Ciudad de Panamá — Ayer, por primera vez en Panamá los medicamentos quedaron bajo la rigidez de los candados al cerrar sus puertas unas 400 pequeñas farmacias, como medida de protesta por el decreto presidencial que las obliga a dar un descuento al consumidor del 30% sobre 170 medicamentos, afectando sus ingresos.
Los dueños de estas pequeñas farmacias señalan que la medida pone en riesgo los más de 4 mil empleos que ofrecen.
“Esto no es justo en un Estado de derecho”, afirmó Orlando Pérez, representante de la Unión de Propietarios de Farmacias (Unprofa), al referirse al decreto 17. El nuevo descuento se suma al del 20% que por norma ofrecen a los jubilados.
“Nos dejan a nosotros con una gran inversión e incertidumbre, no vamos a saber que va a ocurrir y estamos preocupados por esa situación. Presidente, por favor rectifique este decreto que es dañino para las pequeñas farmacias”, añadió Pérez, quien enfatizó que no fueron consultados para establecer la medida.
La situación de las pequeñas farmacias tiene el apoyo del sector consumidor. Pedro Acosta Insturain, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, subrayó que en el país los medicamentos son mucho más caros que en la región y que además se pagan doble por los pacientes, primero de manera anticipada con las entidades de salud y luego en las farmacias privadas.
“No tenemos que andar correteando medicamentos en las farmacias porque eso está prepagado por todo el que cotiza en el Seguro Social, pero ahí no hay. Nos hemos estado distrayendo de ver el problema del oligopolio que existe en Panamá con las grandes distribuidoras”, sostuvo.
Las grandes distribuidoras, por un tema de economía de escala, de que mientras vendes más el costo unitario es menor, sí tendrían la capacidad de asimilar la medida establecida por seis meses, pero las pequeñas y medianas farmacias que operan casi al límite no la tendrían, explicó por su parte el economista Raúl Moreira.
A través de sendos comunicados los dos gremios más importantes del sector privado también se pronunciaron apoyando al sector de las pequeñas farmacias.
Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) indicó que “una norma no debe condenar a la quiebra a ninguna empresa” que genera empleos dignos.
El gremio resaltó que existen otros mecanismos mucho más efectivos para abordar el tema de los medicamentos y que produzcan efectos a largo plazo e instó tanto a la Caja de Seguro Social como al Ministerio de Salud a tener los medicamentos de la población de manera oportuna.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), por su parte, solicitó aplazar la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo.
“Controlar los precios de los alimentos o forzar descuentos en los medicamentos no solo aumentará el malestar ciudadano a corto plazo por ser insostenible, sino que profundizará las necesidades del país dado que producirá el cierre de más negocios, aumentando el desempleo, lo que se traduce en un mayor deterioro de las condiciones de vida del panameño en general”, cita el gremio.
El sector privado acata las normas que desincentivan la comercialización y dan un “mensaje terrible” a la inversión extranjera. Cada 8 de 10 personas en busca de medicamentos son pacientes de la Caja del Seguro Social (CSS) que han pagado sus cuotas; “ignorar el crónico problema de desabastecimiento de esta institución es simplemente un acto de irresponsabilidad”, concluye la Cámara.
