Bloomberg — Los partidos progubernamentales de Chile propusieron un paquete de cambios a la nueva Constitución, en una medida para disipar las críticas sobre la Carta Magna que, según las encuestas, probablemente será rechazada en el plebiscito de septiembre.
Los partidos quieren limitar el alcance de un nuevo sistema de justicia para las comunidades indígenas, evitar que los legisladores patrocinen proyectos de ley que impliquen gasto público y defender el papel de la industria privada en algunos servicios, incluida la salud, según el texto del acuerdo publicado el jueves.
El anuncio tiene como objetivo obtener apoyo antes de la votación del 4 de septiembre al atenuar los componentes más doctrinarios de la propuesta de Constitución y se produce un día después de que el Congreso aprobara un proyecto de ley respaldado por la oposición que facilita la modificación de la Carta Magna actual, allanando el camino para un plan B en caso de que el plebiscito no apruebe el documento propuesto.
La redacción de una nueva Constitución se produjo en respuesta a los peores disturbios civiles en una generación observados a fines de 2019. El presidente Gabriel Boric dijo que respaldaría otra reescritura de la Constitución si la propuesta es rechazada el próximo mes.
La oposición a la nueva Constitución se ha visto potenciada por artículos controvertidos que establecerían un sistema de justicia separado para los pueblos originarios y reemplazarían al Senado por una cámara más débil. Los detractores también dicen que el documento es demasiado largo, y que perjudicaría el crecimiento económico y desalentaría la inversión.
Por otro lado, los defensores dicen que la nueva Carta Magna fortalecería los derechos sociales y la igualdad, reforzaría los servicios públicos como la atención médica y protegería el medio ambiente.
Aproximadamente un 47% de los votantes rechazará la nueva Carta Magna, mientras que un 37% la aprobará y un 16% sigue indeciso, según la encuesta semanal de Cadem publicada el domingo por la noche.
La Constitución actual fue promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que se extendió desde 1973 a 1990. Los partidarios argumentan que sus leyes promercado ayudaron a impulsar años de crecimiento económico, mientras que los detractores dicen que fomenta la desigualdad y otorga al sector privado un papel demasiado dominante en la prestación de servicios básicos.
El texto publicado el jueves fue firmado por los siguientes partidos: Partido Por la Democracia; Partido Liberal; Acción Humanista; Movimiento Unir; Partido Socialista; Partido Radical; Revolución Democrática; Federación Regionalista Verde Social; Partido Comunista; Convergencia Social y Partidos Comunes.