Lima — El escenario del Perú es complejo en medio de una crisis política que viene de años y que ha empeorado desde que inició el gobierno del presidente Pedro Castillo. Para los analistas internacionales esta situación se conecta cada vez más con el escenario económico, y ello ha sido advertido en el último reporte de Fitch Ratings sobre los indicadores de crédito corporativo local.
Desde el título del informe Fitch Ratings habla de que “los problemas autoinflingidos” de Perú están frenando el crecimiento, aunque el 75% de los emisores corporativos en el país andino tiene perspectiva estable. Hector Collantes, director asociado de Fitch Ratings, anota que la actividad económica metalúrgica y minera del Perú se contrajo 3,5% interanual en los primeros cinco meses del 2022, y ante este escenario el pronóstico de PBI para este año que tiene Fitch de Perú ha pasado de 2,5% a 2,3%.
“El crecimiento se verá restringido por el endurecimiento de las políticas fiscales y monetarias, el aumento de los precios del petróleo, el descenso de los precios del cobre y la incertidumbre en torno a la resolución de los conflictos sociales”, remarca Collantes. A pesar de que la recuperación del mercado laboral en Perú está en marcha, el analista alerta que la creación de empleo sigue siendo en gran medida informal si se compara con los niveles previos a la pandemia, mientras que el crecimiento de los salarios reales sigue siendo frágil.
Para Fitch, la presidencia de Castillo viene siendo una gestión “asediada” por inestabilidad en el poco más de un año de extensión que tiene. La agencia precisa que Castillo “aplicó políticas antiempresariales, remodeló cinco gabinetes y se enfrenta a seis investigaciones del fiscal general por acusaciones de corrupción”. En paralelo, Fitch resalta que el poder del Congreso se debilita y diluye.
“Las tensas relaciones entre las dos ramas del Congreso siguen socavando los intentos de llevar a cabo acciones políticas importantes. El Congreso se dividió en 13 grupos de partidos parlamentarios separados, con una media de sólo 10 miembros cada uno”, destaca Fitch, apuntando que la bancada Fuerza Popular, de oposición al gobierno, es la más numerosa con con 24 congresistas en el Parlamento.
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES QUE PERMANECEN A LA BAJA
Aunque subieron ligeramente en julio, las expectativas empresariales sobre la economía peruana, que son monitoreadas mes a mes mediante una encuesta del Banco Central de Reserva (BCR), se mantienen en el tramo pesimista y en niveles bajos, en línea con las diversas señales que se perciben desde el Poder Ejecutivo.
De hecho, Fitch indica que estas vienen alcanzando niveles similares a los que tenían durante la crisis financiera global del 2008-2009, un punto al que también llegaron cuando inició la pandemia del Covid-19. Para la agencia, la crisis política “perjudica los ya bajos niveles de expectativas empresariales” con mayor fuerza.
Entre otros aspectos que afectan las expectativas del empresariado en Perú, Fitch recuerda que se aprobó en el país normativas laborales que dificultan la subcontratación laboral y apunta que el gobierno de Castillo mostró su apoyo al fortalecimiento de los sindicatos “mediante la promulgación de decretos y la reescritura de normas ministeriales como parte de su plataforma de izquierda”.
“Estas acciones evitaron el debate con los empresarios en contra de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y los alejaron del Consejo Nacional de Trabajo”, menciona Collantes.
De otro lado, Fitch detalla que la administración de Castillo también cerró el diálogo con el sector privado mientras facilitaba las huelgas y las formaciones sindicales. “Actualmente, las huelgas ya no requerirán la aprobación del Ministerio de Trabajo, y la conciliación sólo podrá ser convocada por los trabajadores, no por los empresarios. Además, sólo el Ministerio de Trabajo puede seleccionar qué puestos de trabajo pueden ser externalizados durante las huelgas, antes era una designación decidida por los empresarios individuales”, añade el reporte.
Fitch destaca que solo el 23% de los peruanos trabaja en un entorno formal, y de esta cifra, solo el 5% está sindicado. “Sin embargo, estas cifras son del 31% y el 23% en los sectores de la minería y el petróleo y el gas, respectivamente, generadores dominantes del PBI del país”, enfatiza.
La agencia precisa que la desconfianza empresarial también se ve alentada por conflictos mineros que persisten en el país, que son claves considerando la importancia de la minería para la economía peruana.
“La incapacidad del gobierno de Castillo para apaciguar las protestas mineras puede haber alimentado e intensificado el descontento social adicional. El presidente optó por aceptar las demandas inmediatas de los manifestantes, prometer negociaciones, cambiar funcionarios y evitar que las fuerzas policiales detuvieran a manifestantes”, puntualiza Collantes.
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