Bloomberg — Un descenso del 5% en los ingresos totales de las mujeres en edad reproductiva es el resultado de todas las restricciones estatales contra el aborto en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio que se publicará próximamente.
En el estudio realizado por los especialistas de la Facultad de Derecho Charles Widger de la Universidad de Villanova y de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania se examinaron alrededor de 4 millones de datos de la encuesta poblacional más reciente de la Oficina del Censo de Estados Unidos, además de unas 1.300 prohibiciones de aborto entre 1974 y 2016, para establecer su impacto.
La ley TRAP (por sus siglas en inglés, regulación selectiva de los proveedores de abortos) adicional aplicada, se relacionó con una pérdida del 4,9 al 6,5% de los ingresos totales entre las mujeres de 20 a 45 años de edad en cuatro modelos de la investigación con respecto a la población total. De acuerdo con el modelo preferido por los investigadores, cada ley TRAP equivale a un descenso del 4,9% de los ingresos, indica el borrador del estudio del mes pasado, que se publicará en 2023 en la revista de investigación SSRN.
Por otra parte, también revela que la imposición de una ley TRAP provoca un incremento del 11,3% en las posibilidades de que la mujer en edad reproductiva abandone el trabajo a causa de las labores domésticas, si se compara con el resto de la población.
“Cada vez que se aprueban estas leyes, las mujeres se clasifican en trabajos menos lucrativos, tienen menos éxito en sus carreras y son menos capaces de participar en trabajos muy lucrativos”, dijo Jonathan Zandberg, profesor de finanzas en Wharton, uno de los autores del artículo. Itay Ravid, profesor asistente de derecho en la facultad de derecho de Villanova, fue coautor.
Las leyes TRAP se han utilizado para restringir el acceso al aborto imponiendo restricciones onerosas a los proveedores en nombre de la seguridad del paciente. Estos pueden incluir la aplicación de estándares para los centros quirúrgicos ambulatorios a las clínicas o la promulgación de requisitos sobre el ancho de los pasillos o el tamaño de las habitaciones. A partir del 1 de agosto, 23 estados tenían leyes como estas, según el Instituto Guttmacher , que estudia la atención de la salud reproductiva.
La investigación ha encontrado una y otra vez que el aborto está vinculado a la seguridad económica. Las pacientes obligadas a llevar a término un embarazo no deseado tienen cuatro veces más probabilidades de caer en la pobreza y enfrentar mayores pérdidas de empleo y menores ingresos potenciales. La anulación de Roe v. Wade en junio ha puesto en peligro el acceso al aborto para unos 33 millones de estadounidenses.
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