Bogotá — El programa de infraestructura de transporte de quinta generación (5G) “extiende y perfecciona” el actual, que está centrado en las carreteras de peaje (4G), al mismo tiempo que ofrece una serie de ventajas crediticias, según concluyó un informe de Moody`s Investors.
El programa de 5G en Colombia apunta atraer inversionistas privados para mejorar la conectividad entre las carreteras de peaje, los aeropuertos, los ferrocarriles y los sistemas de navegación fluvial del país.
Según el Gobierno Colombiano, la Quinta Generación de Concesiones estará dividida en dos grandes olas, que contemplan una inversión de unos $48,3 billones.
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Entre tanto, el programada de 4G fue presentado en el 2012 por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y comprende dos olas de nuevos proyectos para el período 2020-2025.
Moody`s Investors considera que los principales cambios entre ambos programas es que el de 5G apunta a beneficiar la calidad crediticia de los proyectos, según destacó.
Puntualmente, para la agencia de calificación de riesgo estadounidense un cambio clave en el programa de 5G frente al anterior es que este “está diseñado para aumentar el atractivo de los nuevos proyectos” de cara los inversores del sector privado.
De un lado, según el informe, se tienen “pagos más frecuentes del Gobierno al concesionario para cubrir el déficit entre los ingresos por peaje que el concesionario originalmente proyectó, y lo que realmente recoge”.
Y por el otro, el flujo de ingresos 5G incorpora Apoyos a los Ingresos, que son “pagos complementarios para garantizar una tasa mínima de retorno hasta un nivel de recaudación de peaje inicialmente acordado”.
“Bajo el programa 5G, la ANI realizará pagos complementarios a los concesionarios cuya recaudación de ingresos sea inferior a las proyecciones en su contrato de concesión con mayor frecuencia”, explica Moody’s.
Según el reporte, antes los concesionarios recibían las diferencias de recaudo solo en los años 8, 13 y 18.
Para Moody’s “un ingreso mínimo anual reduce la necesidad de los concesionarios de utilizar efectivo o buscar financiamiento externo para cubrir las brechas entre las estimaciones de ingresos y las recaudaciones, lo que reduce las necesidades de liquidez y los costos de financiación”.
En este sentido, indica que el cambio a un sistema de pago parcial por cada unidad funcional “limitará el efecto de los pagos retenidos en el flujo de efectivo de los concesionarios, liberando liquidez durante la construcción”.
Entre otras ventajas, la agencia destaca que el programa cambia la forma en la que la ANI y los concesionarios comparten los ingresos de explotación comercial, apoyando el financiamiento de ANI para cubrir la compensación de los concesionarios.
Además, el contrato de concesión 5G incorpora nuevas subcuentas de Cambio Climático y Obras Sociales, por lo que la ANI reembolsará a las concesionarias los gastos relacionados.
La subcuenta de Cambio Climático tiene como objetivo financiar inversiones de mitigación del cambio climático y la subcuenta de Obras Sociales tiene como objetivo ayudar a aliviar cualquier oposición de la comunidad a la construcción, según indica.
Aun así, “el programa 5G incluye un cambio clave que es negativo en términos crediticios para los concesionarios: limita la recaudación de ingresos por peaje al monto que el concesionario y ANI acordaron por adelantado en virtud del contrato de concesión original. Más allá de ese monto, el concesionario no tiene más derechos para seguir recaudando peajes”.
