Así planea Honduras recuperar su lugar en el mercado internacional de madera

Esta semana entró en vigor un acuerdo entre el país centroamericano y la Unión Europea que proporciona que todos los productos madereros exportados sean de origen legal

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San Pedro Sula — Casi el 60% del territorio hondureño está cubierto por bosques y la mitad de ellos son selvas tropicales, pero en las últimas tres décadas, el país centroamericano ha perdido el 9% de su cobertura forestal debido a los efectos del cambio climático, los incendios forestales, las plagas y enfermedades, la deforestación y la degradación forestal, y la tala ilegal.

Con un promedio de US$34 millones anuales en concepto de exportaciones de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, el sector forestal representa un importante contribuyente de la economía hondureña, pero en los últimos años los envíos externos del país han disminuido debido a los requisitos más estrictos del mercado de la madera y una mayor atención a la legalidad de la cosecha y la gobernanza forestal, según el Banco Central (BCH).

Sin embargo, Honduras puede revertir la tendencia y permitir que el sector forestal recupere su lugar en los mercados internacionales de madera, proporcionar empleos rurales y aumentar su ingreso nacional.

Así plantea el Acuerdo de Asociación Voluntaria (AVA) UE-Honduras sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT), que Honduras fue el primer país latinoamericano que firmó el acuerdo en febrero de 2021 con la Unión Europea y cuya entrada en vigor comenzó este mes.

Este tratado comercial tiene como objetivo proporcionar un marco jurídicamente vinculante que garantice que toda la madera y los productos madereros relevantes importados de Honduras a la UE sean de origen legal. También busca fortalecer la aplicación de la ley forestal, la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia en Honduras.

Lucha contra la deforestación

La comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, explicó que el acuerdo es un paso más en la lucha mundial contra la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, en consonancia con los compromisos internacionales de la Unión Europea.

“Después de los ya considerables esfuerzos para abordar la tala ilegal, este acuerdo, una gobernanza forestal más sólida y, en consecuencia, un aumento de las exportaciones legales de madera permitirá a Honduras impulsar su economía, preservar la naturaleza y proteger y apoyar aún más a las comunidades locales”, dijo la funcionaria.

Como resultado, agregó Urpilainen, el tratado tendrá un impacto en la vida cotidiana de la población hondureña, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Conforme al acuerdo, Honduras establecerá un sistema de garantía de legalidad de la madera para evaluar que los productos madereros para todas las etapas de la cadena de suministro se han producido de conformidad con la legislación nacional. El sistema se basará en iniciativas nacionales ya existentes para fortalecer la gobernanza forestal, y cuando esté en pleno funcionamiento, Honduras comenzará a emitir licencias FLEGT.

Los productos hondureños con esta licencia cumplirán automáticamente con los requisitos de regulación de la madera de la UE y cumplirán más fácilmente con los requisitos equivalentes del mercado más allá de la UE.

El acuerdo también tiene como objetivo mejorar los medios de vida de los bosques comunitarios, la tenencia de la tierra, la mitigación de los impactos del cambio climático y el reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Expectativas con el AVA

Uno de los principales objetivos del Plan de Acción FLEGT, aprobado por el Consejo en 2003, es el establecimiento de asociaciones entre la UE y los países productores de madera para poner fin a la tala ilegal.

El primer AVA que se firmó fue con Ghana, seguido de la República del Congo, Camerún, Indonesia, la República Centroafricana, Liberia y Vietnam.

En el caso de Honduras, es el primer AVA que presenta un proceso de consulta amplio e inclusivo que involucra a todas las partes interesadas, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes como un grupo distinto junto con el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.