Ciudad de México — El grupo de acreedores que impulsan el Capítulo 11 involuntario de Bancarrota de Crédito Real, solictó a la corte de Delaware negar el respaldo del proceso de liquidación solicitado por la prestamista en México y continuar bajo el capítulo 11, de acuerdo con documentos a los que Bloomberg Línea tuvo acceso.
En el documento, el grupo de acreedores ad hoc no garantizados mencionó que Crédito Real busca esconderse detrás de un procedimiento mexicano poco utilizado carente de transparencia y con limitantes.
“Priva a los acreedores de la equidad procesal y sustantiva básica y, por lo tanto, contraviene la política pública de los Estados Unidos”.
El escrito señala que el proceso de liquidación de la prestamista no bancaria es un falso proceso diseñado por Ángel Francisco Romanos Berrondo, expresidente del Consejo de Crédito Real. Explica que fue iniciado con el propósito de evitar la responsabilidad penal, civil y de evadir la jurisdicción de los tribunales de quiebra en EE.UU..
El documento menciona que el proceso de liquidación fue iniciado en virtud de la Ley General de Sociedades Mercantiles y no a través del proceso de insolvencia establecido en la Ley de Concursos Mercantiles.
Advierte que Crédito Real tiene facilidad para actuar sin ninguna supervisión judicial. Refiere que los acreedores fueron avisados seis días después de que se solicitó el proceso de liquidación y ha sido presionada por reguladores mexicanos para brindar información sobre el proceso.
Los acreedores “no tuvieron la oportunidad de objetar su inicio, que son derechos fundamentales otorgados a los acreedores bajo las leyes de insolvencia de los Estados Unidos y México”.
A través de 107 puntos explica por qué la corte de EE.UU. debe negar la solicitud del procedimiento bajo el Capítulo 15, y por tanto, de liquidación en México a Crédito Real.
“Al iniciar la Liquidación Mexicana, el Sr. Romanos evidenció un flagrante desprecio por una disposición fundamental del Código de Quiebras y del Caso Involuntario iniciado en Estados Unidos”.
La presentación resalta que existen dos acciones legales pendientes en México que impugnan la validez de la liquidación de la prestamista mexicana.
“En primer lugar, uno de los acreedores peticionarios interpuso un juicio de amparo para impugnar la constitucionalidad de las acciones tomadas por el Tribunal Mexicano en relación con la liquidación mexicana”, menciona el documento.
La segunda se refiere a uno de los accionistas de Crédito Real que interpuso un recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Mexicano, mismo que se encuentra pendiente ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
“En 17 de agosto de 2022, el Tribunal mexicano admitió el recurso, lo que tuvo como efecto la suspensión de la liquidación mexicana hasta que se resuelva el recurso”.
Sin embargo, éste anuncio contraviene al último comunicado lanzado por Crédito Real el pasado 18 de agosto donde refiere que, dicha resolución no afecta en forma alguna el proceso de liquidación de la prestamista.
El documento menciona que, con el proceso de liquidación, Crédito Real originó la incertidumbre sobre la posibilidad de que otras empresas puedan iniciar con este tipo de procesos e indica que los acreedores no tendrán confianza en que las empresas mexicanas continúen con unproceso de reestructura ordenado y transparente.
El grupo insta a la Corte a continúar con el proceso de Crédito Real bajo el Capítulo 11 para permitir la consideración del grupo de acreedores y generar un proceso transparente.
