San Pedro Sula — Con dos procesos de reforma agraria en el siglo pasado (1962-1963 y 1972-1979), la tenencia de la tierra en Honduras no ha experimentado mayores modificaciones y las estadísticas de instancias oficiales lo demuestran.
La economía familiar con el 70.6% de las unidades agrícolas, apenas tenía el control del 8.6% de la superficie agrícola, según la Encuesta Agrícola Nacional, que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) elaboró en 2008. Por el otro extremo, las propiedades mayores de 50 hectáreas con solo el 4.8% del número de fincas, acaparaban el 61.5% de la superficie.
A casi tres lustros de ese estudio, los grados de concentración de la tierra en pocas manos persisten, pero en los últimos años los conflictos agrarios han sido más recurrentes, sobre todo en la zona del Bajo Aguán, ubicada en la porción norte-oriente de Honduras, al punto que la presidenta Xiomara Castro ordenó días atrás la conformación de una comisión tripartita para investigar las violaciones a derechos humanos derivadas por desalojos en propiedades privadas en esa región del país.
Antes han surgido propuestas para el desarrollo de políticas gubernamentales que rompan la barrera del acceso a la tierra. Una de ellas, vino de un anteproyecto de ley que el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, presentó en 2019 para traspasar tierras incautadas a estructuras criminales o por delitos relacionados a lavado de activos a campesinos a través del Instituto Nacional Agrario (INA).
La iniciativa no prosperó en el período 2018-2022, pero ha sido retomada en la presente legislatura, esta vez por el diputado de Libre, Jari Dixon, quien meses atrás presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley con la misma premisa que propuso Barahona.
Socializaciones del proyecto de ley
A mediados de semana, la Comisión de Seguridad que preside el congresista Rafael Sarmiento, se reunió con representantes del INA, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en un primer acercamiento para socializar el proyecto de ley expuesto por Dixon, en el que sugiere la adjudicación de tierras incautadas y con sentencia firme a los campesinos.
En conferencia de prensa, Sarmiento reveló que la próxima semana se agendará una nueva reunión en la que invitarán al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), y donde cada institución involucrada presentará una opinión jurídica para ver la viabilidad del proyecto de ley.
El legislador del Partido Libre aseguró que el INA no cuenta con un registro de la naturaleza jurídica de la tierra en el país. “Es importante e imperioso que también la OABI pueda tener el registro preciso de la naturaleza jurídica de su tierra y del estimado de manzanas de tierra o hectáreas que ya tiene a su favor producto de las sentencias ejecutadas, sentencias firmes y condenatorias por parte de los órganos jurisdiccionales del país”.
Autoridades de la OABI estiman que que hay unas 2.000 manzanas incautadas y una parte de ellas aún en litigio, pero esperan precisar la cifra con un inventario, el cual determinarán si será elaborado cuando la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional haga el dictamen de la iniciativa de ley.
“La expectativa es cumplir con el compromiso de resolver la conflictividad agraria y esto debe llevar un orden establecido para que no se cree una crisis”, dijo el director del INA, Francisco Funes, quien agregó sentir expectativa con la intención del Legislativo “para buscar un asidero legal para cumplir con el acceso a la tierra”.
El director de la OABI, Jorge González, explicó que apoyan la iniciativa. “Estamos en el compromiso de beneficiar a nuestros compañeros campesinos porque la tierra es el insumo más importante que tienen y queremos ponerla a la orden para fines de producción”.
Denuncias por invasiones de tierra
En los últimos meses, pobladores han ocupado tierras en Colón, Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Olancho y Choluteca, que según representantes del sector empresarial son de propiedad privada y por ello los denuncian como invasores.
Días atrás, un grupo de personas afines al oficialista Partido Libre nombraron Ciudad Mel Zelaya, en distinción al expresidente de la República (2006-2009) y actual asesor presidencial, a un predio de 100 manzanas en Choluteca que empresas reclaman como propiedad privada.
En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, aseguró que el Gobierno no incentiva las invasiones de tierra. “Cualquier persona que tenga, ya sea 100 varas de tierra o 100 hectáreas, se le tiene que respetar. La propiedad privada tiene que ser inviolable”.
A mediados de mes, la presidenta Castro ordenó la conformación de una comisión tripartita que investigará el conflicto de tierras en el Bajo Aguán, que según autoridades ha dejado unas 147 muertes en la última década.
La comitiva tendrá un carácter permanente y estará formada por la Secretaría de la Presidencia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y abogados internacionales propuestos por la Plataforma Agraria.
