Guatemala — La necesidad de un transporte alternativo y más amigable con el ambiente ya es posible en Guatemala por la aprobación en el Congreso de la República y la reciente sanción por parte del Ejecutivo del Decreto 40-2022, Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica.
Algunos objetivos de la ley son facilitar y promover la importación, compraventa y uso de vehículos eléctricos, híbridos, de hidrógeno y sistemas de transporte eléctrico en el país.
Según explicaron las autoridades de gobierno la disposición es amigable con el medio ambiente, porque fomenta la circulación de vehículos cero ruidos, la reducción de contaminación del aire, así como la disminución de los llamados gases de efecto invernadero, que son nocivos para la salud de todos los habitantes del planeta.
Otro de los propósitos de contar con un marco legal es atraer fábricas de ensamblaje de vehículos eléctricos en Guatemala; “y que puedan generar oportunidades de empleo”, resaltó el presidente Alejandro Giammattei, luego de sancionar mencionada ley.
Incentivos y exenciones fiscales
El Decreto 40-2022 contiene incentivos fiscales para la compraventa de vehículos o de hidrógeno, con exenciones sobre sobre el impuesto al valor agregado (IVA) de importación, primera venta respecto del impuesto a la primera matrícula, la compra de repuestos como motores, baterías y cargadores para esta clase de vehículos.
En los primeros cinco años, la exención es del 100%, y luego va disminuyendo de forma paulatina. Es decir que en el año seis, la exención es del 80%; en el 7, del 60%; en el 8 de 40%; en el 9 de 20% y en el décimo año, 10%.
Igual beneficio se propone para trenes eléctricos, funiculares, teleféricos, trenes ligeros, tranvías o trolebuses para el sistema de transporte eléctrico. En este segmento tampoco se contempla disminución progresiva.
Incluye otras exenciones como la del impuesto sobre circulación de vehículos hasta por cinco años de forma gradual, y el impuesto sobre la renta (ISR) a los proveedores de servicio de carga, ensambladores y productores guatemaltecos de vehículos eléctricos, híbridos e impulsados por hidrógeno.
Otras de las acciones que el Gobierno central hará con esta normativa es que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) incorpore en sus políticas, planes y estrategias referentes a este tipo de vehículos.
La iniciativa de ley incluye 5 prohibiciones o condiciones para importar vehículos eléctricos y de hidrógeno: si tienen más de 5 años de antigüedad; tener baterías eléctricas, motor eléctrico o pilas de hidrógeno dañadas. Tampoco deben haber sido declarados en 15 causales de daños como: pérdida total o recuperados, en destrucción, no reconstruible o incendiado, entre otros.
Crecimiento depende del inventario
Juan Carlos Botrán, presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA), comentó a Bloomberg Línea, que este es el primer paso de varios porque hay mucho por hacer en el tema, pero muestra un compromiso con la descarbonización del transporte.
El representante de AMEGUA considera viable que tanto, las empresas como personas tomen más en cuenta esta alternativa, dado que la decisión será más sencilla de tomar, porque ya hay un marco legal que los respalda.
“Sin embargo, esa señal hacia los fabricantes es crítica para que asignen más inventario a Guatemala. Si no logramos esto, solo hemos generado una demanda insatisfecha que no contribuye a la descarbonización”, analizó Botrán.
Según datos de AMEGUA es difícil estimar un porcentaje de crecimiento en ventas de vehículos de este tipo y estiman, que un 30% anual durante los próximos 10 años sería factible con los esfuerzos que se están haciendo para promocionar la migración de flotas empresariales hacia eléctricos.
Por lo anterior, será a través de los incentivos fiscales que se logrará equiparar en precio con los de combustión, generando más demanda, agregó el directivo.
Sergio Plaza, fundador y CEO de Wayfree, iniciativa de internet gratuito y de Fly By Bird, plataforma de patinetas eléctricas en Guatemala, explicó a Bloomberg Línea que la transición de los vehículos tradicionales a lo eléctrico ya es una realidad a través de la nueva ley.
