La Paz — Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las plantaciones de hoja de coca en Bolivia van en aumento cada año. En 2019 se calculaban 25.500 hectáreas tras estar en 23.100 en 2018. El aumento que hay cada año es algo preocupante por los usos ilegales de la hoja de coca, pero para el partido oficialista la hoja de coca es materia prima para empresas estatales llenas de promesas que hasta ahora no se cumplen.
En junio pasado, el presidente boliviano Luis Arce celebró la creación de la empresa pública productiva de industrialización de Hoja de Coca Boliviana, Kokabol. La empresa aspira a producir, transformar y comercializar productos que deriven de la “hoja sagrada”. Pero con esta, en 13 años se ha invertido dinero de los bolivianos en tres empresas con el mismo objetivo. Las dos anteriores han terminado con números en rojo y maquinarias con edificios abandonados.
El gobierno del MAS viene desde 2008 intentando hacer productos con base en la hoja de coca. Por ejemplo: chizitos (bocaditos de queso), galletas, tortas, panetones, mates, dentríficos y distintos tipos de medicinas. Ninguno de estos tuvo éxito en el mercado boliviano y tampoco pudo ser exportado por las regulaciones sobre el consumo de hoja de coca que solo es permitido en Bolivia por un tema cultural y de tradición indígena.
Hace 13 años se inauguró en el Chapare la Empresa Boliviana de Coca (Ebococa) con una inversión de 11,2 millones de bolivianos. La planta arrancó actividades 4 años después con la producción de chizitos para el desayuno escolar de algunas poblaciones pero irónicamente dejó de producir por falta de materia prima.
En 2013 en Villa El Carmen, La Paz, se invirtieron 3,4 millones de bolivianos destinados a una planta que debía producir bimate con hojas de estevia y de coca. Se sabe que los edificios actualmente se usan para almacenar coca y no hay producción alguna.
Esta vez, la inversión en Kokabol asciende a unos 4 millones de dólares, exactamente 62,3 millones de bolivianos. Según el ministerio de generará 230 empleos directos y 1.150 indirectos. Para la diputada opositora, Luciana Campero estas empresas solo generan empleos para los militantes del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y además significan un gran gasto estatal.
“Son empresas que no generan rentabilidad. Y el problema radica en que no se está cumpliendo la ley de hoja de coca. Para justificar la plantación excesiva de hoja de coca el gobierno crea estas empresas que como hemos visto en el pasado son deficitarias y son solo maquillaje para el comercio ilegal de la hoja de coca del Chapare”, dijo la joven legisladora.
Campero se refiere a que la empresa va funcionar en Cochabamba, donde se ubica el Chapare, zona cocalera liderada por Evo Morales. Campero aclaró que llama mucho la atención que pongan una empresa en donde están la mayoría de las plantaciones ilegales y que no son usadas de manera cultural o tradicional, es decir, para el pijcheo (masticado).
En Bolivia hay dos zonas que producen hoja de coca: Los Yungas en La Paz, que produce un tipo de hoja que se usa en el masticado popular y tradicional y el Chapare, que produce una hoja de arbustos más grandes que según la diputada Campero, terminan en el mercado ilegal usado para el narcotráfico.
La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), ratifica el dato y dice que el 94% de la coca del Chapare no pasa por el mercado legal de Sacaba, en el departamento de Cochabamba.
“La actividad principal de KOKABOL es el desarrollo de la industria de la química básica de la hoja de coca boliviana y la producción de dentífrico. La nueva planta contará con laboratorios de investigación”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca cuando se presentó el proyecto.
Según el gobierno, Bolivia posee más de 1.700 plantas medicinales con propiedades nutricionales y la hoja de coca tiene 14 alcaloides que pueden ser aprovechados por sus propiedades medicinales.
Pero para el economista Dario Monasterio, “el estado ha mostrado que todas las empresas que administra dan malos resultados incluyendo una monopólica en la comercialización de los hidrocarburos como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esas pérdidas son asumidas por todos los bolivianos y son recursos que podrían ser utilizados en educación, salud y todo lo que necesita la gente”, dijo el analista.
“Todos sabemos que la hoja de coca es una sustancia controlada a nivel mundial. Ante ese escenario, es muy difícil que se pueda comercializar de manera internacional, por eso no es una empresa estratégica, ni una buena inversión. En casi 17 años del gobierno del MAS hemos visto empresas estatales que han generado déficit porque no se puede exportar hoja de coca. El estado no es buen empresario y el producto no es bueno”, criticó.
Para la legisladora Luciana Campero la fiscalización tanto de esta empresa estatal como de la zona cocalera del Chapare es algo urgente. “Nos gustaría ingresar a inspeccionar como diputados, pero no tenemos garantías de que saldremos de ahí con vida. Sabemos que ahí están los principales narcotraficantes del país y que es una zona donde ni la misma policía tiene control. Así nadie puede saber que está pasando realmente ahí dentro”, dijo.
