Buenos Aires — El plan para fortalecer las reservas ya está en marcha. Tras anunciar el domingo el nuevo dólar soja de $200, el ministro de Economía, Sergio Massa, emprendió viaje hacia los Estados Unidos para reunirse con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la segunda revisión del programa de facilidades extendidas acordado este año.
La primera buena noticia en términos de fortalecer las alicaídas reservas del Banco Central (BCRA) no tardó en llegar. Este martes por la tarde, tras la reunión de la misión argentina con Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se anunció la reapertura de la relación entre Argentina y el organismo multilateral, que implica el desembolso de US$1.200 millones de libre disponibilidad en lo que resta del año, US$ 400 millones más que los comprometidos inicialmente.
Pero, estos no son los únicos fondos que el Gobierno tiene en el radar. Si bien la prioridad de la misión argentina será que el organismo garantice el desembolso de US$3.900 millones tras la revisión de las metas correspondientes al tercer trimestre, el Gobierno mira de reojo también el acceso a una nueva línea de financiamiento del FMI que implicaría el ingreso de hasta US$1.300 millones más para las arcas del Banco Central.
Se trata del Fondo Fiduciario de Resiliencia y Sostenibilidad (FFRS), creado por el organismo en mayo de 2022 con los Derechos Especiales de Giro (DEG) no utilizados el año pasado por los países desarrollados, tras la asignación de US$ 650.000 millones para hacer frente a la pandemia.
Si bien desde el equipo económico marcan que todavía no está en agenda poner sobre la mesa el acceso a esta nueva línea de crédito, ya que no está dentro de los temas a tratar en la revisión, la intención del Gobierno argentino de acceder a esos fondos quedó manifiesta hace dos semanas, cuando la portavoz Gabriela Cerruti dijo en su habitual conferencia de prensa que se trata de una línea “que Argentina ha pedido, ha impulsado, ha empujado y que se está concretando”.
Sin embargo, aclaró que “no se trata de un préstamo” ya que “es un nuevo mecanismo de financiamiento internacional a partir de los DEG para aquellos países que más lo necesiten”.
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Sin alivio inmediato
El problema es que estos fondos no ingresarían hasta el año próximo, por lo que no aliviarían el estado actual de escasez de reservas. Así lo reflejó un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que proyectó que “los primeros desembolsos podrían llegar a concretarse recién a partir de 2023″.
Es que según explica el trabajo, “aún deben cumplirse algunos requisitos antes de que los primeros préstamos puedan efectivizarse”.
Para comenzar a operar, marca la OPC, se requiere que el FFRS cuente con una masa crítica de recursos provenientes de una base amplia de aportantes con posiciones externas sólidas. “Dada la demanda proyectada de préstamos y las reservas de liquidez requeridas, el FMI estima que se necesitarían aportes por aproximadamente US$45.000 millones”, dice el informe.
Por ello, agrega el trabajo, es que el FMI proyecta que hacia fines de 2022 se cumplirían los requisitos para dar comienzo a las operaciones, y que recién a partir de ese momento los países elegibles podrían comenzar a solicitar acceso al financiamiento del RSF.
Esto cobra especial relevancia teniendo en cuenta que la mayoría de las estimaciones privadas ubican a las reservas netas en torno a los US$1.000 millones. EcoGo, por caso, las estimó en su último informe en US$1.200 millones, lejos de los US$6.400 millones que deberían alcanzar a fin de septiembre para cumplir con la meta de acumulación pactada con el FMI.
Países elegibles y montos máximos
El financiamiento del FFRS ofrece tasas de interés bajas y plazos de repago más extensos, a 20 años con un período de gracia de diez años. El monto de cada préstamo tendrá un límite máximo equivalente al 150% de la cuota del país en el FMI o DEG 1.000 millones (US$1.300 millones), lo que sea menor. De esta manera, la Argentina podría solicitar financiamiento por hasta US$1.300 millones.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, tres cuartas partes de los miembros del FMI resultan elegibles para el RSF. “La selección de países elegibles se basa en el ingreso per cápita y la población del país. La lista inicial incluye 143 países cuyo Producto Nacional Bruto per cápita en 2020 fue inferior a US$11.750 y/o tienen una población de menos de 1,5 millones de personas y su PNB per cápita fue menor a US$29.375″, detallan.
Y subraya que, para acceder al financiamiento, los países deben contar con un programa activo con el FMI, presentar niveles de deuda sostenibles y una adecuada capacidad de repago.
De momento, los países que ya manifestaron interés por solicitar financiamiento del RSF son Costa Rica y Bangladesh, aunque Ecuador también estaría contemplando hacerlo.
Si bien, al igual que el resto de los programas del FMI, el RSF no estará afectado a proyectos de inversión específicos, inicialmente se prevé que apoye reformas destinadas a enfrentar los efectos del cambio climático y a fortalecer la preparación frente a pandemias. Pero, el dinero es fungible y esta nueva línea de crédito podría ayudar a mejorar el nivel de reservas, aunque no en el corto plazo.
