Bloomberg — Allen Weisselberg, quien fuera durante un largo tiempo el director financiero de la Organización Trump, se declaró culpable el jueves de cargos de fraude fiscal, en lo que supone el golpe más reciente para el expresidente Donald Trump.
El ejecutivo de 75 años, se declaró culpable en un tribunal estatal de Manhattan, admitiendo que participó en una trama de años para evitar impuestos pagando a ciertos trabajadores con prebendas no declaradas como viviendas y autos. Weisselberg, que trabajó para la empresa inmobiliaria de la familia Trump durante cuatro décadas, y empezó bajo la dirección del padre del expresidente, se declaró culpable de los 15 cargos de su acusación.
Trump no ha sido acusado en el caso y Weisselberg no implicó a su jefe como parte de su declaración. Pero debido a que el acuerdo del director financiero le obliga a testificar contra su empleador, una admisión de conducta criminal podría significar problemas para la Organización Trump, dicen expertos.
La empresa se enfrenta a los mismos cargos que Weisselberg. Ambos se declararon no culpables en julio de 2021 de la trama fiscal, de la que el director financiero fue el mayor beneficiario. Weisselberg recibió un apartamento de lujo en el Upper West Side sin pagar alquiler, autos Mercedes para él y su esposa y matrículas en colegios privados para sus nietos que supuestamente se contabilizaron como parte de su salario de US$940.000. Weisselberg admitió ante el tribunal que recibió unos 1,76 millones de dólares en ingresos no declarados.
Weisselberg, que llegó al tribunal el jueves con cubreboca y vistiendo un traje oscuro y una corbata azul aciano, aceptó testificar contra la Organización Trump como parte de su acuerdo de culpabilidad. También aceptó pagar casi US$2 millones en impuestos atrasados, multas e intereses.
El juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Juan Merchan, leyó la totalidad de la acusación de 15 cargos, preguntando repetidamente a Weisselberg si había cometido cada uno de los cargos. “Sí, señoría”, respondió Weisselberg en voz baja cada vez.
“Hoy Allen Weisselberg ha admitido ante el tribunal que utilizó su posición en la Organización Trump para estafar a los contribuyentes y enriquecerse”, dijo el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado, y añadió: “Este acuerdo de culpabilidad implica directamente a la Organización Trump en una amplia gama de actividades delictivas y requiere que Weisselberg proporcione un testimonio inestimable en el próximo juicio contra la corporación.”
La Organización Trump dijo en un comunicado el jueves que no había hecho “nada malo” y que esperaba ir a juicio. La compañía calificó a Weisselberg de “hombre bueno y honorable” y dijo que tomó su decisión de declararse culpable después de años de ser “acosado, perseguido y amenazado por las fuerzas del orden, en particular por el fiscal del distrito de Manhattan, en su interminable búsqueda políticamente motivada para atrapar al presidente Trump.”
Weisselberg se había enfrentado a la posibilidad de pasar años en prisión si era condenado en un juicio. Bajo el acuerdo de culpabilidad, puede tener un periodo considerablemente menor que los cinco meses acordados con buena conducta. La empresa se enfrenta a multas si es condenada en la causa penal.
“En una de las decisiones más difíciles de su vida, el Sr. Weisselberg ha decidido declararse culpable hoy para poner fin a este caso y a las pesadillas legales y personales que ha causado durante años para él y su familia”, dijo el abogado defensor Nicholas Gravante en un comunicado. “En lugar de arriesgarse a la posibilidad de 15 años de prisión, ha aceptado cumplir 100 días. Estamos contentos de haber dejado esto atrás”.
La declaración de Weisselberg facilitará la condena de la Organización Trump, según los expertos legales.
“Una corporación en Nueva York puede ser penalmente responsable cuando un agente de alta dirección participa o tolera imprudentemente una conducta criminal cuando actúa en nombre de la corporación”, dijo Rebecca Roiphe, profesora de la Escuela de Derecho de Nueva York y exfiscal federal. Como director financiero, Weisselberg cumple sin duda el requisito de ser un “alto directivo” y “la declaración de culpabilidad básicamente confirma su testimonio”, añadió.
