Ciudad de Panamá — La Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá y la Cámara Marítima de Panamá (CMP) lamentaron el papel de las autoridades panameñas ante las conversaciones del país con la Unión Europea (UE) para evitar que Panamá sea sancionado con la tarjeta roja y enfrentar el embargo económico del viejo continente, por no colaborar en la lucha contra la pesca ilegal.
Una tarjeta roja significa el cierre total del mercado europeo, a donde en 2020 se exportaron unos 6 millones de kilogramos de productos pesqueros panameños, según cifras del Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura.
De darse la sanción, incluso puede conllevar a que otros países adopten medidas similares en contra de Panamá, afectando a la industria de la pesca, la acuicultura y otros, que constituyen factores importantes para la economía, resaltó Raúl Delgado, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá.
La “alta preocupación” del gremio pesquero surge posterior a la revelación de Bloomberg Línea del informe con el resultado de la auditoría de la UE, tras la visita efectuada en junio a Panamá con el propósito de evaluar los avances en sus compromisos para evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR).
En dicho reporte la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (CE) resalta que a pesar de que han transcurrido dos años de que Panamá fuera pre- identificado con la tarjeta amarilla (2019) aún queda mucho por hacer y que la situación del país es muy grave.
Entre otras cosas, la CE cita que pareciera que Panamá no puede cumplir con sus obligaciones de derecho internacional como Estado de pabellón, puerto, costa y mercado; y le pide presentar su plan de acción de avances a más tardar el 15 de enero 2023.
Sector industrial ‘acosado y presionado’
“Lamentamos la postura que han adoptado nuestras autoridades pesqueras, que pretenden hacernos creer que se están llevando a cabo acciones efectivas para salir de la tarjeta amarilla, cuando en realidad lo que han hecho es establecer trámites burocráticos”, se quejó Delgado en un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá.
Agregó que se trata de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), que desde 2019 lidera las negociaciones con la UE, y subrayó que la burocracia y el posible embargo a las exportaciones del mar “ejercen presión sobre el sector industrial al punto de sentirse acosado, y con riesgo de irse a la quiebra”.
Este sector pesquero y de acuicultura representa un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 25 mil empleos, donde el 90% de la producción del país se exporta a Estados Unidos y a la UE, de acuerdo a datos facilitados por Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).
Dijo que al ser el istmo un país con una gran área de costas, se existe la capacidad de tener temporadas muy productivas de pesca, lo que implica que se tiene materia prima para el procesamiento.
Frauca explicó que esto significa empleos, pues no solo se trata de la flota pesquera, sino de una gran capacidad de procesamiento de productos del mar, generando una cadena productiva de todos los servicios que tienen que ver con refrigeración, empaque, distribución y la exportación.
En tanto, la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá, gremio que aglutina a más de 15 miembros o empresas, ha reiterado a las autoridades panameñas su disposición de colaboración y de llevar a cabo las acciones necesarias, como representantes del sector.
Por su parte, la Cámara Marítima de Panamá (CMP) manifestó su apoyo a la política de cero tolerancia a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
“Nuestros agremiados, muchos de ellos armadores locales e internacionales, instan y respaldan las acciones dirigidas a la lucha contra este flagelo, que socava la ordenación sostenible de la pesca”, comentó Enrique Clement, presidente de la CMP.
Además de las consecuencias medioambientales y sociales, a nivel económico la pesca ilegal perjudica a los pescadores responsables, ya que estadísticas indican que representa un comercio anual de 26 millones de dólares.
Los mercados están exigiendo total transparencia y trazabilidad, que solo puede ser garantizada por el Estado, expuso la CMP.
A nivel local, la pesca está debidamente reglamentada con sistema de monitoreo con un alto control y fiscalización y en cuanto a servicios el sector marítimo y auxiliares no se atienden a los barcos con prácticas de pesca ilegal en el despacho de búnker o incluso se les restringe el uso de terminales portuaria para su operación, añadió Clement.
A su juicio, la Arap ha hecho su parte, sin embargo, las tareas involucran el compromiso de otras autoridades del comité interinstitucional para reglamentar y aplicar la ley de pesca.
En su oportunidad, la administradora General de la Arap, Flor Torrijos, defendió el papel de la institución, señalando que la UE le ha puesto “la vara bien alta” a Panamá, a pesar de que las normas de la CE contra la pesca ilegal se aplican a todos los países que exportan a ese mercado, e incluso a las naciones europeas.
“No hay ningún país que ha salido en menos de cuatro años”, respondió Torrijos al ser cuestionada por las falencias de Panamá, que son las mismas que las reportadas por la UE en 2021.
Sin embargo, Bloomberg Línea confirmó que los ejemplos dicen otra cosa. Belice, por ejemplo, recibió una advertencia, o tarjeta amarilla en 2012, y luego una tarjeta roja en 2013, lo que resultó en la prohibición de las exportaciones a la UE, según la organización Global Fishing Watch.
“Desde entonces, Belice ha realizado mejoras decisivas en su enfoque hacia el monitoreo y la regulación de embarcaciones con su bandera en alta mar para prevenir, disuadir y eliminar la pesca INDNR”, añade la organización.
Valarie Lanza, directora de Pesca en alta Mar de Belice, confirmó a Bloomberg Línea que la tarjeta fue removida en 2014, es decir, tomó un año desde que estaba pre-identificado con la amarilla.
De igual manera, el medio Solomonstarnews reporta que en octubre de 2014 Fiji recibió su luz verde para exportar a la UE luego de tener su advertencia o tarjeta amarilla por la UE en 2012.
Sector relevante
En este sector, del cual depende el 90 % de la exportación y que tiene una amenaza del embargo a su segundo mercado más importante, se invierten unos $20 millones anuales para mantenimiento de barcos pesqueros, equipos de pesca y monitoreo satelital, según estimaciones de los industriales.
Normalmente, cuando se levanta una alerta como la tarjeta roja, una consecuencia es la posibilidad de que la medida se replique en otro mercado “y eso sería devastador para nosotros”, acotó Frauca, quien resaltó que las autoridades no están salvaguardando los empleos del sector ni creando las condiciones para fomentar las inversiones.
“Nos vamos cerrando las puertas” dijo Frauca, y como sector exportador me veo en la obligación de ir a específicos mercados, donde mi capacidad de negociación es mínima.
La espada de Damocles cuelga sobre la cabeza del sector industrial y de los trabajadores panameños, quienes sufrirían las consecuencias de un posible embargo por la falta de supervisión y regulación de las autoridades del país con la mayor flota del mundo, a pesar de que los actos de pesca ilegal son cometidos por empresas extranjeras, pero que utilizan el registro panameño.
Un reciente reportaje de investigación de Bloomberg Línea y Mongabay evidenció que en su mayoría las embarcaciones refrigeradas están relacionadas a empresas chinas y en algunos casos las que presentan los peores historiales de delitos en asuntos pesqueros utilizaban la bandera panameña para sus operaciones y la mayoría no navegaba siquiera en la región latinoamericana.
“Nuestra preocupación son los buques de carga refrigerada que opera en alta mar con bandera panameña. La flota pesquera local cumple al 100%”, concluyó Frauca, vocero de los industriales.
