Después de la crisis del 2020 los precios han vuelto a subir, en 2021 tuvieron un repunte significativo, pero en 2022 la cosa ha sido a otro precio con inflaciones históricas que ya se acercan al 11% anual, muy lejanas del 2% o 4% al que le apunta el Banco de la República como un rango aceptable para la economía nacional.
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Aunque en agosto la inflación anual llegó a 10,84%, por clases sociales el panorama es bien distinto y distante. La inflación para los hogares pobres y vulnerables fue de 12,7% y 12,5% respectivamente, mientras que para aquellos con altos ingresos fue de 9,28%, inferior al promedio nacional, según datos del Dane.
Lo anterior pone sobre la mesa un discusión importante y es que la inflación, entendida también como la pérdida del poder adquisitivo de las familias, traerá más pobreza y los datos “viejos” harán aún más difícil la salida.
Los datos “viejos” podrían pasarle factura a la pobreza...
Según expertos, una de las dificultades en la medición de pobreza y por ende en las acciones para contrarrestarla es que se hacen mediciones de pobreza cada año y en situaciones como la de ahora, en las que la inflación está haciendo estragos en los bolsillos de la gente, tener una foto vieja de pobreza dificulta la toma de decisiones. Por citar un ejemplo, hasta marzo de 2023 se conocerá cuánta gente pobre tuvo el país en 2022, lo cual podría ser ya muy tarde para actuar frente a la inflación.
¿Qué se podría hacer?
En línea con lo expuesto Roberto Angulo, socio fundador de la consultora Inclusión SAS y experto en temas de pobreza, explicó que para evitar que la inflación haga que Colombia sea un país más pobre, “podríamos pensar un ajuste intranual por inflación al valor de las transferencias o al menos semestral porque la inflación está aumentando a pasos acelerados, sobre todo en población pobre y eso requiere una compensación (...) pero pensándolo a la luz de los datos que estamos viendo ahora”.
Para Angulo otra acción importante es que Prosperidad Social, entidad que agrupa las transferencias monetarias, tanto las condicionadas como las que no, tenga alguien a cargo, “tenga cabeza. Lleva un mes (del nuevo Gobierno) y no tiene, eso retrasa las decisiones presupuestales, operativas y de contratación que tiene que hacer para consolidar y darle continuidad a las transferencias”.
Por su parte, Natalia Galvis, consultora en política social y experta en temas de pobreza, comentó que no hay que olvidar que en la pobreza inciden tres factores: (i) el crecimiento, (ii) la redistribución y (iii) la inflación. Por lo tanto, “el Gobierno debería tener, al menos, muy claras las políticas para hacerle frente a cada uno de estos factores”.
Para Galvis, dado que “mantener controlada la inflación es muy difícil, el Gobierno debería apalancarse en el crecimiento de la economía y en mejorar la focalización de los programas sociales para que la redistribución sea más eficiente”.
Además, la experta comenta que teniendo en cuenta que en la inflación la división de alimentos y vivienda (incluido alojamiento y servicios públicos) están generando mayor presión en los hogares pobres, “eso envía una señal de intervención por parte del Gobierno. “Para la división de alimentación la herramienta más convencional es subir la cuota de las transferencias monetarias hasta que alcancen el umbral de pobreza monetaria”.
Para contextualizar lo anterior vale mencionar que según datos del Dane, “la línea de pobreza monetaria per cápita nacional 2021 fue $354.031; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $1.416.124″.
Sobre la división de vivienda, Galvis añadió que dado que la mayor presión la ejerce la bolsa energética (gas y electricidad), “lo mejor y más necesario que debe hacer el Gobierno es ampliar la oferta, y la solución está en Hidroituango. A la fecha, los mediocres manejos de EPM han rezagado el inicio de la operación, y eso ha condenado al país a insuficiencia energética y precios altos”.
A lo anterior habría que agregar que los servicios públicos en Colombia tienen precios regulados que se rigen bajo distintas fórmulas. Algunas de estas tienen en cuenta la tasa de cambio, la inflación y el índice de precios del productor, tres indicadores que vienen subiendo mucho y sumado a la estabilización de precios después del congelamiento que tuvieron por la crisis del 2020, las tarifas han aumentado impactando así la inflación.
Por último, y pensando más en el mediano plazo, Roberto Angulo expone que hay que abrir una agenda respecto al pago de servicios públicos domiciliarios, en particular con lo que tiene que ver con energía y combustible para cocinar. “Tener tarifas asequibles para la población pobre y vulnerable es clave y ahí hay acciones que van desde el corto al largo plazo, el hecho mismo de empezar con la modificación del estrato socioeconómico”.
Finalmente, añade Angulo, “la agenda de inclusión productiva” será clave para que el país contrarreste la incidencia en pobreza.
