetaria emite billetes y monedas convertibles bajo demanada en una moneda anclada extranjera a un tipo de cambio fijo. Se requiere que mantenga reservas de una moneda ancla, equivalentes al 100% de sus pasivos monetarios”, exponen los economistas en su proyecto para Venezuela, dónde el bolívar ha perdido el 99,42% de su valor desde 2020, frente a la divisa estadounidense.

Se concentran en mencionar otros proyectos similares y exitosos, como la junta monetaria implementada en Hong Kong, que no ha perdido el ritmo desde su instalación en 1983, logrando combatir la inestabilidad en el tipo de cambio y la pérdida del 24% del valor del dólar de Hong Kong frente al dólar estadounidense, ese año.

Igualmente, se hace énfasis en la junta adoptada por Lituania en 1994, o por Bulgaria en 1997, para enfrentar la financiación del gasto del gobierno por parte del Banco Central e imponer disciplina fiscal, y sortear una hiperinflación y crisis bancaria, respectivamente.

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Enríquez sostiene que para su aplicación en Venezuela, se deberá evitar la emisión de dinero, eliminando la posibilidad de imprimir billetes sin respaldo, que a su juicio, aumenta la inflación. “Hay que sacar la injerencia político partidista de las políticas monetarias del país, y para eso planteamos la propuesta de una junta monetaria que ha sido exitosa en 89 países”, dijo Enríquez en contacto con Bloomberg Línea.

Aseguró que ello le permitirá devolver el valor al bolívar, así como la reactivación del crédito, sin que se requiera un encaje legal del 80%.