Bloomberg — Los Gobiernos a lo largo de todo el mundo están bajo fuertes presiones para mitigar el golpe causado por el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles. En América Latina, la respuesta a esta situación presenta el riesgo de encender un polvorín.
A lo largo de toda la región, niveles altos y persistentes de inflación están ampliando la brecha entre ricos y pobres en la que ya es la región más desigual del mundo. Esto también implica mayores niveles de agitación política, lo que podría ser un anticipo de lo que se avecina a nivel global medida que los encargados de la formulación de políticas luchan por satisfacer las demandas de elevar el gasto social.
En toda América Latina, la clase media está viendo como sus expectativas se erosionan. Para los más pobres de la sociedad, la más reciente ola de aumentos de precios al consumidor será un punto porcentual superior que la de los más ricos, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Un tercio de toda la población de la región está a punto de caer en situación de pobreza, definida como aquellos que viven con US$1,90 al día.
La evidencia de que el impacto de la inflación pesa más sobre los más pobres es que ya se está trasladando a situaciones de malestar social.
En Panamá, manifestantes que bloquearon carreteras y puertos en julio lograron que se congelaran los precios de 72 bienes esenciales. Huelgas observadas en Perú el mismo mes forzaron una promesa de más ayuda estatal para los pobres. El Gobierno de Ecuador está en conversaciones con organizaciones indígenas después de que estallaran disturbios por el aumento del costo de vida. Una frase común es que ahora solo los ricos pueden permitirse incluso alimentos básicos.
Aumentos de las tasas de interés de 250 puntos básicos o más que este año han realizado al menos siete de las naciones de la región aún no han marcado una gran diferencia, lo que ha llevado a los Gobiernos a implementar recortes de impuestos y programas sociales a expensas de las frágiles finanzas públicas.
Sin embargo, intentar solucionar el problema con dinero podría resultar contraproducente al afectar las monedas y aumentar aún más los precios de los alimentos, según Adriana Dupita, economista para América Latina de Bloomberg Economics.
“Los líderes latinoamericanos están luchando por calmar la angustia de la población por los precios con las herramientas que tienen a mano”, dijo.
Los votantes en Perú, Chile y Colombia han optado por un cambio radical en los últimos 18 meses, luego de que la pandemia encendiera la ira por desigualdades de larga data. La inflación desenfrenada en medio de la coyuntura causada por las interrupciones en las cadenas de suministro y la invasión de Rusia a Ucrania están agravando esas quejas.
“Esta ola inflacionaria es aún más dañina para los niveles de pobreza y la distribución del ingreso”, dijo Ernesto Revilla, economista jefe para la región de Citigroup (C). “Está claro que ahora hay mayores probabilidades de disturbios”.
Los crecientes precios dominan la conversación de cara a las elecciones en Brasil, donde el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta derrotar al presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, cuyo primer mandato se vio ensombrecido por su manejo de la pandemia —que cobró la vida de más de 650.000 brasileños—, se percató de forma tardía de la realidad que sufre la gente y, con ella, sus posibilidades de reelección. En agosto impulsó un paquete de US$8.000 millones en forma de pagos en efectivo ampliados a los más necesitados y recortes de impuestos sobre bienes, incluida la gasolina.
Pero puede que ya sea demasiado tarde para convencer a Jessica Couto, de 32 años.
Desempleada, depende de trabajos informales de limpieza que en un buen mes pueden generarle 500 reales (US$97). Eso le permite pagar el gas para cocinar, arroz, frijoles y aceite. De vez en cuando compra huevos y salchichas. De esa canasta de consumo, solo los frijoles y el arroz son más baratos que el año pasado, y eso apenas alcanza para compensar el alza de 18% del gas para cocinar.
Los efectos de tales aumentos se sienten de manera desproporcionada entre los pobres, que gastan casi un tercio de su presupuesto mensual en alimentos y bebidas. Para los más ricos, este monto corresponde al 13% de su presupuesto. El hambre ahora afecta a 33 millones de personas en Brasil, la mayor cantidad desde al menos 2004.
Eso es dinamita política en un año electoral: Lula lidera todas las encuestas antes de la primera vuelta del 2 de octubre.
