Santiago — Fitch Ratings asegura que, aunque el “riesgo inminente” fue superado tras el rechazo a una propuesta de Constitución en el referéndum, algunos o todos los “temas controvertidos” podrían reintroducirse en próximas rondas de actualizaciones de la carta.
“La derrota del referéndum no pone fin al proceso de reforma constitucional y la incertidumbre seguirá pesando sobre sectores clave, así como sobre el crecimiento económico”, indica el informe de la agencia calificadora.
La agencia resalta que el texto rechazado en las urnas de votación incluía varias reformas que podrían haber tenido un impacto en las clasificaciones corporativas del país. Según el análisis de Fitch, sería probable que algunos de los temas que fueron controversiales sufran modificaciones en un eventual proceso constituyente para lograr una mayor aprobación pública en un futuro plebiscito.
“Algunas propuestas que generaron inquietudes son la definición poco clara de ‘precio justo’ en el programa de compensación propuesto para los activos expropiados”, señala el documento.
También destaca que otro aspecto fue la imposibilidad de comercializar los derechos de agua. “Otros incluyen fortalecer los sindicatos y otorgarles el derecho a participar en la toma de decisiones corporativas. La independencia de los gobiernos locales para emitir deuda y crear empresas es otra”, agrega.
El proyecto rechazado planteó inquietudes sobre algunos aspectos fundamentales, entre ellos el papel que desempeñarán los pueblos indígenas en la aprobación de grandes planes en los sectores minero, eléctrico y forestal; un nuevo sistema de permisos temporales, revocables y no negociables que determinen el uso del agua; un régimen de compensación para los propietarios de bienes expropiados; y el papel del sector privado en los seguros de salud y pensiones.
Una propuesta de Constitución, elaborada por una Convención, fue rechazada por más de un 60% de los electores el 4 de septiembre. Pese a la aplastante derrota a la opción “Apruebo”, las encuestas apuntan a que todavía los chilenos quieren una nueva Carta Magna que sustituya a la actual, redactada en 1980 (dictadura militar) y que experimentó una profunda reforma durante el gobierno de Ricardo Lagos.
