Bogotá — La relación entre los administradores del Grupo Empresarial Antioqueño y la familia Gilinski sigue escalando en nivel de complejidad.
En las últimas semanas se han conocido detalles se la batalla legal que ha habido detrás de las ofertas públicas de adquisición (OPA) que han lanzado los Gilinski para quedarse con el control del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Por ejemplo, el viernes 2 de septiembre se conoció la investigación de las superintendencias de Sociedades y Financiera para determinar si el GEA está actuando como grupo empresarial o no.
Además, ha habido reclamos de Jaime Gilinski en las asambleas sobre el hallazgo del revisor fiscal de tres contratos: Munich Re, desde 2001 como accionista de Suramericana; Grupo Bolívar, desde 2011, en SURA Asset Management y Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec (CDPQ), desde 2019, también por su inversión en SURA Asset Management, que no habían sido reportados con anterioridad. Por estos hechos, según la revista Semana, hay un grupo de accionistas minoritarios que preparan sendas demandas civiles y penales contra los administradores del Grupo Sura por presunto fraude contable.
Así mismo, la misma publicación -de propiedad de Gabriel Gilinski- reveló más de 100 documentos en su página web en los que se muestra la actividad de los abogados del GEA para frenar el plan de los banqueros caleños.
En uno de los documentos llama la atención una demanda del Grupo de Inversiones Suramericana contra la Superintendencia Nacional de Salud para anular los permisos que concedió para que Gilinski pudiera formular las ofertas por sus acciones.
El fondo de la demanda busca que un juez le quite a la familia Gilinski las acciones del Grupo Sura que compró a través de seis ofertas públicas de adquisición en el mercado de valores colombiano. Es por eso que la defensa del Grupo Sura pide anular la resolución que expidió la SuperSalud con la que Giilinski quedó facultado para presentar la OPA por el Grupo Sura, que es a su vez dueño de EPS Sura.
La demanda también pretende declarar nula la resolución con la se resolvió el recurso de reposición presentado por EPS Sura con el propósito de impedir que se concedieran los permisos para que Gilinski pujara.
Con ello, Sura pretende que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declare que las autorizaciones expedidas por la SuperSalud, afectaron y aún hoy afectan, los derechos de Grupo Sura y EPS Sura y que ello contrajo daños patrimoniales que hoy persisten.
La demanda le solicita a los magistrados que se condene a la SuperSalud a reparar tanto al Grupo Sura como a EPS Sura todos los daños que ellas han experimentado, siguen experimentando y llegarán a experimentar como consecuencia de la expedición y de la ejecución de los actos administrativos cuya nulidad se pretende.
Sura considera que la expedición de dichos actos administrativos les ocasionó a la empresa y a la EPS una afectación reputacional negativa por la forma que se aprobaron las OPA con que Gilinski entró como accionista del Grupo Sura.
Además, asegura que los actos administrativos de la SuperSalud también ocasionaron dificultades que se vienen generando para la operación de empresas que tienen sede en otros países y en las cuales Grupo Sura tiene participación accionaria.
Así mismo, advierte Sura que por dichos actos existen riesgos de que esas empresas sean sancionadas específicamente por los órganos de supervisión, por la forma en la que fueron aprobadas las OPA formuladas por Gilinski para la compra de acciones de Grupo Sura, demanda que aún tiene que resolver el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Incluso, este litigio podría llegar al Consejo de Estado.
Así como el Grupo Sura ha interpuesto demandas, altas fuentes de las superintendencias le dijeron a Bloomberg Línea que las acciones legales, que van desde derechos de petición, recursos y cartas, han sido la constante desde diciembre del 2021 tanto del lado del GEA como de parte de los abogados de los Gilinski.
Bloomberg Línea le preguntó al Grupo Sura sobre la demanda contra la SuperSalud y los otros documentos revelados por Semana, y respondieron que están evaluando internamente si hay un pronunciamiento al respecto.
No obstante, cabe recordar que el sábado 3 de septiembre, con ocasión de la investigación de las Supersociedades y la Superfinanciera, el presidente de Sura, Gonzalo Pérez, envió un correo a los empleados en la que decía que había una campaña en medios de comunicación y en redes sociales para afectar la reputación de la organización.
