Bogotá — El presidente de Reve Group, el chileno Michel Olmi, fue sancionado con $100 millones (cerca de US$24.000) en Colombia por presuntamente desatender requerimientos de la Superintendencia de Sociedades y ante la ausencia de explicaciones que justifiquen las omisiones en el caso que se siguió por la cadena de descuento duro Justo & Bueno.
“Michel Olmi Bustos no atendió ninguno de los requerimientos efectuados de manera reiterada por la Superintendencia de Sociedades, hecho que constituye un grave obstáculo para el desarrollo de la investigación administrativa, tendiente a determinar la configuración de situaciones de control o de grupo empresarial que vinculan a BBI Colombia S.A.S., BBI Colombia Brands S.A.S., Cafés de Origen Especial S.A.S. y Mercadería S.A.S. en Liquidación Judicial, entre otras”, señaló la entidad.
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Michel Olmi, un empresario chileno que creció en Venezuela, también estuvo detrás del surgimiento de Tiendas D1 en el 2009 en Medellín, así como de las cadenas de restaurantes Deliz y de cafeterías Tostao.
A pesar de los múltiples intentos para salvar a Justo & Bueno, la cadena de descuento duro no obtuvo el respaldo financiero por unos $303.149 millones que requería para salvarse de la liquidación, luego de que las posibles ofertas que se habían contemplado finalmente no se concretaron en la última audiencia.
La Superintendencia de Sociedades comunicó que en reiteradas oportunidades le solicitó a Michel Olmi una certificación de la evolución de la composición del capital de la sociedad extranjera, el nombre de sus controlantes y beneficiarios finales.
Asimismo, se le requirió una certificación de las inversiones que tiene o ha tenido en compañías constituidas en Colombia, directa o indirectamente, y copia del contrato de acuerdo de accionistas o cualquier otra denominación “que contenga directrices sobre la adopción de las decisiones por parte del máximo órgano social de Reve Group, Inc”.
“Contra la mencionada resolución procede el recurso de reposición que deberá imponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la respectiva notificación del acto administrativo”, señaló la Superintendencia de Sociedades colombiana.
En la última audiencia de Justo & Bueno, los acreedores y el promotor manifestaron que la firma tiene obligaciones impagas por $135.000 millones (unos US$32 millones), pero no se ha acreditado una fórmula efectiva para el pago.
