Bogotá — El Gobierno colombiano llegó a un acuerdo este viernes para mitigar el incremento de las tarifas de la energía eléctrica, principalmente en la región Caribe, por lo que tanto los generadores como los distribuidores han pactado renegociar los contratos, informó el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.
Tras llegar a un acuerdo con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y las empresas del sector, el Gobierno ha informado que los colombianos verán reducciones en su factura mensual de energía eléctrica antes de finalizar este año, probablemente en noviembre.
Las acciones constan de “un paquete regulatorio con diferentes medidas técnicas con la finalidad de iniciar el proceso de reducción de las tarifas de energía eléctrica”.
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La inflación en Colombia alcanzó en agosto una variación del 10,84% anual y sus principales motores en los últimos 12 meses fueron los precios de los alimentos y los de los servicios públicos.
La CREG emitió un paquete de tres resoluciones y la primera de estas (la 701 017), proyectada a 12 meses, apunta a involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas y aliviar la carga de los comercializadores, que son los que recaudan el dinero de las tarifas.
Se les permitirá “el diferimiento de, al menos, el 20% de las obligaciones desde septiembre a diciembre de 2022 con los generadores, transmisores y distribuidores, cuyo período para pagar los dineros diferidos es de 18 meses”, detalló el Ministerio de Minas y Energía Colombia.
Agregó que estas modificaciones serán reportadas a la Superintendencia de Servicios Públicos. “La tasa que regirá las obligaciones diferidas será la menor entre la que reporta el administrador de mercado XM y una preferencial”, apuntó.
De otra parte, se busca renegociar los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores, lo que incluye la modificación de tiempos de pago y los períodos de consumo en 12 meses.
Según el Ministerio de Minas y Energía, “las variaciones de estos contratos serán reportadas a la Superservicios y a la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de XM”.
Entre tanto, la Resolución 701 018, que entra en vigor en cinco meses, busca optimizar la operación de las plantas termoeléctricas, según el número de unidades y la potencia de cada una de ellas.
Y, por último, la Resolución 701 019, también proyectada a 12 meses, “determinará el porcentaje de variación de la opción tarifaria para el primer mes después de que se apruebe la resolución”, de acuerdo al Gobierno.
“Luego de dicho primer mes, se definirá la tasa de crecimiento de la opción tarifaria que antes no podía ser inferior a 0,6 en un valor igual a 0 ó negativo”, añadió
Asimismo, se pretende ajustar los cargos de distribución y transmisión con el Índice de Precios al Productor (IPP) de diciembre de 2020 y “hacia delante y de manera transitoria, una vez se defina un indicador del sector, los cargos se van a actualizar con la menor variación entre el IPC, el IPP o un valor que presenten los operadores”.
“Esta es una problemática heredada e insostenible, pero hoy podemos decir con orgullo que este Gobierno plantea soluciones y no seguirá aplazando los problemas. Estos alivios son el primer peldaño de un proceso de estabilización en el que el usuario final es el centro”, dijo en un comunicado la jefa de ese despacho, Irene Vélez.
El lunes Fitch Ratings advirtió que “los esfuerzos políticos para contener el aumento de las tarifas eléctricas pueden indicar una mayor intervención del Gobierno y podrían debilitar los perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos colombianas”.
De acuerdo con Fitch, “las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la presión inflacionaria en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al impedir el aumento de los precios para compensar los crecientes costos de producción”.
“Una mayor interferencia del Gobierno en las regulaciones de las empresas de servicios públicos, un marco regulatorio sesgado hacia las necesidades de los usuarios finales a expensas de los participantes del sector y/o un retraso significativo en la recuperación de los costes de capital y operación son factores que se consideran incompatibles con los entornos regulatorios de grado de inversión”, apuntó.
