Santiago — El posible rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre no cambiará las demandas sociales de los chilenos, dice el economista Guillermo Larraín en una entrevista con Bloomberg Línea.
“La carga de derechos sociales que quiere el país está bien retratada en el texto propuesto. ¿Cómo uno genera un marco institucional que haga factible la satisfacción de esos derechos? Ese es todo el tema”, comentó en una conversación telefónica.
Expresidente de BancoEstado (2015) y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Larraín formó parte de los académicos que calcularon cuánto costaría la implementación de la propuesta de Carta Magna escrita por la Convención, en caso de ser aprobada en el referéndum.
Este estudio, publicado a finales de julio, reveló que el costo fiscal, en un escenario “alto”, podría ser de hasta un 14,2% del Producto Interno Bruto (PIB) anualmente, lo que equivale a unos US$ 45.000 millones. La categoría de protección social presentó un mayor costo total cada año, según esta estimación.
Su conclusión es que, cualquiera que sea el escenario constitucional, el debate económico de fondo seguirá centrado en cómo financiar los derechos sociales. En ese sentido, cree que será necesario debatir sobre mejoras a la deuda pública, sistema tributario, reforma del Estado y crecimiento económico.
Fuerte tensión sobre las arcas fiscales
Tal como está planteado el proyecto, coloca “tensión fuerte” sobre las arcas fiscales de la nación, confirma Larraín. Aclara, sin embargo, que esta presión no sería novedad: “La recaudación tributaria ha estado, básicamente, constante a pesar de que se han hecho reformas para incrementar los recursos estatales”.
El economista indica que existe una “tendencia fuerte y sostenida de gasto público”, particularmente del destinado a lo social. El gasto público se elevó de un 18,3% del PIB a un 26,5% entre 2005 y 2019, mientras los ingresos tributarios netos del Ejecutivo central solo aumentaron 1,4 puntos en ese mismo período.
La investigación de los académicos asegura que continuará esa tendencia. “Para no poner en entredicho las finanzas públicas, tenemos que pensar no solo en esta reforma tributaria (propuesta por el gobierno de Gabriel Boric), sino probablemente en otras”.
Según el académico, un nuevo contrato social sería factible en la medida que se produzcan los recursos necesarios para su financiamiento. “La Constitución se encarga de distribuir el poder y asignar derechos, pero no se preocupa necesariamente del crecimiento económico. Eso tendrán que efectuar los gobiernos, pero la exigencia es bastante alta”.
Considera que Chile tendría que proponerse como meta volver a crecer en torno al 4%. “Es una meta más o menos alcanzable”, dice. Y apunta a que en este proceso se debe resolver con prontitud aspectos importantes, que “están generando mucha incertidumbre y, por tanto, mucho daño”.
Dulce y agraz
La puesta en marcha de la nuevo texto puede tomar 10 años, explica el economista. “La pregunta es, si en ese horizonte de una década, esta Constitución agrega algo a la política de la economía chilena que pueda llevarla a crecer más. En la respuesta, hay de dulce y agraz, porque existen aspectos que están bien y otros que son excesivos”.
El estudio Estimaciones del costo fiscal directo de la propuesta de nueva Constitución, donde participó Larraín, revisó a España y cinco países de Latinoamérica donde se hicieron reformas constitucionales, observando que la mayoría aumentó considerablemente su indicador de gasto fiscal con respecto al PIB. “Por supuesto no se pueden asignar todos estos incrementos al factor constitucional. De hecho, la propia constitución puede ser el resultado de otros factores o fenómenos sociales que presionan el gasto“, aclara la investigación.
Asimismo, los académicos dicen que, en todo caso, “es sugerente que la experiencia en América Latina, en particular de Colombia (1991), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) muestra importantes incrementos en el gasto”. Advierten, en cambio, que el caso de Venezuela no muestra un aumento significativo de la razón gasto a PIB. “Cabe mencionar que en ese caso (como en Sudáfrica) comienza en un nivel superior. Además, es posible que la alta y creciente inflación en dicho país haya dificultado un aumento mayor”.
El académico señala que un cambio constitucional puede, eventualmente, producir modificaciones en la estabilidad de los países; al igual que transformaciones políticas y sociales que favorezcan a un crecimiento más alto. “No estoy seguro de que eso va a ocurrir en Chile, pero sí constato que la evidencia internacional no contradice, al menos, que esa situación pueda suceder”.
“Las demandas ya están identificadas”
El proceso constituyente nació de un amplio acuerdo político para mitigar las protestas masivas que se iniciaron a partir del 18 de octubre de 2019, donde decenas de miles de personas se movilizaron para exigir cambios en el modelo chileno.
Pero ahora ninguna de las encuestas en Chile avizora un triunfo para el Apruebo. Por eso, el presidente Boric dijo que iba a impulsar un nuevo proceso constituyente en caso de ser rechazado el texto.
De suceder esto, Larraín cree que, ante la posibilidad de nueva propuesta, se deberá tener en consideración que el Estado podría generar, al menos, un 9% de mayor gasto público y carga tributaria por la persistencia de las demandas sociales. “Serán las mismas; solo que la intensidad, velocidad, el lenguaje puede ser distintos. Pero las demandas están ya identificadas, el punto es que ahora hay que generar condiciones para satisfacerlas”.