Bloomberg — El Gobierno argentino confirmó el esquema de subsidios en los servicios de luz, gas y agua, con el objetivo de cumplir con el acuerdo por US$44 mil millones con el FMI, pese al costo político que puede generar.
Funcionarios del área energética anunciaron este martes en conferencia de prensa los detalles de la reducción de subsidios que podría generar un ahorro del gasto fiscal cercano al 0,5% del PBI en 2023, según precisó Raúl Rigo, secreterio del Tesoro. Rigo estimó que durante lo que resta de este año los ahorros serán aproximadamente “un tercio” respecto a los del año próximo.
El programa del Gobierno busca que los aumentos más pronunciados recaigan en los usuarios con mayores ingresos y de esta forma proteger a aquellos de bajos ingresos, tanto en las facturas de gas, electricidad y agua. Además, se pide a los ciudadanos que racionen el uso de energía en sus residencias.
“La segmentación ha sido pensada con un criterio de una distribución basada en la justicia social y la equidad”, dijo en la conferencia de prensa la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien inició la semana pasada.
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El ministro de Economía de Argentina, Sergio Masa, prometió cumplir con el objetivo de déficit fiscal primario de 2,5% este año en el programa del FMI. Alcanzar el objetivo requerirá dolorosos recortes de gastos que, si bien los inversionistas los consideran necesarios para estabilizar la economía en el mediano plazo, probablemente enfrentarán el rechazo de los ciudadanos que ya soportan una inflación del 70% este año.
Recortar los subsidios a la energía es una medida profundamente impopular en Argentina, donde el Gobierno gastó casi US$11.000 millones el año pasado para mantener las facturas sin cambios a pesar de la alta inflación. A excepción de Venezuela, Argentina gasta más que cualquier otro país de América Latina en subsidios de servicios públicos, mientras que las facturas de la vivienda se encuentran entre las más bajas de la región, de acuerdo a la revisión más reciente del acuerdo por parte del FMI.
El ritmo de los recortes de subsidios fue uno de los últimos retrasos en la negociación de dos años del Gobierno con el personal del FMI. El exministro de Economía Martín Guzmán, quien negoció el trato, renunció abruptamente en julio citando la falta de apoyo para implementar tales medidas. Una larga historia de aumentos en los precios de los servicios públicos que alimentan una alta inflación hace que el tema sea políticamente costoso en Argentina. El Gobierno anterior del presidente Mauricio Macri perdió las elecciones de 2019 en parte debido a los fuertes incrementos de precios que implementó en las facturas de gas, electricidad y agua para cumplir con su acuerdo con el FMI en ese momento.
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