Caracas — La Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre el caso Venezuela publicó este martes su más reciente informe, en el que se acusa a altos funcionarios del país por el rol desempeñado, a través de cadenas de mando, para reprimir a opositores mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, en la presentación del tercer documento, desde que fue establecida en septiembre de 2019.
En las conclusiones anteriores, presentadas en septiembre de 2021, la Misión se había centrado en el sistema de justicia venezolano y su actuación ante violaciones de derechos humanos y delitos documentados. Antes, en 2020, se detallaron casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
En este análisis más reciente, la Misión dirigida por Valiñas, y acompañada por Patricia Tappatá Valdez y Francisco Cox, basó su investigación en los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, contemplando estructuras y personas involucradas en la implementación.
En las conclusiones detalladas, la Misión destacó seis puntos claves a considerarse:
Desempeño en altos niveles
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el Presidente tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al Director General y a los Directores de otras unidades del SEBIN. La Misión también constató que el o la Vicepresidente conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el SEBIN. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió. La Misión también constató que Diosdado Cabello ejercía una influencia significativa dentro del SEBIN, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización. En relación con las violaciones cometidas en la DGCIM, la Misión encontró motivos razonables para creer que el Presidente ordenó o instigó la comisión de ciertos actos delictivos y que, sabiendo que se estaban cometiendo violaciones, no tomó las medidas necesarias.
Responsabilidad individual
La Misión dedica un capítulo a las conclusiones sobre funcionarios, que pueden detentar responsabilidad penal por hechos de crímenes de humanidad, y, por lo tanto, ser investigados.
Además de funcionarios de los cuerpos de seguridad y de inteligencia, que no son identificados públicamente, se hace mención a Rafael Antonio Franco Quintero, coronel del Ejército y exdirector de investigaciones de la DGCIM; al coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares; a Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM y a Iván Rafael Hernández Dala, director del DGCIM.
Selección de objetivos
Según el análisis y la información recibida por la Misión, las y los disidentes reales y percibidos y opositores al Gobierno fueron objeto de detención sobre la base de criterios que incluían su presunta participación en complots contra el Gobierno, sus posiciones de liderazgo o su potencial de liderazgo, sus funciones dentro de la oposición política, sus críticas públicas al Gobierno y, en algunos casos, su potencial para ser objeto de actos de extorsión.
Las órdenes de identificación de objetivos para la investigación provenían directamente del presidente Maduro y, en ocasiones, de Diosdado Cabello a través del Director General del SEBIN. El Director General transmitía las instrucciones a las direcciones operativas, en particular a la Dirección de Investigaciones Estratégicas y a la Dirección de Acciones Inmediatas, que operaban con el apoyo de otras direcciones formales e informales y equipos regionales.
En algunos casos, las órdenes procedían de un grupo de actores políticos de alto nivel que solicitaban la detención de personas concretas en función de sus diferentes intereses, ya sean políticos, económicos, penales o incluso personales. La Misión recibió información de que las siguientes autoridades políticas ordenaron la detención de personas: el Presidente Nicolás Maduro, la Primera Dama Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah.
Cifras
La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014 y ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM.
Casas de seguridad
Como se informó en 2021, la Misión documentó 16 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas (algunas de corta duración) de integrantes del ejército, en las que la DGCIM mantuvo a las personas detenidas fuera de la supervisión legal, en lugares desconocidos, durante períodos que oscilaban entre 48 horas y dos meses.
En múltiples casos, las personas detenidas fueron retenidas durante horas o días en “casas de seguridad” para luego ser llevadas a Boleíta en Caracas. Según el análisis de los casos de la Misión, la DGCIM ha utilizado instalaciones no oficiales principalmente en 2018 y 2019, mientras que el primer caso documentado fue en agosto de 2017 y el último en febrero de 2021.
Testigos con acceso a información privilegiada le dijeron a la Misión que la DAE de la DGCIM, dirigida por Granko Arteaga, administra las casas de seguridad. También dijeron que dos capitanes, que responden a Granko Arteaga, están a cargo de la gestión de las casas de seguridad, incluyendo la logística y el suministro de materiales utilizados para llevar a cabo la tortura.
Serían 17 los lugares de detención/secuestro clandestinos o no oficiales, a donde las personas secuestradas o detenidas arbitrariamente fueron llevadas luego de su captura –algunos ubicados dentro de Caracas y otros fuera–: Un solar en el barrio de Prados del Este en Caracas; Una casa llamada Tamanaco, cerca del Hotel Tamanaco, en Caracas; Una casa llamada La Trinidad, en Caracas; Una casa llamada Galpón, en el barrio de Guarenas, en Caracas; Un sitio en San Bernardino, cerca del restaurante Crema Paraíso, en Caracas (ahora inactivo); Una casa en el barrio de Bello Monte, en Caracas; Una casa en el sector de La Mariposa, denominada “Casa de Granko nº 1″; Una casa llamada Galpón, en la Mariposa; Una casa en el sector de Los Naranjos; Una casa en el sector Lomas de Las Mercedes; Una casa en la urbanización San José, en Fuerte Tiuna o en sus alrededores, en Caracas; Un sitio en el Fuerte Tiuna, donde tienen su sede el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Comando del Ejército. Este lugar consta de 12 celdas que son administradas por la DGCIM, separadas de la prisión administrada por la Policía Militar; Un sitio llamado Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos, en el estado Miranda; Un sitio en la zona montañosa del municipio El Hatillo, en el estado Miranda; Una casa en Alto Prado, cerca del Centro Comercial Plaza; Un sitio cerca del aeropuerto de La Carlota;
El “cerro”, situado dentro de Caracas (a una media hora en coche desde Boleíta), donde se lleva a las personas detenidas, se las encapucha y se les da una pala para cavar sus tumbas, tras lo cual los funcionarios de la DGCIM simulan dispararles.
Arco Minero
El informe de la Misión documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras.
La Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar.
En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha documentado en profundidad varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones.
“La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro”, declaró Patricia Tappatá.
