Bogotá — El 8 de agosto, un día después de posesionado Gustavo Petro como presidente de Colombia, su Gobierno radicó la reforma tributaria en el Congreso. Con varios ajustes en los beneficios tributarios empresariales y de personas y bajo el lema de que los ricos paguen más, el nuevo Gobierno presentó una reforma ambiciosa que se reescribiría en su totalidad para lograr ser aprobada.
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Poco tiempo después de su radicación en el Congreso, los expertos ya decían que el recaudo estimado en la reforma ($25 billones) era optimista, algo de lo cual el mismo Gobierno es consciente y ahora estaría apuntándole a recaudar $16 billones de los cuales al menos $8 billones irían para nuevo gasto social y otros $8 billones para ajuste fiscal, según conoció Bloomberg Línea con fuentes del equipo económico del gobierno que están trabajando en la redacción del proyecto de ley.
De destinarse $8 billones para el ajuste fiscal, el aporte al ajuste fiscal no sería tan grande como lo esperado pues ese monto representa menos del 1% del PIB y, para dimensionar la cifra, el déficit fiscal de Colombia sería de 5,6% del PIB en 2022 ($75,6 billones) y de 3,6% del PIB en 2023 ($51,8 billones). Por lo cual, al menos en este aspecto, la tributaria se quedaría corta.
Además, dado las críticas que ha recibido el Gobierno tras presentar una reforma solo con las fuentes de recursos y no con los usos, el texto incluiría artículos relacionados al gasto. Es decir, el documento dejaría más claro en qué se usarían los recursos recaudados y no solo cómo o de dónde se obtendrían.
El Gobierno es consciente de que si quiere que le aprueben la tributaria debe hacer ajustes e incluso desistir de algunos impuestos por los que se había estado dando la pelea como el de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
Ajustar las tarifas del impuesto a los dividendos, a las ganancias ocasionales, al patrimonio, revisar la carga impositiva de las empresas, el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro y qué tantos beneficios sectoriales quitar, entre lo que estarían dispuestos a revisar, según le dijeron fuentes a este medio.
Aunque el Gobierno de Petro tiene amplio respaldo en el Congreso, este no le sería suficiente para aprobar la reforma tal como la radicaron, de hecho, la demora en la radicación de la ponencia del texto a discutir en las comisiones económicas del Congreso se debe en gran parte a los ajustes que están pensado hacerle al documento que conoció el país el 8 de agosto.
Vale mencionar que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo este miércoles que lo más probable es que la ponencia para el primer debate de la reforma se conozca solamente hasta septiembre dado que está previsto reunirse con los congresistas y los empresarios para concertar un texto que satisfaga a todas las partes.
Por último, no hay que olvidar que sectores gremiales han mostrado su descontento con la tributaria de Petro pues desincentivaría inversiones hacia estos y por ende podría afectarse el empleo y también el crecimiento del país. Además, recientemente el partido Cambio Radical también mostró publicamente su rechazo al articulado propuesto y dijo que no apoyará la tribturia de Petro.
Entre las 19 razones de Cambio Radical para darle un no rotundo a la reforma está que “la reforma genera un incremento del 10% o más en los precios de muchos de los productos básicos de la canasta familiar que consumen las personas de más bajos ingresos, tales como gaseosas, cereales, sopas, chocolate de mesa, entre otros”.
El partido político también expuso que “la reforma grava con 10% las bolsas y empaques de plástico de un solo uso, en los que se envasan los alimentos, afectando la capacidad adquisitiva de las personas de más bajos ingresos”.
Aunque el texto para la ponencia del primer debate de la tributaria en el Congreso está en construcción, según conoció Bloomberg Línea, el Gobierno está preocupado porque tiene que hacer varios ajustes al texto y porque el recaudo podría verse impactado de manera significativa.
