Bogotá — En entrevista con Bloomberg Línea, el presidente saliente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Ávila, aseguró que la idea del presidente Gustavo Petro de que todos los bienes en extinción de dominio en poder de esta entidad pasen a ser la base de una nueva economía productiva administrada por organizaciones campesinas, cooperativas urbanas de jóvenes productivos y asociaciones populares femeninas, es viable solo en el caso de los bienes extintos porque, para los que están en el proceso (que son la gran mayoría), se corre un riesgo de detrimento patrimonial.
Afirmó que “si la discusión es sobre los bienes que están en proceso no es posible entregarlos a las comunidades para su administración sin que se genere productividad, porque se podría generar un riesgo de detrimento muy grande. La propuesta de base es buena, hay que orientarla bien y apoyarla, pero no se puede repetir lo que pasó en México, donde también existía una entidad llamada SAE. Le cambiaron hasta el nombre y ahora se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Eso se volvió un desorden y se vuelve muy complejo porque se generan una cantidad de expectativas, gente pidiendo bienes y eso no es a dedo, debe tener un nivel de objetividad”.
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La regulación específica de los bienes en extinción de dominio en Colombia tiene un mandato: garantizar que estos, mientras surten el proceso de extinción, sigan siendo rentables, productivos y generadores de empleo. Lo que se logra a través de la figura del arrendamiento.
“¿Por qué se da este mandato? Porque los bienes tienen una medida cautelar que, simplemente, los saca del comercio y le exige al administrador del Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado), que es la SAE, garantizar que estos sean rentables porque en caso de que se ordene una devolución sobre los bienes, nosotros tendríamos que entrar a devolver no solamente los recursos generados durante la administración sino en muchos casos responder por una falta de productividad de los activos”, resaltó.
Por lo que considera que los bienes extintos, que ya pertenecen al Estado, pueden ser parte de esos proyectos que ha mencionado el presidente Petro. Lo cual, manifestó, se está haciendo ya. “¿Cómo lo demostramos, cómo empezamos esa ruta? Lo primero que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Vivienda para que estos activos, los lotes que tenían vocación para la construcción de vivienda de interés social y que estaban extintos, pasaran a los departamentos y municipios para construir VIS. Eso ha sido muy efectivo”.
Y también se ha trabajado en predios rurales en proyectos con organizaciones: siempre con arrendamientos en los bienes que están en proceso y en lo que está extinto, haciendo transferencias a entidades públicas.
“Este debate va a estar muy interesante, yo comparto que muchos de estos bienes tienen que ser parte de la solución que el país necesita. Lo fueron para la reactivación económica, eso ya demostró que sí se puede dentro de un marco regulatorio, ahora hay que mirar cómo ampliamos ese marco y le damos un mayor alcance”.
Pasar a una administración de organizaciones sociales
La SAE siempre se ha enfocado y ha trabajado con entidades territoriales, y ahora, para poder hacerlo con organizaciones sociales, comentó Ávila, hay que hacer unas modificaciones legales que le quiten la administración del Frisco a esta Sociedad y se lo asignen a estas organizaciones. “Actualmente está en cabeza de la SAE porque este es un Fondo que no solamente administra los bienes sino que administra los recursos que generan esos bienes. Entonces a ese Fondo van los arriendos, las utilidades, las productividades, todo lo que se genere alrededor de los negocios jurídicos que se implementen con estos activos”.
Y asimismo explicó que desde ese Fondo tienen que salir recursos para garantizar las premisas que tiene: lucha contra las drogas e inversión social y lucha contra el crimen organizado.
Para Ávila hay algo que no puede hacerse en estos procesos: actuar con discrecionalidad, “hay que entrar a definir qué tipos de asociaciones, bajo qué condiciones, en qué procesos, qué requisitos de idoneidad se les va a exigir para que puedan ser parte de algún registro de posibles beneficiarios, inclusive uno tendría que pensar si divide lo rural de lo urbano”.
A lo que agregó que “uno de los grandes debates que se dio en la DNE (Dirección Nacional de Estupefacientes) fue que se asignaba todo de manera discrecional y subjetiva, eso está comprobado en sentencias judiciales, y ese fue el gran cambio de la SAE, que tiene un sistema en donde se asigna de manera aleatoria, en donde para ser depositario se tienen que cumplir unos requisitos, igual que para ser gerente; en donde hay idoneidad, una experiencia atada a una selección pero también un proceso aleatorio que garantiza una decisión objetiva”.
Una gran reforma al sistema de extinción de dominio
El presidente saliente de esta Sociedad expresó que hay que revisar si lo que está proponiendo el nuevo Gobierno es que ya no exista la famosa figura del depositario, que ha sido tan discutida, que ha tenido tantos riesgos y en la que se han materializado hechos de corrupción y de detrimento fiscal, como lo ha dicho la Contraloría General. “Y que en vez de tener depositario tengamos otro tipo de figuras como las comunidades, pero hay que tener en cuenta que los depositarios también tienen una función y es buscar que los activos sean productivos, es decir, buscar arrendarlos”.
Ello para manifestar que lo que hay que hacer en sí es fortalecer el proceso de extinción de dominio como tal para poder tener más sentencias de extinción y para poder tener más bienes extintos y, de esa forma, tener una baraja más grande para poder dar soluciones. “Sin lugar a dudas ya está la ruta marcada, ya se definió que estos activos pueden ser parte de la solución, los que están extintos, los que están en proceso tendrán que ser productivos y en eso tenemos que dar un debate más profundo sobre la administración de los mismos”, expresó.
