Bloomberg Línea — Desde Europa hasta América Latina, los precios de la energía y la gasolina han sido uno de los principales factores que ponen presión a los bolsillos de los consumidores. Y aunque los gobiernos han optado por diversas medidas con el objetivo de aplacar los incrementos, entre ellas la disminución de impuestos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugirió que los países abandonen este tipo de decisiones al considerarlas ineficaces.
En su reporte anual sobre reformas de política fiscal, la OCDE advirtió que los elevados precios de la energía “llegaron para quedarse”, debido a las consecuencias de la guerra en Ucrania y a la escasa inversión en gas natural y en energías limpias. Por ello, el informe analizó cuál debería ser la respuesta ante los efectos adversos de la crisis de precios.
Según las cuentas de la OCDE, al 30 de mayo de 2022, los 89 países alcanzados por el informe (que incluyen a los países de la organización y a otros como Argentina, Paraguay, Perú, entre otros) han tomado en conjunto más de 350 medidas para amortiguar el impacto del aumento de los precios de la energía a corto plazo. En total, las decisiones que se han tomado desde octubre de 2021 y que tienen vigencia hasta diciembre de este año tendrán un costo fiscal de US$246.000 millones.
El informe agrega que las respuestas de los gobiernos se han centrado en gran medida en el control de precios, que impulsa, no frena la demanda, mientras que las llamadas medidas de apoyo a los ingresos (es decir las trasferencias que se pueden hacer a los hogares) representan el 34% del valor total de las ayudas proporcionadas.
No a la reducción de impuestos, dice la OCDE
Para la OCDE, “hay varias razones por las que los países deberían abandonar las medidas de apoyo a los precios, que en su mayoría contribuyen a aumentar las subvenciones a los combustibles fósiles”. Una de las críticas a los controles a los precios es que si bien son fáciles de aplicar, pueden ir a parar a los consumidores de mayores ingresos, considerando que suelen ser los grandes consumidores.
Además, limitan el incentivo para ahorrar energía o continuar con la transición hacia suministros más limpios y pueden causar “grandes pérdidas” a las empresas de las cadenas de suministro del sector.
Junto con los controles de precios, la OCDE también crítica la reducción de impuestos, como el IVA, que si bien pretenden reducir el precio que pagan los consumidores y no golpean las finanzas de las empresas del sector, sí terminan por afectar los ingresos fiscales y no necesariamente garantizan que se abarate el costo en la misma proporción en la que se redujo el impuesto.
“Además de reducir la eficacia del apoyo gubernamental, también puede haber problemas de equidad cuando los recortes fiscales se traducen directamente en mayores beneficios para los productores de combustibles fósiles”, agregó el reporte.
Más transferencias a los hogares
Por estas razones, la OCDE sugiere que los países deberían apostarle a las medidas de apoyo a los ingresos, para focalizar la transferencia de rentas a las poblaciones vulnerables. Según el análisis, este tipo de ayudas podría fomentar el ahorro de energía y el cambio a energías más limpias, al tiempo que se proporciona un “salvavidas financiero” a los consumidores.
El informe advierte que el éxito de este tipo de decisiones dependerá de las bases de datos sociales del gobierno que les permitan identificar a los beneficiarios. Si no las tienen, algunas economías podrían enfrentar dificultad para implementarlas. Es el caso de los países donde los sistemas de prestaciones sociales tienen problemas debido a la alta informalidad o a la falta de capacidad institucional.
Sin embargo, para la OCDE, son problemas que se pueden superar con métodos digitales, como transferencias a cuentas bancarias a través de aplicaciones móviles y que se pusieron en marcha durante el Covid-19 para llegar a los trabajadores informales.
El llamado club de las buenas prácticas no es el único que ha sugerido apostarle a las transferencias, mientras los consumidores enfrentan la alta inflación. El Fondo Monetario Internacional ha dicho en al menos dos ocasiones este año que los gobiernos deben pensar en medidas específicas que protejan a las personas más vulnerables en un contexto de crecimiento más lento y precios más caros.
La calificadora de riesgo Moody’s advirtió que el alto costo de vida, que continuará presionando el bolsillo de los consumidores al menos hasta 2023, podría derivar en más malestar social en América Latina en un año marcado por protestas en países como Perú, Panamá y Ecuador.
