Debido a la brecha generacional, es común que las personas mayores de 60 años tengan problemas para acceder a los servicios financieros digitales. No obstante, el 66% de la población mayor de 60 años en México, cuenta con al menos un producto financiero, indican datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021.
Aunque son el segmento con la menor penetración de internet y teléfonos inteligentes. La principal barrera para acceder a la digitalización financiera es la dificultad de uso que les pudieran representar las plataformas tecnológicas.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares en México (ENDUTIH 2021) revela que tan sólo el 42% de las personas arriba de 55 años acceden a internet, lo que también los hace el grupo poblacional con menor uso de canales digitales para el manejo de las cuentas.
Además, es el grupo de personas que presenta el uso más bajo de los medios de pago digitales, ya sea mediante tarjetas de débito/crédito, transferencias bancarias, pagos a través de móviles o con monederos electrónicos.
Educación y acompañamiento
Al tener una población de la tercera edad creciente, que enfrenta el reto de la digitalización y carece de acceso a productos financieros diseñados para sus necesidades, es evidente el importante rol que juegan sus familiares al ser acompañantes comprometidos a facilitar el acceso a información y prácticas que ayuden a cerrar las brechas de acceso a servicios de finanzas que enfrentan.
“Creemos que las acciones de inclusión financiera deben estar enfocadas en todos los sectores de la población, además de implementar un acompañamiento de los usuarios con educación tanto en finanzas como en tecnología. En especial con los adultos mayores, quienes no están aún familiarizados con el uso de servicios digitales”, mencionó Alicia Piñera, líder de comunicación de Ualá México.
No obstante, el reto también recae en instituciones financieras, quienes deben hacer más accesibles ofertas convergentes y simplificadas para hacer posible la inclusión de más personas de la tercera edad, tanto de la generación actual como de las futuras para poder disfrutar de los múltiples beneficios que las plataformas digitales ofrecen, como acotar la necesidad de desplazarse y mejorar la seguridad de sus transacciones.
“Creemos firmemente que la educación es un factor clave para continuar impulsando la inclusión financiera en el país, es por eso que contamos con un programa a nivel regional llamado Aula Ualá, una plataforma que permite que cualquier persona, de cualquier edad, puede acceder a información sobre finanzas personales y así, entender cómo utilizar de mejor manera diferentes productos o servicios”, añade Piñera.
La inclusión financiera de más personas de la tercera edad requiere el apoyo de diferentes frentes, como lo son la familia, las instituciones y las políticas públicas, sobre todo para la adopción de canales digitales, ya que al cerrar esta brecha se puede asegurar el acceso a una mejor calidad de vida.
Retos de la inclusión financiera digital de adultos mayores
Las personas mayores de 60 años en México suman 15.1 millones, que representa alrededor del 12% de la población total, según el INEGI, aunque ese porcentaje aumenta más rápido que nunca y se espera que para 2050 sean 33 millones de personas, mientras que la esperanza de vida se incrementará a casi 80 años para ese año, de acuerdo con la CONAPO.
Una de las áreas más sensibles para este segmento de la población es la seguridad pues según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), una de cada tres personas que acude ante la instancia para poner una queja por cargos no reconocidos, fraude o robo de identidad es un adulto mayor.
En este sentido, desarrollar la confianza de las personas mayores de 60 también es clave ya que datos de la ENIF 2021 resaltan que la proporción de la población adulta mayor que reporta confiar en las instituciones financieras es menor en materias como la seguridad de su dinero, la protección de sus datos personales y la capacidad de las instituciones de resolver sus quejas y reclamaciones.
