Guatemala — Entre pancartas, silbatos y megáfonos que se mezclaban con la agitación de banderas de Guatemala, se llevaron a cabo este 11 de agosto varias manifestaciones que convergieron en la puerta del Congreso de la República, Torre de Tribunales del Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad y finalmente en la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina.
Miles de personas que integran colectivos, organizaciones civiles y estudiantes dejaron en claro su postura en varios temas que en los últimos días han agitado el ánimo de la población.
Por ejemplo, entre las inconformidades que expusieron en la protesta se encuentran las siguientes:
- El alto costo de la vida, aceleración de la inflación presionada por alimentos y bebidas.
- Casos de corrupción y cooptación del Estado.
- Imposición del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única casa de estudios pública y que ha estado cerrada desde hace varios meses por esa razón.
- Atentados contra la libre expresión, que encontró su punto más álgido con la detención del reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, quien fue ligado a proceso penal y permanece en prisión preventiva.
- Además, por la reciente aprobación de una ley que fortalece a las fuerzas de seguridad y el Ejército. Frente al Congreso la organización de Los 48 Cantones Indígenas del departamento de Totonicapán (oeste) exhibió su malestar por mencionada ley que busca permitir que las fuerzas de seguridad puedan repeler con violencia manifestaciones.
Piden renuncia de funcionarios
Entre las peticiones de los manifestantes son la renuncia del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y también de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir” la Justicia en Guatemala.
Así lo dejaron claro la Asamblea Social y Popular, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, Acción Ciudadana y Justicia Ya, quienes emitieron un comunicado donde demandan la renuncia de funcionarios y el cese de la criminalización de fiscales, jueces probos, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Las organizaciones consignaron que el país se está hundiendo en la corrupción e impunidad, ya que el Pacto de Corruptos, como le denominan, ha logrado consolidar la captura del Estado al punto de violar los derechos de los ciudadanos que se opongan a sus acciones.
El documento refiere que las acciones que ha tomado el gobierno de turno no han sido en beneficio para la población, ya que aseguran que con el alza del precio de los servicios y la canasta básica 12.5 millones de guatemaltecos tienen problemas de acceso a alimentos.
Por esas razones las organizaciones exigen acciones económicas serias y objetivas para reducir el costo de la canasta básica, precios tope a los productos, garantizando la calidad de los alimentos y productos de consumo popular, así como subsidios para las familias campesinas, con el fin de garantizar e incrementar la producción y productividad alimentaria nacional.
Además, pidieron el respeto a la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento, así como el cese de la criminalización de fiscales, jueces probos, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Moody´s alertó sobre malestar social regional
Las protestas que se han esparcido por Panamá, Perú y Ecuador, con manifestaciones en las que se les ha exigido a los distintos gobiernos una disminución en los precios desde los combustibles hasta los alimentos, se podrían intensificar en el resto de América Latina, según consignó un análisis de Moody’s Investor y que publicó Bloomberg Línea el 19 de julio pasado.
En esta línea, la calificadora alertó que el alto costo de vida continuará presionando el bolsillo de los consumidores al menos hasta el próximo año.
El informe aseguró que la inflación no solo permanecerá lejos de los objetivos de los bancos centrales en las cinco mayores economías de América Latina, sino que también podría convertirse en una de las razones para que el crecimiento se ralentice en lo queda del año.
Para Moody’s, las tasas de inflación en toda la región comenzarán a disminuir solo en 2023, por lo que este año continuarán estando bajo presión por la subida en los alimentos y la energía.
Lucas Viegas, vicepresidente de Moody’s y autor del informe, aseguró que mientras sigan las presiones externas será “dudoso que las subidas agresivas de los tipos de interés por sí solas reduzcan significativamente la inflación a los rangos objetivo” de los bancos centrales.
Aunque Viegas destacó que el incremento en las tasas de referencia ayudará a reducir el exceso de oferta monetaria que se dio para contrarrestar la crisis de liquidez durante el Covid-19, insistió en que no será suficiente para reducir la inflación.
El malestar social ya se ha manifestado a lo largo de la región. Los casos más visibles de los últimos meses. A principios de abril Perú tuvo una ola de protestas que, incluso, llevaron al presidente Pedro Castillo a decretar el estado de emergencia y la inmovilización social en Lima y Callao para tratar de aplacar los reclamos a raíz del incremento de los precios de combustibles, alimentos, fertilizantes, entre otros insumos.
Lo mismo sucedió en Ecuador, donde las manifestaciones se extendieron durante más de dos semanas luego de que el movimiento indígena promoviera bloqueos para que se rebajara el precio de la gasolina. El mismo panorama vivió Panamá, en donde se establecieron mesas de diálogo después de la decisión del presidente Laurentino Cortizo de reducir el costo de los combustibles tras días de protestas.
