Ciudad de Panamá — El reporte que hizo la Unión Europea (UE) tras la inspección en Panamá y que indica que el país pareciera no estar en la capacidad de cumplir sus obligaciones como Estado de puerto es “muy fuerte”, “grave” y demuestra la “incapacidad” de las autoridades, consideraron abogados expertos en la materia, entrevistados por Bloomberg Línea.
Se trata de la evaluación realizada para verificar los avances que registra el país líder en abanderamiento de barcos -con el 16% de la flota mundial- para tratar de desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
En 2019 Panamá fue pre-identificada como nación no colaboradora en esta materia, por lo que obtuvo la tarjeta amarilla de la UE, lo que la sitúa como la única que ha tenido dos veces esta alerta.
El país se salvó de la tarjeta roja tras la pasada inspección de junio, por un asunto de coyuntura internacional, comentaron a Bloomberg Línea dos distintas fuentes del sector marítimo que por razones obvias pidieron reserva sus nombres. Esto evitó el embargo de las exportaciones pesqueras y acuícolas panameñas a su segundo destino de importancia y que perjudicaría a unos 25 mil empleos.
Precisamente, el informe resalta que a pesar de haber transcurrido 2 años no se hicieron los avances suficientes. Tener dos veces tarjeta amarilla implica que “nos están tratando suave”, consideró Alonso Illueca, abogado internacionalista.
El reporte enviado a las autoridades panameñas en junio 2022 “es lo suficientemente explícito para decir que la situación de Panamá es bastante seria. Reconoce en parte que Panamá ha hecho ciertos avances, pero que la situación del país es bastante grave”, señaló el jurista.
La nación canalera cuenta con las herramientas para sancionar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, “y el mismo informe señala que no hay una voluntad de cumplir con las leyes, hay una falta de voluntad política en la implementación de las leyes y esto es paradójico” añadió Illueca, señalando que en diferentes momentos la comunidad internacional ha requerido que Panamá adopte ciertas medidas y se ha actuado de conformidad con esos requerimientos internacionales.
A su vez, hay convenios internacionales a los que los Estados se adhieren de forma soberana y Panamá lo hizo con el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (Amerp), que tiene entre sus objetivos prevenir la pesca ilegal.
Si Panamá se rehúsa a cumplir “va a estar incurriendo en responsabilidad internacional del Estado por un acto internacionalmente ilícito, lo que en palabras sencillas implica que puede ser llevado ante un tribunal internacional y se le pueden imponer distintas sanciones o tomar represalias” por incumplir con una norma a la que voluntariamente se adhirió, recalcó el abogado internacionalista.
Existe una comisión interinstitucional que aborda lo concerniente para que Panamá obtenga su tarjeta verde ante la UE. Sin embargo, el grueso de la responsabilidad recae en la Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), revela la UE. La primera otorga la licencia de pesca y la segunda la patente de navegación internacional.
“El puesto le queda grande al que manda en la AMP porque no tiene ninguna capacidad para dirigir un tema como el abanderamiento de naves, lo que esto produce y la obligación que podemos generar”, manifestó Francisco Carreira, abogado experto en derecho marítimo.
No obstante, dejó claro su “recelo” por la apreciación de la UE, ya que a su juicio “Panamá no le es simpático a muchos países”, debido al sistema impositivo territorialista, que implica que aunque utilizan la bandera panameña no pagan impuestos en Panamá y no pagan impuestos en sus países, explicó.
“Tenemos que aceptar que la forma como nosotros manejamos nuestros impuestos genera una serie de cosquillas…”, afirmó.
El informe de la UE, que da plazo al 15 de enero de 2023 para que Panamá aplique las recomendaciones, es “muy fuerte y muy duro”, consideró por su parte el experto en derecho ambiental, Harley James Mitchell.
“Destaca un fracaso sistemático que viene desde hace varios años en cuanto a implementar estas medidas sobre las cuales pesa un internacional para Panamá, no solamente como proveedor de Recursos Acuáticos a la Unión Europea sino que se dejan entrever violaciones a convenios internacionales”, dijo Mitchell.
La entidad europea es un organismo público, recordó Mitchell, y el informe menciona casos y situaciones “e informes más profundos que constituirían en cualquier tribunal nacional o internacional una prueba de incumplimiento”.
El “argumento” de que se intenta perjudicar la plataforma de servicios panameña “es muy vacío”, concluyó Illueca, y no permite ver el fondo del problema que es que Panamá dice en foros multilaterales que “hace su parte” y creó el corredor marítimo y de protección de especies, pero al mismo tiempo “es el huésped jurídico de una serie de embarcaciones que están de una u otra forma entrelazadas con empresas que violan toda la normativa internacional relativa”.
La República Popular China, por ejemplo, tiene una responsabilidad muy grande porque utiliza las estructuras panameñas y la ausencia de una normativa clara para llevar a cabo este tipo de actividades, perjudicando la preservación del ecosistema marino y también a su vez la seguridad alimentaría a nivel mundial, acotó Illueca.
Sus palabras coinciden con una pasada investigación de Bloomberg Línea, en conjunto con Mongabay, que reveló que empresas extranjeras, principalmente chinas y relacionadas con los peores delitos e historial ambiental, utilizaban la bandera panameña pese a que ni siquiera navegan en la región.
Lea la investigación:
