Bloomberg Línea — Diferentes organizaciones civiles se unieron en una conferencia de prensa este miércoles en las afueras de la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Miramar, a 25 minutos de Miami, para exigir que la administración del presidente Joe Biden designe y extienda el estatus de protección temporal o TPS para Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Activistas del Comité de Servicio de Amigos Americanos de Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida y el Círculo de Miramar de Florida abogaron que se extiendan los TPS que benefician a ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua y que se designe a Guatemala como beneficiario de ese alivio migratorio.
El TPS de Nicaragua y Honduras entró en vigor en enero de 1999, meses después del paso del huracán Mitch, y en El Salvador en 2001, en respuesta a un terremoto de magnitud 7.6 en la escala de Richter que ocasionó gran destrucción en 172 de los 262 municipios del país.
En cumplimiento de una orden judicial de 2021, los Documento de Autorización de Empleo (EAD) que poseen los beneficiarios del programa humanitario fueron extendidos automáticamente hasta el 31 de diciembre de este año.
“El TPS es una protección que permitirá a las personas vivir su vida con dignidad”, dijo Yareliz Méndez Zamora, miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida, durante la conferencia de prensa que también se transmitió por Facebook. “Hay una necesidad de una respuesta humanitaria para la situación en Centroamérica y la respuesta es una extensión y redesignación del TPS”, agregó.
Más sectores abogan
Hasta el 20 de septiembre, Alianza Americas, una red que reúne a 58 organizaciones lideradas por personas inmigrantes en 18 estados de EE.UU. estará desarrollando una serie de actividades para hacer hincapié sobre la urgencia de proteger a todas las personas de origen centroamericano a través del TPS.
Como parte de la campaña, la organización miembro Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL), reunirá a familias salvadoreñas cuyos parientes viven en Estados Unidos y son beneficiarios del TPS, junto a personas líderes comunitarios para pedir al gobierno salvadoreño que enfatice a la administración Biden la importancia de redesignar el programa humanitario TPS para El Salvador y a los países vecinos.
También la Fundación 15 de septiembre llevará a cabo el 19 de septiembre una marcha de hondureños en Washington D.C. para abogar por un nuevo TPS para el país. Según estimaciones, son cerca de 50.000 hondureños beneficiados con el programa.
La comunidad migrante en EE.UU. espera que la presidenta Xiomara Castro se refiera al tema durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, a desarrollarse la próxima semana en Nueva York. Entre otros puntos de la agenda, la mandataria también se reunirá con el secretario general, António Guterres, adelantó la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.
“La inmigración en relación al Estatus de Protección Temporal de los hondureños y el avance en el sistema consular en Estados Unidos es muy importante”, dijo Gilda McNeil, integrante del Unión Honduras Comunitaria, en Los Ángeles.
A finales de julio, la presidenta Castro recibió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en Tegucigalpa, con quien habló sobre migración y cooperación entre los dos países. Las partes discutieron una solicitud de ampliación del TPS e incluir a las familias afectadas por los huracanes Eta y Iota de noviembre de 2020.
Más acciones
También los comités de la Alianza Nacional de TPS marcharán el 23 de septiembre en Washington D.C., para exigir la designación y extensión del programa humanitario para los cuatro países y “para cualquier comunidad migrante/refugiada que necesite protección inmediata”.
La Alianza Nacional de TPS está formada y dirigida por beneficiarios del programa de todo Estados Unidos. Son más de 40 comités en ese país más de diez organizaciones, grupos y sindicatos sin fines de lucro que brindan apoyo.
De acuerdo con la iniciativa, muchos titulares de TPS han estado viviendo y trabajando en los Estados Unidos durante años, algunos con más de 20 o 30 años bajo el estatus. Tienen familias, hijos ciudadanos estadounidenses y son propietarios de viviendas y dueños de negocios.
Sin embargo, la mayoría no tienen otro alivio de inmigración disponible para ellos, “a pesar de que muchos podrían o deberían haber recibido asilo o estatus de refugiado por parte de los Estados Unidos. Creemos que ninguna familia, incluidas las familias TPS, no deben separarse”.
