Buenos Aires — El nivel de reservas se tornó una cuestión central. Desde el desembarco de Sergio Massa al Ministerio de Economía, el Gobierno parece mucho más decidido a controlar cada dólar que ingresa y sale del Banco Central (BCRA). Para ello fue que se anunció el nuevo dólar soja de $ 200, y para ello también es que la Aduana comenzó a vigilar con suma atención la salida de divisas para importaciones.
Según pudo saber Bloomberg Línea, la Aduana ya investiga a 772 sociedades por posible sobrefacturación de importaciones. Desde la oficina que lidera Guillermo Michel analizan probables irregularidades en triangulaciones por US$1.200 millones, aunque aclaran que no se puede decir que todas las triangulaciones impliquen una sobrefacturación.
Según sostienen, triangular no es delito, lo que es delito es la sobrefacturación. Por ese motivo, están investigando una por una a esas empresas que triangularon por US$1.200 millones, aunque algunas sobrefacturaron y otras no. Pese a ello, adelantan que van a haber más denuncias e insisten en que están continuamente investigando.
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También Massa advirtió que se van a realizar nuevas denuncias por sobrefacturación de importaciones. “Tenemos, como Estado, la obligación de cuidar los dólares de las importaciones. No podemos seguir permitiendo importaciones truchas”, subrayó durante la presentación del nuevo régimen de incentivo para el complejo sojero. Y, como ejemplo, recordó la reciente denuncia realizada para anular una cautelar que permitió importar US$20 millones en toallas.
“Vamos a seguir denunciando en la Justicia argentina y en la Justicia de Estados Unidos por lavado de dinero a todos aquellos que con triangulaciones intentan robarse los dólares que son producto del esfuerzo de los argentinos”, agregó.
Pese a que desde el Banco Central pretenden quitarle dramatismo a la cuestión, lo cierto es que el jueves último la autoridad monetaria informó en su último informe preliminar que sus reservas internacionales brutas cayeron a US$36.641 millones, el nivel más bajo desde octubre de 2016. Las reservas netas, según calculó Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria, rondan los US$ 600 millones, mientras que Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica, las estimó en torno a los US$ 1500 millones.
Justos por pecadores
Entre los importadores, la sensación es que están pagando justos por pecadores, y que esta búsqueda para detectar irregularidades obedece o a una decisión política o a que efectivamente el nivel de reservas es todavía más alarmante que lo que el Gobierno está dispuesto a reconocer.
Es que según argumentan desde el sector, los US$1.200 millones bajo la lupa representan menos del 2% de los US$64.000 millones que se importaron en 2021.
Y esta situación, advierten, esconde una problemática aún mayor, que es que afecta especialmente a las PyMEs que no tienen la posibilidad de contar con áreas especializadas para hacer frente a estas barreras o interponer cautelares para seguir importando los insumos que precisan.
A modo de ejemplo, recuerdan que casi la mitad de los dólares que el sector demandó el año pasado los consumieron unas 292 empresas y que las 20 principales firmas importadoras requirieron unos US$15.320 millones. Pero, hacen hincapié en que los US$32.900 millones restantes fueron demandados entre más de 24.000 PyMEs.