Bloomberg — La ONU ha considerado “razonables” las denuncias de trabajo forzado en la región de Sinkiang, en una de las críticas más claras a prácticas relacionadas con la presunta violación de los derechos humanos de China desde el interior del organismo mundial.
Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, afirmó en un informe que el carácter involuntario de los programas de empleo de China en Sinkiang, en el noroeste del país, indicaba la existencia de trabajo forzado, incluso si mejoraban las oportunidades laborales de algunas minorías. Las conclusiones se basan en una “evaluación independiente de la información disponible”, que incluye presentaciones de partes interesadas, testimonios de víctimas y relatos del gobierno.
“El relator especial considera razonable concluir que el trabajo forzado entre uigures, kazajos y otras minorías étnicas en sectores como la agricultura y la industria manufacturera se ha producido en la región autónoma uigur de Sinkiang, China”, dice el informe de Obokata. En el Tíbet se aplican políticas similares, según el informe fechado el 19 de julio y publicado el martes en la cuenta de Twitter de Obokata.
El informe sobre los problemas de esclavitud en el mundo se dirigió al Consejo de Derechos Humanos y es independiente de una evaluación sobre Sinkiang que se espera que publique pronto la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Los estudiosos de Sinkiang han instado a Bachelet a publicar su informe tras un viaje a China en mayo, ampliamente criticado, que la comisionada ha reconocido desde entonces que tuvo “limitaciones”.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, rechazó el informe el miércoles, diciendo que el relator especial había abusado de su poder para “desprestigiar claramente a China y actuar como una herramienta política de las fuerzas antichinas.”
“Nunca ha habido trabajos forzados en Sinkiang”, dijo Wang en una rueda de prensa habitual en Pekín. “El gobierno chino sigue un enfoque centrado en el pueblo. Prestamos gran atención a la protección de los derechos e intereses de los trabajadores.”
China ha negado las acusaciones de trabajo forzado de Estados Unidos y otros gobiernos, calificándolas de “mentira del siglo”, y la semana pasada presentó dos tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados sobre esta práctica. “El gobierno de China ha dejado clara una vez más su posición decidida de oposición y lucha contra el trabajo forzado”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, a periodistas en una sesión informativa regular el lunes.
Estados Unidos ha estado desarrollando medidas para castigar a China por sus prácticas de derechos humanos en Sinkiang, incluyendo la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur. Esta ley, que entró en vigor en junio, prohíbe la importación de todo lo que se produzca en Sinkiang, a menos que las empresas puedan aportar “pruebas claras y convincentes” de que no se han realizado trabajos forzados.
James Cockayne, comisionado contra la esclavitud del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, dijo que no tenía conocimiento de que un relator especial de la ONU hubiera hecho antes una declaración tan clara sobre Sinkiang.
“Se trata de una importante conclusión del máximo experto de la ONU en este tema en el mundo”, dijo Cockayne, antiguo profesor de la Universidad de Nottingham. “La cuestión de dónde está el informe de la comisionada, cuándo podremos verlo, es fundamental”.
Obokata es profesor de derecho internacional y derechos humanos en la Universidad de Keele y está especializado en delincuencia organizada transnacional, tráfico de personas y esclavitud moderna. Fue nombrado relator especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud en marzo de 2020.
El informe de Obokata describe dos sistemas laborales en Sinkiang, uno de los cuales consiste en detener a las minorías y someterlas a prácticas laborales para que adquieran habilidades profesionales, educación y formación. Por otro lado, los excedentes de mano de obra rural son transferidos a trabajos del sector secundario o terciario como parte de un programa de alivio de la pobreza.
“Dada la naturaleza y el alcance de los poderes ejercidos sobre los trabajadores afectados durante el trabajo forzado, incluida la vigilancia excesiva, las condiciones de vida y de trabajo abusivas, la restricción de movimientos mediante el internamiento, las amenazas, la violencia física y/o sexual y otros tratos inhumanos o degradantes, algunos casos pueden equivaler a la esclavitud como crimen de lesa humanidad, lo que merece un análisis más independiente”, señala el informe de Obokata.
Adrian Zenz, investigador principal de estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo y uno de los principales críticos de las políticas chinas en Sinkiang, dijo que el informe del relator sentaba un precedente “muy importante”. “Sería incómodo que el informe de Bachelet dijera lo contrario”, dijo Zenz.
Lea más en Bloomberg.com
