Bogotá — Cuatro comercializadores de vapeadores están en la mira de las autoridades en Colombia luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recibiera varias denuncias que fueron constatadas en una investigación que evidenció una presunta vulneración al régimen de protección al consumidor.
La SIC formuló pliego de cargos en contra de los comercializadores de vapeadores British American Tobacco Colombia S.A.S., Inversiones Glu Cloud S.A.S., Grupo DIY S.A.S., Lifetech S.A.S. “para determinar si vulneraron las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011″.
La entidad indicó que recibió denuncias acerca de una supuesta vulneración a los derechos de niños y adolescentes en el comercio electrónico, “al suministrar información engañosa respecto de los líquidos que se empleaban en los dispositivos denominados vapeadores y que contenían nicotina”.
Síguenos en las redes sociales de Bloomberg Línea Colombia: Twitter, Facebook e Instagram
Asimismo, por no “no observar las obligaciones legales respecto de las condiciones especiales que debían ser informadas a los consumidores para este tipo de productos nocivos”.
Así las cosas, “esta Superintendencia recaudó diversa documentación de cada uno de los empresarios, además realizó visitas de inspección administrativa a las páginas web de los comercializadores mencionados”, indicó esa entidad.
Las investigaciones apuntaron a que presuntamente no se suministró información clara, oportuna y precisa respecto de la intensidad de nicotina ofrecida a los usuarios.
Entre otros aspectos, tampoco se habría indicado en los envases y empaques de los productos, de manera clara y en caracteres legibles, la nocividad de los productos ofrecidos.
Tampoco se habrían detallado las condiciones o indicaciones necesarias para la correcta utilización de las sustancias que contienen nicotina y que se emplean con diversos vapeadores.
La SIC también constató que se emitió publicidad de productos que son nocivos para la salud, “sin advertirle claramente al público acerca de la nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones, indicaciones para su uso correcto, así como las contraindicaciones del caso”.
Además, no se tomaron las medidas posibles para verificar la edad de los consumidores en los canales de comercio electrónico y en los contratos de adhesión se incluyeron cláusulas que irían en detrimento de los derechos que les asisten a los consumidores.
De confirmase estos hechos, los comercializadores estarían expuestos a multas por hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