Un aspecto importante que resaltó Plaza para poder tomar en cuenta la movilidad eléctrica es ponerle costo a la movilización, porque la inversión que se hace y el mantenimiento son más favorables para los usuarios, pero coincidió con Botrán en la importancia de hacer crecer la flota.
Saúl Pérez Arana, jefe del Departamento de Mitigación al Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó a Bloomberg Línea que Guatemala ya cuenta con un estudio base en el cual se considera que las ventas de vehículos eléctricos se incrementarán en un 0,5% adicional cada año, entre los años 2021 y 2030, llegando a alcanzar ese mismo año 2030, el 15% de las ventas nacionales anuales.
Por ejemplo, entre los años 2031 al 2050, las ventas crecerán 5% cada año, hasta alcanzar el 100% de las ventas anuales del país. El estudio fue realizado en el marco del proyecto MOVE Latam de PNUMA, coordinado por el MARN, informó el funcionario.
El MARN agregó que, según la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), actualizada en 2021, el sector de energía aporta el 30,7% del total de emisiones de GEI a nivel global (dato de 2018); de las cuales, el subsector transporte terrestre aporta el 51%, equivalentes a 9.234,1 GtCO2eq generadas.
Por lo anterior, y con la nueva ley, la implementación de otras acciones planteadas en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático -PANCC- y la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones de Guatemala -ENDBE- para el sector transporte, se espera reducir estas emisiones de GEI, considerablemente, afirmó Pérez.
Infraestructura, el mayor reto
Según las autoridades del MARN se necesitan inversiones en infraestructura de carga (electrolineras), construcción de capacidades técnicas para garantizar el buen funcionamiento de los vehículos, fomento de líneas de crédito para la adquisición de vehículos eléctricos, inversión en la elaboración de reglamentos que apoyen al correcto cumplimiento de lo que estipula la ley, entre otros aspectos.
En AMEGUA están claros que la gran mayoría de carga son residenciales, por lo tanto, aún se requieren los públicos para dar confianza a los usuarios.
En ese sentido, la ciudad de Guatemala ha pasado de tener 12 cargadores a principio del 2022 y podría terminar el año con al menos 35.
“Aparte del número, hay que analizar la localización de tal manera que cubra una mayor área. A nivel nacional también se están haciendo análisis de los puntos estratégicos que requieren cargadores de manera que la movilidad pueda ser viable en trayectos largos”, enfatizó Botrán.
Pérez del MARN afirmó que es necesario aumentar las estaciones de carga; sin embargo, todo estará en función de la cantidad de vehículos eléctricos que ingresen al país.
Actualmente, se cuenta con 48 estaciones de carga pública y todas son gratuitas, aseguró el MARN con la finalidad de impulsar la electromovilidad en el país.
Entidades encargadas
En el capítulo II de la Ley se hace referencia a la competencia administrativa de la misma, la cual estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) jugará un papel importante en la implementación de la Ley, correspondiéndole emitir la normativa reglamentaria para la disposición final de las baterías y otros componentes que los vehículos eléctricos y de hidrógeno requieran. En el tema del reglamento, AMEGUA recomendó su pronta elaboración.
Los beneficios, según el MARN son los siguientes:
- Contribuir a reducir la incidencia de enfermedades, principalmente respiratorias, al mejorar la calidad del aire para la población en general.
- Contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país, en el sector transporte.
- Renovar el parque vehicular de Guatemala.
- Apoyar a la adquisición de tecnología asequible libre de emisiones.
- Apoyar a la transición de electromovilidad en la región, en virtud de que Costa Rica, El Salvador y ahora también Guatemala, ya cuentan con una ley que impulsa la electromovilidad en sus respectivos territorios.
- Contribuir a cumplir con alcanzar los ODS, principalmente con los objetivos 7, 9, 11, 12 y 13.