Una “gran victoria”
Si no testifica con sinceridad, el acuerdo de culpabilidad quedará anulado. Merchan dijo en el tribunal que la sentencia de Weisselberg está condicionada a que cumpla su parte del acuerdo.
El acuerdo es “una gran victoria” para los fiscales de la oficina del distrito de Manhattan, según Bennett Gershman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pace de Nueva York.
“Dada su posición en la empresa, sería un uso adecuado de las admisiones que ha hecho en el tribunal sobre su conducta y su papel en la empresa”, dijo Gershman. “Esas admisiones podrían usarse para demostrar que la empresa está participando en un fraude, porque él está admitiendo el fraude, y está cometiendo fraude en nombre de la empresa en términos de su conducta como director financiero”.
En el juicio, Weisselberg nombró a otro empleado de la Organización Trump con el que conspiró en el esquema, el controlador Jeff McConney. Al igual que Weisselberg, McConney lleva décadas en la empresa y trabajaba estrechamente con el director financiero en asuntos financieros. Al parecer, el controlador declaró ante el gran jurado de Nueva York que investigó el caso en virtud de una concesión de inmunidad. La abogada de McConney, Patricia Pileggi, no devolvió inmediatamente una llamada en busca de comentarios sobre las declaraciones de Weisselberg en el tribunal.
Registro del FBI
Merchan había fijado una fecha de juicio para el 24 de octubre para Weisselberg y la Organización Trump. Si la empresa procede al juicio, podría defender el caso durante las elecciones intermedias de EE.UU..
La declaración de culpabilidad se produce tras una serie de audiencias del comité del Congreso del 6 de enero, que presentó nuevas pruebas sobre las acciones de Trump antes del asalto al Capitolio, así como su inacción durante la insurrección. Varios de los testigos que declararon ante el panel han sido citados desde entonces por los fiscales federales.
También ocurre poco más de una semana después de que la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, fuera objeto de un registro por parte de agentes del FBI, en el que se incautaron 11 conjuntos de documentos clasificados que aparentemente fueron sacados de la Casa Blanca. Según la orden de registro, los investigadores buscaban pruebas de violaciones de la Ley de Espionaje y otras leyes que rigen el manejo de materiales relevantes para la seguridad nacional.
Pocos días después del registro del 8 de agosto, Trump se sentó a declarar en el marco de una investigación sobre su empresa realizada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. El expresidente se acogió a su derecho a no autoinculparse en virtud de la Quinta Enmienda al negarse a responder a casi todas sus preguntas.
Aunque su negativa a responder no puede ser utilizada en su contra en un caso penal, podría perjudicarle en un potencial caso civil presentado por James, que está investigando si la Organización Trump manipuló los valores de activos para obtener beneficios fiscales o préstamos más favorables. Un jurado civil está autorizado a extraer una inferencia negativa de la decisión de una persona de declararse en la Quinta Enmienda.
Duras penas
Aunque todavía no está claro si James tiene la intención de llevar a cabo un caso civil contra la Organización Trump, eso supone potencialmente un mayor peligro para la empresa que el caso penal, en el que su oficina también está cooperando. La ley de Nueva York permite a la fiscal general buscar duras sanciones contra las empresas que se encuentren con un patrón de conducta ilegal.
En teoría, podría disolver una empresa por esas violaciones, aunque un tribunal tendría que aprobar una sanción tan draconiana.
Trump ha tratado de paralizar casi todas las investigaciones en su contra, argumentando mientras era presidente que tenía inmunidad frente a la investigación del fiscal del distrito de Manhattan, lo que obligó a los fiscales a llevar el caso hasta el Tribunal Supremo de EEUU. El alto tribunal rechazó en 2020 el argumento de Trump y ordenó a sus contables que entregaran a los fiscales sus registros financieros y los de su empresa.
Desde que dejó el cargo, Trump ha seguido sosteniendo que todas las investigaciones sobre su conducta tienen una motivación política. Aunque estos argumentos no han tenido éxito en los tribunales, los políticos republicanos y otros partidarios de Trump se han hecho eco de ellos.
El caso es People v. Trump Organization, 01473-2021, Tribunal Supremo del Estado de Nueva York (Manhattan).
Con la asistencia de Erik Larson.
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