Es posible que la inflación en Brasil haya alcanzado su punto máximo, luego de reducirse a un solo dígito a mediados de agosto por primera vez en un año. Bolsonaro apuesta a que, cuando sus medidas entren en vigor, estas ayudarán a reducir la brecha con Lula, quien llamó a los brasileños a “tomar el dinero extra, comprar cosas para comer y votar por mí”. Aun así, las mujeres, sobre todo las mujeres negras, se encuentran entre las más afectadas por la desigualdad, y Bolsonaro está luchando por atraer a ese grupo demográfico.
Couto dice que espera que las cosas mejoren cuando reciba un cheque de pago mensual de Auxilio Brasil, un programa de ayuda para los más pobres creado bajo el Gobierno de Lula y complementado con 200 reales bajo el mandato de Bolsonaro en un esfuerzo por mejorar sus posibilidades de reelección. El cheque ayudará, dice, pero no lo suficiente como para asegurar su voto. En cualquier caso, todavía está esperando a ver si es elegible para recibir el beneficio.
Jefferson Nascimento, coordinador de economía de Oxfam Brasil, utiliza una analogía con el fútbol para describir la dinámica de la campaña. “El Gobierno trata de demostrar que está respondiendo a esas demandas cuando han pasado 45 minutos de la segunda mitad del partido”, dijo. “Simplemente no queda tiempo suficiente”.
El tiempo es un lujo del que también carece el recientemente investido presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Petro tomo posesión en agosto como el primer presidente izquierdista de su país y debe afrontar muchos problemas, pero pocos son más intrincados que la crisis de la gasolina potenciada por la inflación.
Durante décadas, el contrabando permitió a los colombianos en la región fronteriza del noreste disfrutar del combustible barato de Venezuela, donde se vendía a una fracción de centavo de dólar por galón, el precio más bajo del mundo. Cuando el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump endureció las sanciones contra Venezuela en 2019, las refinerías se paralizaron por falta de repuestos y la gasolina de contrabando comenzó a fluir en la dirección opuesta.
Hoy, un bidón de gasolina de 23 litros se puede comprar por unos US$14 del lado colombiano y revenderse por US$37 en Venezuela, según un traficante de combustible que habló cerca de la entrada de una vía de contrabando en el desierto de la Guajira, a unos cientos de metros de la frontera, donde los jóvenes en motocicletas corren a lo largo de las rutas para sacar provecho de las diferencias de precios de todo, desde la Coca Cola hasta las drogas ilegales y las cajas de hielo llenas de pescado fresco.
“La Guajira siempre ha vivido del contrabando”, dijo el hombre, quien pidió no ser identificado debido a la naturaleza de sus actividades. “Nadie intenta detenernos, solo nos piden algo de dinero”.
Petro asumió con una inflación del 10,2%, la más alta en más de dos décadas. La inflación para los más pobres es aún más alta, del 12,7%, y puede estar a punto de empeorar, ya que el Gobierno busca eliminar los subsidios a la gasolina que, según el Ministerio de Hacienda, cuestan el equivalente a unos 3 puntos porcentuales del producto interno bruto por año.
Altos funcionarios del ministerio dicen que los subsidios introducidos por el Gobierno anterior solo benefician a las guerrillas y los clanes familiares que controlan el contrabando, y que tendrán que desaparecer si Petro quiere poder cumplir con las promesas de campaña de aumentar los pagos de asistencia social. Pero sabe que es un gran riesgo solo unas semanas después de que en Ecuador, Panamá y Perú estallaran disturbios antigubernamentales: la misma ira contra la inflación que ayudó a Petro a ganar la presidencia fácilmente podría volverse contra él.
En Riohacha, una ciudad en la costa caribeña de Colombia cerca de la frontera con Venezuela, la crisis del costo de la vida ya está golpeando duramente a la gente. En el Mercado Viejo, donde las cabras recién sacrificadas cuelgan de los ganchos, los compradores se quejan del alto costo de los alimentos básicos como el aceite de cocina, los tomates, los plátanos y el arroz. El café se vende en bolsas de 50 gramos y el aceite en botellas de 220 mililitros a clientes que no pueden permitirse comprar más.
“Hay que ser millonario para comer huevos en estos días”, dijo Angie Mozo, de 23 años, compradora del mercado.
