San Pedro Sula — La participación de Honduras como receptor de inversión extranjera directa (IED) en Centroamérica pasó de 13% en 2001 a 5% en 2019, un balance que pone en relieve el rol de las exoneraciones fiscales como anzuelo para hacer negocios.
El comparativo se desprende de un análisis que compartió Christian Duarte, subdirector ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), institución responsable de la recaudación de tributos internos.
A principios de mes, las autoridades de Gobierno anunciaron que revisarán los incentivos fiscales y sobre este proceso, el funcionario aseguró que se llevará “de forma abierta y dialogada”, como ocurrió en mayo con la reclasificación a grandes y medianos contribuyentes para tener mayor control sobre las empresas.
La exoneración es un proceso administrativo orientado a la producción, mediante el cual las empresas hacen un trámite para inscribirse, tramitarla y renovar su registro año con año.
“Debería de haber más control sobre este proceso de exoneración, porque se le brinda un privilegio fiscal a las empresas, que en teoría deben tener contraprestaciones económicas y sociales, como generación de empleos, el desarrollo tecnológico, el fomento de la ciencia y la internalización de la riqueza, que por el momento no se ha hecho”, dijo Duarte, quien intervino en el foro virtual “Exoneraciones fiscales: entre las esperanzas de desarrollo y el fraude tributario”, organizado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) Honduras.
Por otro lado, están las exenciones, que es el no cobro al impuesto sobre la venta (ISV) a productos de la canasta básica, y la reforma a la ley del ISV en materia de venta de bienes y servicios destinados a la producción agrícola y agroindustrial, plasmada en el decreto 119-2016, que está orientado a promover el desarrollo agroindustrial y tiene un enfoque en las importaciones de maquinaria y equipo, necesario para los procesos del sector agroalimentario.
Fortalecer la capacidad del Estado
El modelo de incentivos fiscales propuesto por el Estado de Honduras, con la idea que la atracción de inversiones extranjeras era la única forma para desarrollar al país centroamericano, se remonta desde el siglo XIX con el enclave minero y luego en el siglo XX con las concesiones bananeras.
Para Duarte, “la forma en la que debemos atraer inversiones al país no es renunciando al Estado, porque las exoneraciones y las exenciones son un retroceso del Estado, en el que dice que no tiene capacidad”. En su criterio, es preciso fortalecer las capacidades del Estado para que el capital extranjero o nacional pueda desarrollarse.
El funcionario puso de ejemplo la construcción de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como represa El Cajón inaugurada en 1985. En valores actuales, la obra costó unos US$1.745 millones, equivalente a la renuncia recaudatoria de un año. “Es decir, si en lugar de renunciar a recoger impuestos los hubiéramos invertido, pudiéramos desarrollar infraestructura de tal envergadura, puertos, ferrocarriles, interconectar las cadenas productivas nacionales”.
En esa línea, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), de 2010 a la fecha, Honduras ha exonerado más de US$15.000 millones. En tanto, para que el país cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030 le costaría un gasto adicional de US$23.000 millones.
“Quiero decir que es más el efecto multiplicador de la inversión pública para el desarrollo productivo y social del país que la renuncia recaudatoria”, planteó el subdirector de la SAR.
En criterio de Duarte, las investigaciones muestran que los inversionistas no buscan en primera instancia exoneraciones o privilegios fiscales, sino más bien estabilidad política y seguridad jurídica, ambiente legal y regulatorio adecuado, un mercado nacional que pueda demandar productos, que exista recurso y talento humano necesario para participar de inversiones que tal vez son intensivas en tecnología y que exista más infraestructura física y logística.
Los problemas con los regímenes fiscales
Según el subdirector del SAR, en el proceso de revisión de los beneficios fiscales, “hemos encontrado que el modelo particularmente de regímenes fiscales que se ha implementado en Honduras tiene tres grandes problemas”.
Un primer elemento, es la desnaturalización de su objetivo, puesto que muchos regímenes iniciaron como industrias nacientes o de fomento a las exportaciones. “Sin embargo, los regímenes de industria naciente tienen más de 30, 40 años, eso supera por mucho el umbral de industria naciente”, añadió Duarte.
En tanto, los regímenes orientados al fomento de exportaciones han sufrido reformas que permiten que estas empresas, en lugar de exportar, vendan en el mercado nacional. “Hay un amplio número e empresas que han optado por vender en el mercado nacional haciendo uso del privilegio fiscal, en lugar de exportar y eso ha generado competencia desleal con las empresas que producen en el mismo rubro y sí pagan sus impuestos”.
Un segundo elemento es de lesividad, es decir, que de alguna forma, los incentivos que se han recibido se vuelven perjudiciales para el desarrollo de los mercados. Duarte ejemplificó que encontraron regímenes como la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur), que han sido cerrados, es decir, que ya no pueden adherirse nuevas empresas.
Sin embargo, en las diversas ocasiones en las que se ha intentado revisar las exoneraciones fiscales de la Zolitur, por alguna razón se les ha terminado ampliando el tiempo de goce y se ha creado un grupo pequeño y reducido de empresas beneficiarias, frente al resto de empresas que sí compiten para pagar impuestos, dijo el funcionario.
Finalmente, un último problema, es la ausencia de control, “porque no se ha hecho ninguna auditoría al uso de incentivos fiscales, no se ha verificado cuántos empleos generan, cuánta inversión en desarrollo científico y tecnológico se genera, o cuánto se ha transferido de estos beneficios fiscales a los precios del consumidor”, explicó Duarte.
El subdirector del SAR expuso que de alguna forma, las instituciones del sector público encargadas de hacer la fiscalización, han estado desarticuladas, atomizadas y no hay sistemas de registro único.
Las autoridades de Gobierno esperan que el proceso de revisión de las exoneraciones contribuya con cambios en materia fiscal, para promover un marco de incentivos que esté atado a la inversión y a un empleo digno, y permita que exista un crecimiento económico inclusivo que se quede en el país.
