Bloomberg Opinión — Una vez que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, gastó dinero público para transportar por avión a unos 50 solicitantes de asilo venezolanos desde Texas hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts, el objetivo aparente (además de trollear y hacerse publicidad, por supuesto) era demostrar que los inmigrantes son una carga para los recursos del estado republicano. No obstante, su maniobra revela una corrupción política y cultural mucho más profunda que la que el gobernador pueda haber pretendido.
Por un lado, muestra que en Estados Unidos hay una élite de estados que ya no puede articular ni justificar sus propios privilegios (por ejemplo, vivir en una comunidad exclusiva como Martha’s Vineyard). Por otro lado, demuestra que la clase dirigente conservadora no tiene un plan real para arreglar el sistema de inmigración de EE.UU., que no funciona.
Analicemos Martha’s Vineyard, que tiene una población limitada de unos 16.000 habitantes, con una población de verano que supera los 100.000. Los inmuebles son muy caros. Además, la isla está estrictamente zonificada, lo que dificulta la construcción de muchas viviendas densas y de bajo coste.
Martha’s Vineyard no es mi estilo (preferiría estar en Los Ángeles rodeado de pupuserías de El Salvador; en la isla no hay ninguna), pero puedo ver sus atractivos. También admito que es perfectamente aceptable que la gente decida gastar su dinero duramente ganado en una casa cara en un barrio exclusivo.
Sin embargo, esa no es necesariamente la defensa que hacen los intelectuales de izquierda, en parte debido a su creciente énfasis en la retórica igualitaria y la desigualdad de ingresos. Sería bastante sorprendente que los ricos residentes de Martha’s Vineyard, que han votado a los demócratas en todas las elecciones presidenciales desde 1976, decidieran de repente abrazar a su Ayn Rand interior.
Los residentes de Vineyard fueron ciertamente muy amables y hospitalarios con los recién llegados antes de que fueran trasladados a tierra firme. Pero el altruismo sólo puede llegar hasta cierto punto. Un verdadero compromiso con el igualitarismo significaría la construcción de más viviendas asequibles, por ejemplo, haciendo posible que no sólo los inmigrantes sino también las personas con menos ingresos vivan y trabajen ahí.
Incluso antes de la modesta llegada de venezolanos, la isla era conocida por su extrema desigualdad de ingresos. Los salarios están por debajo de la media de Massachusetts y los gastos para vivir son prohibitivos. Estas realidades se derivan de las decisiones sobre el uso de la tierra tomadas por la población de la isla.
Consideremos ahora las ciudades fronterizas de Texas. La mayoría de estas ciudades son lugares relativamente baratos para vivir y tienen una considerable clase media-baja. Independientemente de los problemas que pueda crear la avalancha de inmigrantes a través de la frontera con México, al menos es más barato para el estado pagar su alquiler.
Por ello, el gobernador de Texas, Greg Abbott, no debería quejarse tan rápidamente de los problemas fronterizos. En cambio, debería reconocer que la inmigración ha sido bastante buena para Texas, al menos para grandes zonas. A estas zonas les puede ir bien (y les ha ido bien) centrándose en servicios y comodidades para la gente de menores ingresos, con el apoyo de una afluencia continua de población.
Ambas partes en este debate se dedican a una retórica hipócrita. Los residentes de Vineyard dicen que quieren ayudar, pero no están dispuestos a hacer los cambios a nivel local que serían más útiles. Los políticos de los estados rojos se quejan de lo que son, en definitiva, sus bendiciones.
La cuestión más importante, por supuesto, es que Estados Unidos tiene demasiados llegados que viven en el “limbo de la inmigración”. Pueden cruzar la frontera con una solicitud de asilo y luego vivir en el país mientras esperan que un sistema judicial lento y algo arbitrario atienda su solicitud. A Estados Unidos le iría mejor con un sistema de más aprobaciones de inmigración ex ante, y menos casos colgados ex post.
La mayoría de los inmigrantes llevados en autobús frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, por ejemplo, tienen un estatus legal incierto. Eso es una receta para problemas, ya que probablemente no sienten todavía que tienen un interés en el país y, mientras tanto, no pueden trabajar legalmente. Las personas con un estatus legal fijo, y un hogar y un trabajo para empezar, son menos propensas a tomar un avión o un autobús al azar ofrecido por extraños.
Quizá la presencia de tantos solicitantes de asilo procedentes de Venezuela convenza a algunos residentes ricos de la isla de los fracasos del socialismo. Más que eso, su viaje debería ser toda la prueba que cualquier estadounidense necesita de la absoluta disfuncionalidad del sistema de inmigración de EE.UU.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.