Los precios de los combustibles se incluyen en el costo de casi todos los demás bienes físicos, mientras que los grupos más afectados (los taxistas y los camioneros) son precisamente las personas con más poder para paralizar las carreteras y las ciudades. Las expectativas de que Petro actúe son altas.
“Esperamos un cambio para mejor, para que todo mejore”, dijo Daniel Lorgia, de 21 años, un votante de Petro que vende fruta en la playa. Una caja de bananos que costaba alrededor de 25.000 pesos (US$6) al por mayor a principios de año ahora cuesta 40.000; el costo de los melones se ha duplicado, dijo.
“La mayoría de la gente aquí votó por Petro para ver si bajan los precios”, dijo Nelson Delgado, dueño de un puesto que vende frutas y verduras en el mercado. No dijo qué pasaría si no lo hacen.
La inflación no solo golpea a América Latina. En Europa, que no ha experimentado aumentos de precios como estos desde la década de 1970, se han llevado a cabo protestas que exigen la intervención gubernamental desde Londres hasta Praga. Una encuesta global realizada para Open Society Foundations en julio y agosto encontró que el 80% de los encuestados en Brasil, Colombia y México coincidieron en que “a menudo les preocupa” que su familia pase hambre, seguidos por el 77% en África subsahariana y el 56% en India. Incluso en EE.UU., el 39% dijo que estaba preocupado por el hambre hasta cierto punto.
En México, la proporción fue del 83%. Sin embargo, el Gobierno ha logrado convencer a los votantes de que es la mejor opción que tienen.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ganó una reputación de austeridad desde su aplastante victoria en 2018 y gastó una fracción de lo que gastaron sus pares durante la pandemia. Pero ha gastado fuertemente para combatir la explosión de los costos al consumidor, presupuestando cerca de US$22.000 millones para subsidios a la gasolina este año y reorientando el gasto social.
Su índice de aprobación se ha mantenido por encima del 50% y su partido, Morena, está compitiendo por ganarse una de las últimas áreas en manos de la oposición: el estado de México. En lo que es un bastión del Partido Revolucionario Institucional, si Morena gana las elecciones para gobernador del próximo año en dicho estado, sería una señal para muchos de que la oposición está muerta.
En 2017, personas en el estado de México bloquearon carreteras y saquearon supermercados en respuesta a un aumento en los precios de la gasolina. Hoy no existe tal indignación, pero eso no significa que la gente no esté pasando por dificultades.
María Ofelia Cobos García, de 63 años, suspira mientras observa mariscos salados en un mercado de Toluca, la capital del estado. El precio del camarón importado del norte ha subido a US$19 el kilo y el de los charales, del tamaño de un dedo, ha aumentado un 75%. Después de meses en números rojos, su jefe le recortó el salario.
“Está triste el mercado. No se vende, se queda todo el producto”, dijo. En lo personal, no creo que es por ese señor que están subiendo las cosas”.
López Obrador ha asegurado a los votantes todos los días que a su predecesor le habría ido mucho peor en el clima económico actual. Máximo Jaramillo-Molina, del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, señala que a pesar de su generosidad percibida, el presidente no gastó más, sino que distribuyó la ayuda más ampliamente, lo que significa que los más pobres terminaron recibiendo menos.
En partes del estado de México, incluidas las áreas industriales más prósperas y de clase media ubicadas junto a Ciudad de México, parte de su encanto se ha desvanecido. En Naucalpan, donde los vecinos votaron a nivel local por Morena en 2018, volvieron a la oposición en 2021.
Bertha Bennetts, de 56 años, que dirige un restaurante argentino en Naucalpan, dejó de repartir limones a menos que la gente los solicite y pidió a sus vendedores de carne y vino que le postergaran los pagos en ausencia de préstamos o asistencia del Gobierno. Otras personas cuyos negocios se han visto golpeados se han desilusionado con las autoridades electas, pero ella no iría tan lejos como para predecir el resultado de la votación del próximo año. Ella esperaba que cualquier Gobierno fuera empático y ayudara a las personas a responder a la inflación.
“Si la mayoría de las personas no está contenta, va a buscar un cambio”, dijo.
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