“Lo cierto es que hay que también ponerle el ojo al proceso de extinción de dominio, tan solo el 13% del inventario está extinto. Si hablamos de 7.000 predios rurales, tan solo 1.000 están extintos; si hablamos de 24.000 predios urbanos, tan solo 3.000 están extintos”
Andrés Ávila, presidente saliente de la SAE
Y en esa línea anotó que “tan solo el 13% del inventario está extinto. Si hablamos de 7.000 predios rurales, tan solo 1.000 están extintos; si hablamos de 24.000 predios urbanos, tan solo 3.000 lo están; entonces parte de la discusión está en por qué se demoran tanto los procesos de extinción de dominio. Lo que estamos viendo es que muchos activos llevan muchos años embargados y secuestrados pero sin siquiera una demanda de extinción de dominio o sin una sentencia. Entonces eso hace que el Estado se dedique a administrar y administrar bienes que son ajenos”.
Aunque aclaró que lo que se ha encontrado como solución es salir a enajenarlos tempranamente, es decir a venderlos sin una sentencia siempre y cuando se presenten unas causales, lo que ha defendido es que “deberíamos ser un poco más juiciosos al momento de secuestrar todos estos bienes para que esas sentencias de extinción de dominio se den en un tiempo más eficiente. En Colombia tan solo hay 11 jueces de extinción de dominio, tan solo hay 4 magistrados en segunda instancia de extinción de dominio. Deberíamos tener más jueces de extinción. Tenemos un rezago importantísimo en la toma de decisiones que no permite que esto sea contundente y eficiente”.
Asimismo y teniendo como premisa que la plata que produce la SAE, que se le entrega a la Rama Judicial, es para fortalecer a jueces y magistrados, “lo primero que deberíamos discutir con el ministro de Justicia es nombremos a los jueces, nombremos a los magistrados, vamos a fortalecer el proceso de extinción de dominio, identifiquemos dónde están esas demoras dentro del mismo y entremos a impulsarlo para tener un mayor portafolio de bienes, para saber con qué podemos contar en realidad”.
Y dio un ejemplo: el caso de Drogas La Rebaja, que duró 20 años en proceso de extinción de dominio y que hasta hace poco tuvo sentencia. Lo que permite finalmente tomar decisiones definitivas en lo que tiene que ver con la disposición de esta cadena que duró dos décadas en administración del Estado. Este caso fue uno de éxito en la administración: pasó de 400 establecimientos de comercio a inaugurar este mes el número 1.000.
Casos no exitosos de administración
“Pero así como ese hay otros casos muy delicados en donde no contamos con una correcta administración por algo que es clave, cuando inicia un proceso de extinción de dominio en una empresa, lo primero que sucede es: se van los bancos, se van los clientes, se van los proveedores, porque la organización entra en un proceso de estigma, presuntamente pertenecía a una organización criminal o a un grupo al margen de la ley. Nadie quiere tener relaciones con esa empresa y al irse los bancos se va la posibilidad de invertir, de generar créditos, de seguir creciendo. Incluso se pierde buen capital humano. Entonces esa empresa, desde el día 1, empieza a perder valor”.
A lo que se suma la presencia, en algunos municipios y ciudades, de bandas criminales y de narcotráfico que amenazan a los arrendatarios, no dejan que nadie trabaje en estos predios y los ocupan irregularmente. Y así llegamos a otra de las grandes problemáticas de la SAE: ”de las 400.000 hectáreas que tiene la Sociedad, 50.000 están extintas y 350.000 están en proceso, pero de ese total hay 200.000 hectáreas que están ocupadas irregularmente, entonces parte del proceso está en tratar de recuperarlas para hacerlas productivas”.
Las joyas de la corona
En este momento el portafolio del Frisco supera los $8,5 billones en valores catastrales y patrimoniales de sociedades, lo que quiere decir que cuando se terminen los ejercicios de valoración, esta cifra se puede alterar, duplicar incluso, sobre todo en el ámbito rural, según lo explicó el presidente saliente de la SAE.
En sociedades y establecimientos de comercio, la gran mayoría de los activos aún se encuentran en proceso. Teniendo en cuenta eso, en esta categoría están: Blu Fashion SAS en liquidación, que tiene un valor patrimonial de más de $240.700 millones y que tiene activos como el centro comercial Gran Estación 2 y lotes muy importantes en Bogotá y Funza; y C.I Calizas y Minerales S.A, dueña de una zona franca y de predios en Maceo (Antioquia), con un valor patrimonial de más de $197.800 millones.
Y en bienes extintos, la más importante es Drogas La Rebaja, en donde se tiene que entrar a valorar para determinar cuánto cuesta; también hay inmobiliarias y constructoras que eran instrumentos para el lavado de activos en algunas regiones del país y que pudieron tener sentencias de extinción que le pasaron su propiedad al Estado: Inversiones y Construcciones Támesis S.A en liquidación, cuyo patrimonio suma $60.373 millones; Cosur Ltda en liquidación, con un patrimonio de más de $57.809 millones; y la Inmobiliaria JD Limitada (con un valor patrimonial superior a $42.972 millones).
