Ciudad de Panamá — Ante los precios muchas veces prohibitivos, los panameños cada vez más viajan hacia la vecina Colombia a buscar medicinas baratas, como respuesta a las quejas el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen aplicará por los próximos seis meses un descuento de 30% a 170 medicamentos.
La medida, que empezará a regir a partir del 15 de agosto, tendrá una vigencia de seis meses y contempla medicamentos para atender enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes y obesidad, “que está acabando con la vida de los panameños”, según Enrique Lao Cortés, director general de la Caja de Seguro Social.
Explicó que para esta rebaja el gobierno logró pactar con la industria farmacéutica, que en esta oportunidad asumirá los costos que les causen la iniciativa, explicó el funcionario.
La industria farmacéutica local ha venido solicitando una economía de libre mercado que garantice una libre competencia, agentes económicos responsables y conscientes, además de reglas claras.
En febrero, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) dijo que regular el mercado de los medicamentos mediante un control o regulación de precios podría “desincentivar” la inversión y “perjudicar” a los consumidores y a los empleos.
En el caso de los medicamentos, al estudiar los países donde han aplicado estos controles, sufre el paciente al limitar las opciones en sus tratamientos, manifestó en su oportunidad el expresidente de dicho gremio, José Ramón Icaza.
“De allí que favorezcamos acciones que estimulen aumentar la oferta de todo tipo de medicamentos que cuenten con las aprobaciones correspondientes, en especial de las agencias regulatorias de países de alto estándar sanitario y promoviendo la inversión de la industria farmacéutica para fomentar la fabricación de medicamentos en Panamá, sumado a acciones que estimulen la atracción de inversión en la cadena de abastecimiento local, entre esas farmacias cuyo modelo de negocio permitan mejores precios al público”, sostuvo el gremio empresarial.
La actual presidente de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo, señaló que “se quiere hacer ver” que los distribuidores de medicamentos son parte del problema, cuando este se debe enfocar en el abastecimiento de la Caja de Seguro Social, a donde miles de panameños acuden diariamente a buscar medicinas.
“Las personas que pagan su cuota deberían poder tener acceso a los medicamentos sin sacar dinero extra… El mercado privado está abierto a que haya todo tipo de competencia, todo tipo de medicamentos y genéricos, y la libre competencia es lo que hace que tengamos ese mayor acceso a los medicamentos”, dijo a los medios de comunicación.
Hay una serie de circunstancias que no se han evaluado en su justa medida, dijo por su parte Rubén Castillo Gil, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), como por ejemplo saber quién establece los precios originales si las farmacéuticas o distribuidoras, el porcentaje de penetración de las instituciones públicas en el manejo de los medicamentos y revisar las enfermedades crónicas del país.
En Panamá hay unas 850 farmacias y la mitad de estas son pequeñas y medianas y van a cerrar sus puertas, advirtió Orlando Pérez representante de la Unión de Propietarios de Pequeñas Farmacias un sector que genera más de 4 mil 500 empleos de forma directa.
La medida no fue consultada, aseguró Pérez, el gobierno llamó a la mesa al sector un día antes de la promulgación del decreto que ampara esta medida para informar de la decisión que implica el 70% del inventario de las farmacias porque, explicó, no son 130 medicamentos de nombres comerciales sino principios activos de 950 productos.
“Si no se modifica el decreto el lunes tenemos que cerrar nuestras farmacias porque vamos a tener que vender la mercancía por un precio inferior a la compra. Nos llamaron[el gobierno] a una mesa para decirnos que estaba listo cuando tenemos la disponibilidad de llegar a un entendimiento que no nos afecte”, señaló Pérez.
A juicio del gremio, el gobierno tiene que negociar con los laboratorios fabricantes ya que aclaró que las farmacias no establecen los precios que se originan en el distribuidor y, a su vez, este es producto del trato con el laboratorio.
“Estamos de acuerdo que los medicamentos en Panamá deben bajar [de precio] pero el decreto no soluciona el problema que es suplir a la Caja de Seguro Social para que los asegurados tengan sus medicamentos gratuitos que ya lo pagaron con cuotas. No utilicen a la empresa privada para esto porque la van a quebrar” acotó.
Otra voz que advierte que la medida es contraproducentes es la del economista y experto en análisis de riesgo, Ernesto Bazán.
“Va a ser los sobre los precios al 30 de junio pero la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) no tiene esos registros de todos los precios por producto y por marca, por fabricante, laboratorio, como no tiene toda esa información y solamente tiene algunos de algunas marcas, entonces se abren las posibilidades para que los precios puedan ser inflados y por lo tanto el 30% de descuento no sea un descuento real”, argumentó.
A juicio de Bazán, lo pertinente era emular el modelo de Costa Rica eliminando los monopolios y oligopolios a través de la compra directa del Estado con los laboratorios, actualmente se compran los medicamentos por licitaciones a los distribuidores mayoristas que en muchas ocasiones son propietarios de distribuidores minoristas.
Además, se requiere adoptar otras medidas de desregulación y liberar el mercado para que no esté reducido a un pequeño grupo de empresarios, permitir la entrada de medicamentos equivalentes que son validados por autoridades de Farmacias y Drogas de otros países y favorecer la importación de medicamentos.
“Una vez más el gobierno nacional se equivoca en tomar decisiones de control de mercado, sin considerar la información técnica de márgenes reales de distribuidores y farmacias, impactando principalmente a las farmacias pequeñas del país”, se pronunció ayer la Cámara de Comercio.
Las protestas, que a finales de julio prácticamente paralizaron el país tenían entre sus demandas la rebaja en el precio de las medicinas, lo que obligó al actual gobierno a establecer una Mesa Técnica de Medicamentos que, a su vez, creó una subcomisión que fue la que determinó los medicamentos que hoy se incluyen en una lista de emergencias.
“Esta mesa no es de un yo, es en una mesa de un nosotros porque en este país estamos acostumbrados a dialogar, a escucharnos; pero al final llegar a resultados que sean beneficiosos para todos los panameños”, afirmó el presidente panameño, Laurentino Cortizo Cohen.
“Todo esto abre la competencia”, indicó por su parte el director general de la Caja de Seguro Social, quien agregó que la medida puede ser prorrogable.
Por el momento, “son paliativos producto de una demanda real”, apuntó el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.