Bogotá — En medio del trámite del proyecto de ley 090 de 2022, que tiene por objetivo modificar aspectos del Sistema General de Riesgos Laborales, Fasecolda lanza una propuesta: bajar las tarifas del pago que hacen las administradoras de seguridad social a la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes), argumentando que en el caso de las micro y pequeñas empresas el costo resulta muy alto. Lo que resta eficiencia al sistema.
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Para el gremio la PILA representa un elevado porcentaje de la cotización para estas compañías y las clases de riesgo 1, 2 y 3. Por ejemplo: el 77,5% de las cotizaciones de las compañías con uno o dos cotizantes y clase de riesgo 1 se consume en el costo del recaudo y el 22,5% restante se debe distribuir entre los demás gastos administrativos, atención a siniestros, promoción y prevención y el Fondo de Riesgos Laborales.
Además, esta problemática de que el costo del recaudo de las cotizaciones que se realizan mediante la PILA sea un costo fijo para las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) ha generado distorsiones en la estructura del mercado del sistema por falta de regulación. “Colombia es un país de micro y pequeña empresa, y el costo de recaudo como porcentaje de la cotización asciende a $77 pesos de cada $100, para las empresas de 1 o 2 trabajadores de clase de riesgo 1 con ingreso base de cotización de salario mínimo. Eso debería regularse, no empobrece el sistema pero los recursos de la seguridad social tienen que destinarse a eso precisamente y no al pago de PILA”, le dijo a Bloomberg Línea Germán Ponce, director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda.
A lo que agregó que si el costo de la PILA fuera proporcional o más coherente con la estructura de las ARL, de las empresas y del monto de la cotización, habría mejor distribución de recursos.
De acuerdo con cifras de Acopi, las micro, pequeñas y medianas empresas representan 98% del sector productivo total del país. Y de ese total, las microempresas representan cerca del 90%.
Bajar el límite de los gastos de administración de las ARL
El proyecto de ley 090 de 2022 radicado en la Cámara de Representantes y cuya autora es la representante de la Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez, pretende modificar el límite máximo de los gastos de administración de los cuales pueden hacer uso las administradoras de riesgos laborales, estableciendo que de ninguna manera dicho porcentaje podrá exceder el 8%.
Actualmente ese tope máximo legal está en 23% y desde al año 2016 no supera el 17% de las cotizaciones, ubicándose en junio de 2022 en 13,2%, según información de Fasecolda.
La representante Velásquez señaló que con esta medida “se logra que se invierta más en las actividades de prevención de riesgos laborales y en las personas. Lo que estamos diciendo es, de manera objetiva, no se necesita la intermediación, que hace además que ese tope hoy sea tan alto. Ese proceso se cobra aparte, eso es muy costoso. ¿Por qué tengo yo que pagar un porcentaje de intermediación cuando la administradora de riesgos laborales puede hacerlo directamente?”.
Por eso otra de las medidas que trae este proyecto de ley es la eliminación de la labor de intermediación en el ramo de los riesgos laborales.
Sin embargo, y refiriéndose específicamente a los gastos de administración, el directivo de Fasecolda manifestó que “no es claro de qué manera bajando el tope de gastos se van a optimizar los recursos. Ninguna compañía tiene el incentivo de gastarse ese 23% porque si a mí como ARL me pagan para bajar siniestros y ampliar afiliaciones, mi esfuerzo tiene que estar en promoción y prevención, entonces si yo como ARL no hago una buena gestión en términos misionales, no hay ningún rescate del Gobierno. Yo pago mi pérdida patrimonial por mi mala gestión con mi propia plata”.
Y en esa línea añadió que “si se quitan gastos administrativos y se deja un tope de 8%, pues lo que se hace es restarnos la capacidad de poder operar eficientemente. En lugar de proteger, esa medida desprotege porque estamos hablando de un sistema que está haciendo la tarea, la siniestralidad sí está bajando”.
Para Fasecolda, la optimización de los gastos administrativos ha permitido que las ARL destinen recursos a otros rubros como la inversión en promoción y prevención, y ello, se evidencia en la correlación negativa entre las dos variables: ha medida que se han reducido los gastos administrativos se ha incrementado la inversión en esos rubros. Asimismo, el gremio argumenta que los gastos administrativos de riesgos laborales son inferiores al promedio del sector.
Otro de los cambios que busca este proyecto de ley es que las ARL entreguen información de su gestión, “hoy no rinden ningún informe de rendición de cuentas al Congreso y se está pidiendo que ante las comisiones séptimas, tanto de Cámara como de Senado, se entregue un informe cada año para poder conocer el grado de eficiencia y eficacia frente a lo que están haciendo, no solo en el manejo de los recursos sino de las acciones para la prevención de riesgos laborales”, expresó la congresista.
Igualmente, que una vez se encuentre plenamente demostrado por una autoridad competente que las compañías administradoras de riesgos laborales han incurrido de manera recurrente en el uso indebido de recursos propios del Sistema General de Riesgos Laborales, les quedará estrictamente prohibido su ejercicio en este ramo, so pena de las acciones administrativas y legales a las que haya lugar.
